Procesado un abogado ruso por blanquear dinero del crimen organizado y captar favores como lobista del PP de Altea

El abogado ruso y militante del PP de Altea (Alicante, 23.010 habitantes) Alexey Shirokov facilitó la creación de una red criminal de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado exsoviético que recibía fondos de procedencia injustificada para invertir, principalmente, en negocios inmobiliarios o del sector del ocio en la provincia de Alicante y en las Islas Baleares. Shirokov, además, se erigió en “lobista del PP de Altea” para obtener favores para sus clientes por parte de “miembros de la vida política y de los cuerpos y fuerzas de seguridad” a cambio de contraprestaciones económicas o regalos. El juzgado de Instrucción 1 de Benidorm ha procesado a Shirokov y a cuatro empresarios más, Maxim Khamikov, Nikolay Mityurev, Denys Katana y Mikhail Zhizhin, por los supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho, según un auto de incoación de procedimiento abreviado firmado el pasado 2 de octubre.

La jueza firmante del auto indica que el golpe a la mafia rusa en la provincia de Alicante tuvo su origen en la investigación del Grupo de Blanqueo de Capitales de la brigada provincial de la Policía Nacional. Y como engranaje de todo el entramado sitúa a Shirokov, quien “ha realizado operaciones para blanquear capitales propios y de sus clientes”. Instalado en una asesoría jurídica de su propiedad, Shirokov instruyó sobre “la realización de operaciones bancarias con propósito de dificultar el control del dinero y su procedencia, cómo realizar operaciones de compraventa sin que apareciera el nombre del cliente” o “cómo justificar ingresos de origen criminal procedentes de Rusia mediante la realización de operaciones de compraventa a cambio de una comisión”. “Para asegurar la consecución de sus objetivos”, prosigue la magistrada, creó “una red de contactos con cargos públicos” y “con miembros de las fuerzas y cuerpos de de seguridad”, entre ellos, personal de la Guardia Civil y de la Policía Local de Altea.

“Lobista del PP de Altea”

El auto detalla que Shirokov, a quien define como “lobista del PP de Altea”, “consiguió que la policía acelerase los trámites para la renovación de DNI de Jesús Ballester, candidato del PP a la alcaldía del municipio alicantino, uno de los principales y más lujosos centros turísticos de la Costa Blanca. También medió en la retirada de multas a cambio de regalos, en “la compulsa de documentos para facilitar permisos de residencia, y la entrega de regalos a funcionarios para obtener la cédula de habitabilidad de la vivienda” de Mityurev, uno de sus socios. Consiguió ayuda de un agente de la Guardia Civil para que la mujer de otro cliente conservara su coche, al que constaba un señalamiento por sustracción en Italia, y logró del jefe de la policía local alteana, Herminio Navarro, la “instalación de badenes en la urbanización de uno de sus clientes”. Finalmente, los contactos políticos de Shirokov sirvieron para “acelerar los trámites para obtener la residencia de clientes rusos, entregando a Antonio Romero Cayetano, inspector de policía, sobres con documentación y dinero a cambio de acelerar y conceder la residencia en España” a varios de sus conocidos, “obviando los trámites legales y saltándose las colas de personas en la oficina de extranjería sita en calle Campo de Mirra de Alicante”.

Todo el negocio de la trama estaba enfocado hacia el blanqueo de dinero “procedente del crimen organizado exsoviético”, manifiesta la jueza. Con el apoyo de Shirokov, otro de los procesados, Khamikov, realizaba “labores de ingeniería financiera recibiendo y transfiriendo fondos de sus clientes rusos en España”, que captaba en su país de origen el también procesado Mityurev. La trama se servía de “operaciones de compraventa de inmuebles, terrenos, locales para construir, restaurantes o entregas de dinero en efectivo, transferencias o movimientos de dinero entre empresas administradas por los investigados o por testaferros controlados por ellos”. Asimismo empleaban “operaciones de hawala”, un sistema de transferencia informal de fondos, “y otras de ocultación de dinero”. Por último, se involucraron en “compraventa de criptomonedas”. De esta forma, según el auto judicial, se ha podido acreditar la inversión en varias viviendas en Altea y La Nucía (Alicante, 18.624 habitantes), e incluso en un complejo de 11 viviendas de lujo en Altea para el que transfirieron 10 millones de euros.

También participó la red criminal en Ibiza, con la compra de un restaurante, de una nave industrial y con la inversión de 70 millones de euros en la adquisición del 50% de las acciones de la firma Ushuaia Entertainment SL por 70 millones de euros, según la magistrada. En Formentera, destinaron 725.000 euros a la compra de dos parcelas rústicas. Y en el ámbito de las criptomonedas, terreno fértil para el blanqueo ante la “falta de control de los estados”, dice la jueza, la trama contactó con Katana, experto informático y programador quien “disponía de un monedero de 5.000 bitcoins, equivalente a 55.000.000 euros”.

Para la magistrada, “los hechos resultantes de la investigación pueden ser constitutivos de un supuesto delito de organización criminal y blanqueo de capitales de los que aparecen como penalmente responsables” los cinco procesados, y de uno de cohecho, en el que no está incluido Katana.