El Gobierno valenciano compra por 18 millones la torre con 115 familias al borde del desalojo: “Estamos muy contentos”, dice una vecina

Ha sido una de las últimas acciones de la Generalitat, gobernada por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem. El Ejecutivo del Botànic se había comprometido a ello, pero los vecinos estaban muy nerviosos porque no se acababa de producir la anunciada compra del edificio en el que viven 115 familias, todas amenazadas de desalojo. Finalmente, el vicepresidente y consejero de Vivienda en funciones, Héctor Illueca, de Unides Podem, firmó este martes a última hora la compra del edificio, de 128 viviendas, del Grupo Ática, que forma parte de un proyecto icónico de nuevo barrio llamado Sociópolis en la pedanía de La Torre, en Valencia. La compra ha sido por 18,4 millones de euros (IVA incluido) y se ha cerrado a solo a unos días de que PP y Vox tomen las riendas del Gobierno valenciano.

Raquel Gallego, vecina del inmueble y en ocasiones portavoz de los afectados, explicaba este miércoles su satisfacción: “Mi pareja y yo nos hemos empezado a abrazar, llorando, encantados. Estamos muy contentos, claro. Ha costado mucho, nos hemos movilizado, nos han atendido y al final se ha conseguido”. La semana pasada recibieron una carta de Ática advirtiéndoles de que tenían que abandonar sus viviendas el 4 de septiembre porque no se había cerrado el acuerdo con la Generalitat. “Hablé con el alcalde pedáneo y me aseguró que todo lleva sus trámites, pero la operación iba adelante. Y ayer [martes] nos llamaron de la consejería para anunciarnos que ya se había hecho por fin la compra. No se han reunido con nosotros, como otras veces, por la campaña electoral”, apunta aliviada Raquel. Los vecinos pagan entre 400 y 600 euros por unas viviendas con alquileres sociales que se establecieron inicialmente. No obstante, el propietario podía vender el inmueble al cabo de 10 años si ofrecía la opción de compra a los inquilinos, pero ya a precio de mercado. En la práctica, la gran mayoría de los inquilinos no pueden hacer frente a ese pago, que puede superar los 200.000 euros por un piso de protección oficial de menos de 50 metros cuadrados.

La adquisición por parte de la Generalitat se ha demorado por la necesidad de contar con el informe preceptivo de la Intervención de la Generalitat. De hecho, el pasado viernes, la mercantil Grupo Valenciano de Vivienda S.L. sociedad perteneciente al Grupo Atica, presentó una queja al Síndic de Greuges [defensor del pueblo] de la Comunidad Valenciana por lo que considera “una tramitación ineficaz” por parte de la Consejería de Vivienda a la hora de comprar el inmueble.

En su reclamación, afeaba la actuación por parte de la Dirección General de Vivienda de la Generalitat en el procedimiento administrativo para adquirir el inmueble destinado al incremento del parque público de vivienda a fin de paliar una situación de emergencia habitacional, cuyos contratos de arrendamiento finalizan el próximo 4 de septiembre. La empresa denunció en la queja —formulada el pasado 27 de junio— el “incumplimiento de las promesas formuladas ante los inquilinos por el conseller de Vivienda, Héctor Illueca, para adquirir el inmueble y asumir el alquiler de las viviendas”. Desde la consejería respondieron que tan solo se estaba a la espera del informe positivo de Intervención de la Generalitat porque la compra iba adelante.

La intención del Grupo Ática de vender el inmueble, inaugurado en 2013, a un fondo de inversión el pasado año movilizó a los vecinos que, en un principio, debían abandonar sus viviendas el 4 de marzo pasado. La Generalitat anunció que ejercería el derecho de tanteo o compra preferente y abrió la negociación para que el edificio pasara a manos públicas. No en vano, el inmueble se construyó sobre suelo público en la etapa de gobierno del PP en la Generalitat. Presentaron el nuevo barrio de Sociópolis como un proyecto de vivienda protegida y de convivencia. Tan solo se levantaron unos pocos bloques, que se quedaron aislados de la ciudad hasta que el proyecto se retomó hace un par de años tras el fracaso inicial.

“El terreno de la torre fue subastado en 2011 y Ática se quedó con él bajo la condición de desarrollar primero un proyecto constructivo de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler con opción de compra a los 10 años”, explicó en su día a este periódico el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar. Pero entonces se fijo un coeficiente para establecer la cuantía de la venta que incluía la subida del IPC, sin un índice protector máximo a pesar de tratarse de VPO, lo que disparó su precio, añadió Aguilar. La Consejería de Vivienda ha optado finalmente por la compra directa, debido a que la adquisición por el derecho de tanteo no era viable por las diferencias en la tasación.

“En fin, qué puedo decir más que estamos súpercontentos. Era tan injusto que pagando como pagábamos nuestros alquileres nos tiraran”, insiste Raquel.