Deuda autonómica e investidura

El Sistema de Financiación Autonómica (SFA) constituye un pilar central de la organización financiera del Estado. Sin embargo, su configuración actual es notoriamente injusta y disfuncional, lleva una década legalmente caducada y ha dado lugar a una extraordinaria e insostenible deuda autonómica. Los acuerdos de investidura para la presidencia del gobierno pueden ser la ocasión de hacer de la necesidad virtud, también en el ámbito de la financiación autonómica. Lo serán si sirven para forzar una reforma del SFA que lo simplifique, lo haga más equitativo y permita el retorno de las CCAA a los mercados financieros. Para que esto ocurra, es necesario condonar parcialmente la deuda autonómica. Y para que la condonación no resulte arbitraria, debe estar ligada a la infrafinanciación que ha sufrido cada comunidad autónoma.

Esta infrafinanciación tiene dos componentes: una que afecta a todas las CCAA y que está asociada a los recortes que siguieron a la crisis financiera de 2008; y otra relativa, asociada a la menor financiación por habitante ajustado que reciben algunas CCAA. Los acuerdos entre el PSOE y Esquerra Republicana para condonar 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, que solo se ha visto afectada por la primera componente de infrafinanciación, pueden ir en la buena dirección pero solo si se amplían para atender también a la segunda componente.

El caso de la Comunidad Valenciana (CV) –que junto con Murcia es la comunidad peor financiada– ilustra bien la necesidad de condonar deuda. La financiación por habitante ajustado de esta comunidad durante el periodo 2009-2019 (es decir, excluyendo los años de COVID) ha sido un 92% de la financiación media de las CCAA de régimen común. La deuda actual de la CV es de unos 57.000 millones de euros, un 75,5% de la cual se explicaba por la infrafinanciación, de acuerdo con el último informe del Ivie (correspondiendo a la infrafinanciación relativa algo más de la mitad de ese porcentaje y a la infrafinanciación general, el resto). Hasta ahora, el Estado ha absorbido esta deuda y subvencionado el pago de intereses. No obstante, ésta es una situación irregular que comenzó con la crisis de 2008 y la imposibilidad de que las CCAA acudieran a los mercados para financiarse. Existe un amplio consenso en que esta excepcionalidad debe superarse cuanto antes, debiendo las CCAA volver a los mercados para que sean estos los que limiten su endeudamiento en función de sus ingresos y eliminen la potencial arbitrariedad de los criterios políticos.

Sin embargo, es imposible que ni la CV ni algunas otras comunidades vuelvan a los mercados con su deuda actual. Por ejemplo, si la CV tuviera que financiar su deuda al 3,75% que paga actualmente el bono a 10 años del Reino de España, tendría que dedicar al pago de intereses el 15% de su financiación ordinaria, aproximadamente. Si la CV ya es incapaz de financiar los servicios que proporciona con el 92% de la financiación media de las CCAA, es fácil entender que resultaría imposible pagar además los intereses de mercado de su deuda; incluso, aunque una reforma “ideal” del SFA proporcionase a la CV una financiación igual al 100% de la media actual de las CCAA.

Es imprescindible, pues, implementar una quita de deuda autonómica que debe ligarse al total de la infrafinanciación acumulada durante las últimas dos décadas, evitando arbitrariedades. Los 15.000 millones que se han negociado para Cataluña en los acuerdos de investidura deberían ser el primer paso de un acuerdo más amplio que permita el retorno efectivo de las CCAA a la normalidad financiera y que repare los graves desajustes generados por un SFA que caducó hace tiempo.

Francisco Alcalá es profesor investigador del Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Ha sido catedrático de análisis económico de la Universidad de Murcia.