Una familia, ante el desahucio por un fondo buitre: “Con tres hijos pequeños, no me voy a ir debajo de un puente”

Falta media hora para las 10 de la mañana de este viernes y en el barrio de Torrefiel de Valencia hay apostadas a la puerta de un bloque de viviendas sociales de la calle Anna activistas del Sindicato de la Vivienda, miembros de la Iglesia Evangélica, de la asociación Orriols Convive y familiares de Yolanda B. y José Miguel M., una pareja a la que los juzgados quiere desahuciar de un piso, propiedad de un fondo buitre, en el que viven con sus tres hijos de 10, 4 y 3 años. Los activistas han acudido para echar una mano y evitar que los echen a la calle. “Con tres hijos pequeños, no me voy a ir debajo de un puente”, apunta la mujer.

Yolanda, nerviosa ante la llegada de la comisión judicial que le comunicará la orden de desahucio, muestra los papeles que acreditan la situación de vulnerabilidad de su familia, con menores a su cargo, y posible porque el propietario del piso pertenece a la categoría de grandes tenedores de viviendas, en concreto a un fondo buitre. El escudo social desplegado por el Gobierno les ampara hasta el 31 de diciembre. El agente judicial llega en punto y parlamenta unos minutos con ellos. Le enseñan los papeles recién renovados y explican que hay tres niños menores en la casa. El agente toma sus notas y después de otra breve conversación les anuncia que volverán en un mes con otra orden de desahucio y que todos los papeles que tengan los env. Pero la pareja respira —les habían aconsejado que tuvieran sus pertenencias recogidas— y las personas del barrio que han acudido para apoyarles aplauden.

Su piso está en la planta baja de un bloque de edificios propiedad de un fondo buitre. Según Arturo Peiró, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del Sindicato de Vivienda de Valencia —se creó a principios de año con movimientos de Orriols, Cabanyal, Malilla, Monteolivete y Burjassot— ese mismo fondo buitre es el dueño de muchos pisos sociales en estos barrios. Son viviendas que se financiaron con créditos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y que después de ir de aquí para allá han acabado en manos de un fondo.

La joven, de 33 años, explica que su marido trabaja pero cobra 1.000 euros escasos y no pueden pagar un alquiler. Ocupó este piso en este barrio humilde porque un conocido, a sabiendas de que vivía en la casa de su suegra, se iba y le dijo de entrar, así que se fueron para allá. La pareja lleva unos cuatro años viviendo en este piso de pequeñas dimensiones. Una vez, sin avisar, se presentó personal del juzgado en la vivienda para que la abandonara. Ya ni recuerda cuando fue pero sí que han vuelto varias veces más. “Me decían que tenía que salirme y siempre me he negado. No tengo un sitio donde ir y tengo tres hijos”, añade. “Me dieron un mes, volvieron al siguiente y así hasta ahora”. Hasta cinco o seis veces si no recuerda mal.

“Estoy en trámites de un alquiler social hace años para que me lo den pero aún estoy esperando”, asegura. Sus padres solo tienen dos habitaciones y allí viven sus dos hermanos mayores. “Mi padre se dedica a la chatarra; es imposible que puedan ayudarnos”, agrega. Yolanda vive con miedo cada vez que tocan a la puerta.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado las “enormes dificultades” que tienen los residentes en Valencia para alquilar una vivienda “con motivo de las constantes subidas de precios” y pide medidas “urgentes”. Según datos de precios de oferta del portalIdealista, el incremento del precio de alquiler en la capital valenciana en los últimos 12 meses ha sido del 22%, frente al 9,5% de la media nacional. “Lamentablemente, no es algo puntual: la subida en los últimos cinco años fue del 52%, frente al 20% de la media nacional”, han apuntado desde la OCU en un comunicado.