De anzuelos y estocadas en el Gobierno valenciano

A veces resulta complicado discernir el anzuelo de la espada; los une la sangre, el metal, el dolor. Punzan, hieren, desgarran. Sin embargo, hay una diferencia fundamental: uno te arrastra allí donde te despiezarán, y la otra te mata justo donde estás... o a donde te han conseguido empujar.

A la manera de un pescador paciente que disfruta del presagio del botín, al Consell le ha bastado con recauchutar el cebo de siempre —el odio al valenciano y el fantasma del catalanismo— para que (casi) todos nos lancemos a morder las múltiples declaraciones que han hecho en las últimas semanas. Son proclamas insultantes, borbotones de rencor e ignorancia que provocan malestar y vergüenza ajena. Y es justamente por ello que resulta difícil resistirse a contestarlas. Pero, con cada respuesta, nos clavamos un poquito más el arpón en el paladar. Pensamos que, si somos lo suficientemente ingeniosos o nuestra réplica es afilada y certera, nos desharemos del garfio metálico y podremos volver a nadar libres. No es así. Mientras andamos pergeñando estrategias para escapar de la trampa, empiezan las estocadas. Estas sí, diestras.

En los últimos días se ha hablado mucho de presupuestos. De algunas decisiones indignas, como las subvenciones a la Fundación Toro de Lidia, radicada en Madrid. De los salvajes recortes a entidades que trabajan por la cultura y también de la impúdica inyección de dinero a quienes sólo buscan llenar sus bolsillos a base de pseudociencia, mentiras y confrontación. En lo que nos hemos fijado menos, eso sí, es en el recorte del 33,9% en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio.

El departamento que dirige Salomé Pradas es uno de los pilares de las políticas del nuevo Consell. Es una conselleria capaz de redefinir un país y, lo que es más importante aún, de hipotecarlo y lastrarlo durante décadas. Para ello -para lo importante- no hace falta presupuesto. Si el Consell de Mazón ha dado un bocado de tal magnitud al departamento ambiental es porque lo importante no es lo que éste haga: es lo que permita que otros hagan. Las competencias en evaluación ambiental, urbanismo y territorio son la llave que abre la puerta al modelo devorador (en lo territorial, económico y social) que predica, de palabra y obra, el Partido Popular.

Pradas ha expresado ya su voluntad de revisar el PATIVEL, el plan valenciano de protección del litoral avalado por la justicia en 2022 y que paraliza la construcción de miles de viviendas en la costa. Ha anunciado que reabrirá la guerra del agua. Ha defendido la anacrónica ampliación del Puerto de Valencia, apéndice fósil de un modelo caduco. Y, muy particularmente, ha insistido en numerosas ocasiones sobre la “necesidad” de “abrir” los parques naturales al “desarrollo”, calificándolos de “valiosas herramientas para luchar contra la despoblación y crear empleo verde”. Me pregunto qué pensarán de esto -y en particular de la cuestión demográfica y laboral- los habitantes de Calp, ciudad turística y turistificada, cuya renta por hogar es de las más bajas de toda España para municipios de más de 20.000 habitantes, y cuyo parque natural, el Penyal d’Ifac es el más visitado del País Valenciano, con más de cien mil visitas al año. O el millón de vecinos de las urbes cuyos términos municipales conforman l’Albufera de València, espacio natural de importancia internacional disfrazado de parque temático; también de postal amarillenta tapizada de campos de cultivo, en la que se escuchan cada año miles de disparos entre restaurantes, carreteras y discotecas.

El anzuelo del Consell de Mazón no nos ha trasladado a unas nuevas coordenadas espaciales, sino temporales. Volvemos a 1995. Ellos saben perfectamente dónde están, pero ¿lo sabe la sociedad valenciana?