El ‘yonqui del dinero’, condenado a ocho años de prisión por la primera sentencia del ‘caso Imelsa’

La primera pieza del caso Imelsa, que investiga comportamientos vinculados a esta empresa pública y otros relacionados con varias administraciones del PP, ya tiene sentencia. La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a siete años y diez a meses de prisión a Marcos Benavent, el ex alto cargo del PP valenciano que grabó en secreto durante años sus presuntas corruptelas y las de sus compañeros del PP para después entregarlas a la justicia. Benavent, que se autodefinió como un yonqui del dinero, ha sido condenado por prevaricación, malversación y falsedad. El tribunal ha avalado las conversaciones que sirven de base para investigaciones posteriores, pero también ha absuelto al PP, ya que no se ha considerado acreditado que la Diputación de Valencia pagara con facturas hinchadas gastos electorales de los populares entre 2007 y 2008.

A su salida de otro juicio del caso Imelsa, Benavent ha mostrado su decepción por el fallo. “No era lo que esperaba, son casi ocho años y no ha habido ninguna consideración cuando en este juicio no tenía ni escrito de defensa”, ha apuntado Benavent, que cambió de abogado y de estrategia justo antes de la vista, dejando de colaborar con la Fiscalía y desacreditando los audios que han dado pie a este y otros procesos.

“Vamos a recurrir porque hay muchas cosas que no están nada claras. De los audios pueden avalar lo que quieran, nosotros lo tenemos claro: hay manipulación y no hay cadena de custodia”, ha señalado Benavent, que, según ha confesado, no esperaba ingresar en prisión: “Hemos destrozado a mucha gente y vuelvo a pedir perdón. La idea era intencionadamente salpicar a mucha gente”, ha apuntado.

Su abogado, Juan Carlos Navarro, ha asegurado que la sentencia no entra en el modo en el que se obtuvieron esos audios, volvió a cuestionar que salieran del ordenador del exsuegro de Benavent, como él mismo defendió en su día y como sigue haciéndolo el padre de su exmujer. “Vamos a fundamentar el recurso en la ilegalidad de obtención de la prueba usada”, ha afirmado.

Las grabaciones validadas por la resolución de la Audiencia de Valencia han servido de base para casi todas las piezas que, como esta, cuelgan del caso Taula. Benavent, que fue gerente de la empresa pública Imelsa de la Diputación de Valencia y personal de confianza de su presidente, Alfonso Rus, renegó de aquellas conversaciones tras cambiar de abogado y justo antes del juicio. El hoy condenado aseguró que él mismo las había manipulado. Su abogado y otras defensas pusieron en cuestión la cadena de custodia e incluso su volcado en los juzgados. El fallo, en cambio, las avala, lo que marcará el resto de causas.

La sala subraya que las grabaciones fueron efectuadas por el propio Benavent con una grabadora y dos teléfonos móviles, y que se realizarona lo largo de los años 2004 a 2007, sin que este comunicara ninguna manipulación ni “ante los agentes de la UCO, una vez que se practicó su audiciónen su presencia, y que fue ratificada en el Juzgado de Instrucción”,señala el tribunal, que añade que, por el contrario, “reconoció y admitió tanto la autoría como el contenido los audios”.

La sentencia absuelve tanto al exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina, como a su partido, el PP, que estaba acusado como responsable civil subsidiario. No se considera probado que Imelsa se hiciera cargo, mediante sobrecostes, de facturas de la empresa Thematica Events, controlada por Benavent y su socio Rafael García Barat, de gastos electorales de las elecciones locales de 2007 en Moncada y Villamarchante y las generales de 2008.

Benavent, cazado

La sentencia apunta a que desde que Benavent fue nombrado por Rus gerente de Imelsa, junto con su socio Rafael García Barat, también condenado a nueve años de prisión, “se concertaron y, siguiendo un plan preconcebido, comenzaron a utilizarla para sus fines personales, amañando adjudicaciones de contratos de forma fraudulenta, para aprovecharse económicamente de los contratos en su propio y particular beneficio, lo que ha supuesto el desvío de fondos públicos y perjuicio patrimonial a la Administración pública”.

La condena a García Barat incluye también haber amañado a favor de Thematica Events y otra empresa suya la adjudicación de varias ediciones del servicio de biblioteca estival para las playas denominado Bibliobus, junto con Francisca Tamarit Vallés, jefa de servicio de Acción Cultural de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia. “La actuación de la acusada Tamarit Vallés estaba presidida por la voluntad de favorecer el enriquecimiento del acusado Rafael García Barat por la adjudicación fraudulenta de las contrataciones”, explica.