Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, y el ‘yonki del dinero’, absueltos de un supuesto amaño

La Audiencia de Valencia ha absuelto al expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus y a Marcos Benavent, el llamado yonki del dinero, en el caso de la adjudicación presuntamente irregular de un centro de atención telefónica (call center) en 2013. Además de Rus y Benavent, el tribunal ha absuelto a los otros cinco acusados de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación formaba parte del macrocaso surgido de la Operación Taula ante la sospecha de una red creada para la adjudicación de contratos a cambio de comisiones ilegales.

La sentencia desmonta cada una de las acusaciones de la Fiscalía. Sostiene que “no está probado que los miembros de la mesa de contratación hubieran sido obligados a decidir sobre la adjudicataria ni que hubieran recibido algún tipo de presión en ese sentido de ninguna otra persona”. De igual forma, afirma que “no está probado que en la fase de licitación del contrato, y posterior adjudicación, el acusado Alfonso Rus tuviera participación alguna, habiendo quedado probado que la iniciativa de la encomienda de gestión fue decidida en un Pleno de la Diputación de Valencia”. En cuanto a la malversación de caudales públicos, señala: “Difícilmente se puede considerar desvío de fondos públicos la cantidad que indica el Ministerio Fiscal porque su acusación parte de una convicción que ya hemos declarado no probada, la del contrato amañado”.

Sobre la teoría de que el suegro de Benavent, el empresario Mariano López, hubiera recibido una ‘mordida’ por lograr que se favoreciera a la compañía elegida, la resolución dicta que “no está probado” que este empresario conociera, con anterioridad a la licitación del contrato, a quien resultó adjudicatario. Además no considera que las cantidades que percibió “carecieran de justificación”. De hecho, tal como subraya el fallo, el empresario mantuvo reuniones con el personal de la plantilla del adjudicatario en las que recabó información para luego realizar informes.

La sentencia responde también a la solicitud de anulación tanto las grabaciones como la documentación incautada en el registro del despacho del primer abogado del Yonqui del dinero que, además de figurar en la instrucción de este caso, provocaron la detención e imputación del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. El tribunal avala el registro en el despacho del letrado y considera que la medida fue “proporcionada, necesaria, e idónea, porque difícilmente esa documentación podía extraerse u obtenerse de otro modo o lugar”.