El alcalde socialista de Guardamar cree “un castigo” que la Generalitat paralice un centro de FP ya presupuestado

La consejería de Educación de la Generalitat Valenciana ha solicitado por escrito al Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante, 17.328 habitantes) que suspenda cautelarmente cualquier actuación relativa a la construcción de un centro integrado de Formación Profesional (CIFP) en la que el municipio lleva trabajando “desde 2019″, según manifiesta el alcalde de la localidad, José Luis Sáez (PSOE). En un documento firmado por el director general de Infraestructuras Educativas del gabinete autonómico, Rafael Valcárcel, se señala que “a pesar de que puede ser interesante” una infraestructura educativa de estas características en el sur de la provincia, Guardamar “no es estratégicamente, ni en términos de necesidad económica y en posibilidades de empleabilidad” la “localidad adecuada”. Para Sáez, la paralización de este proyecto, que ya había recibido una consignación de 13,2 millones de la Generalitat en 2023, es un “castigo” al municipio más relevante de la comarca gobernado por los socialistas y un intento de entregar el centro educativo a otra localidad “más afín al PP”.

“Tienen mucho interés en que nos retiremos”, sostiene Sáez, “de un proyecto que consiste en un espacio formativo para 1.000 alumnos, con todo lo que eso conlleva”. Ya el pasado 30 de noviembre, Sáez se reunió con Valcárcel y con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y, según el alcalde guardamarenco, “lo primero que me dijeron es que si iba a renunciar al proyecto”. El documento que suspende cautelarmente cualquier avance en el centro educativo, firmado el pasado lunes, 15 de enero, certifica, a juicio del primer edil, la intención de Educación de apartar a Guardamar como sede de esta oferta de enseñanza. Y lo hace a partir de un informe realizado por la directora general de Formación Profesional de la consejería, Marta Armendia, que concluye que es “interesante” la construcción de un CIPF “en la parte sur de la provincia de Alicante”, pero no en Guardamar. Sáez asegura que otras localidades de la zona, como Almoradí, gobernado por María Gómez, o Torrevieja, con Eduardo Dolón como alcalde, “ambos diputados autonómicos e integrantes del núcleo más cercano” al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, según Sáez, han solicitado albergar este centro educativo.

El CIFP guardamarenco, no obstante, ya recibió del anterior gobierno autonómico una consignación en los presupuestos de 2023, para el total de la obra, cifrada en 13,2 millones de euros, procedentes del plan Edificant, destinado a la construcción de infraestructuras de enseñanza en toda la Comunidad Valenciana. De ellos, la primera anualidad, “de 400.000 euros”, ya fue comprometida para el Ayuntamiento de Guardamar, “para la redacción del proyecto y los servicios asociados de dirección de obra y seguridad y salud”, explica el alcalde. El desarrollo completo debía tener lugar entre 2025 y 2027. El centro iba a contar con 12 especialidades de Formación Profesional, seleccionadas tras un estudio de las necesidades de la comarca de la Vega Baja, entre ellas “acuicultura, nuevas tecnologías, informática o ganadería”, que se impartirían de forma “exclusiva” en este centro. Para la directora general de Formación Profesional, según recoge el escrito remitido al consistorio, tampoco estas “familias”, término con que se conoce en el ámbito educativo a las especialidades, serían las más adecuadas.

El documento oficial señala que McEvoy “solicita” que se traslade al gobierno de Guardamar “la no procedencia de la licitación” de la infraestructura educativa “en cuanto no se proceda a la revisión de las necesidades educativas de la comarca y de la localidad”. También informa que “se va a proceder a revisar el contenido y procedencia de la delegación de competencias aprobada”, por la que el desarrollo del proyecto recaía en manos municipales, y que se debe “suspender cautelarmente cualquier actuación” con el fin de “evitar gastos para la administración que carezcan de la necesaria justificación por motivos de interés público”. El consistorio tiene 15 días “para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes”.

El secretario general del PSPV en la provincia de Alicante, Alejandro Soler, ha señalado en un comunicado que con esta resolución, el PP autonómico “intenta poner freno al centro de FP para Guardamar”, en lo que considera “un atropello” con un componente político “sectario” que, en su opinión, “obedece a otros intereses”.