115 familias viven en vilo por la venta de una torre en Valencia: “Llegó una carta para tirarnos de casa”

“¿Adónde voy a ir con mi hija?”. Se pregunta indignada Sandra, debajo de su casa. Ella es una de las 115 familias amenazadas con ser desalojadas de sus viviendas de protección oficial (VPO) en una torre de 20 alturas y 124 pisos, ubicada en la pedanía de La Torre de Valencia. Ella, como la inmensa mayoría de vecinos, ha recibido una carta, un burofax, un escrito, de la empresa propietaria del edificio que le insta a abandonar su hogar el 4 de marzo, como máximo. El motivo expuesto: se ha cumplido el contrato, no hay renovación y no hay posibilidad de prolongarlo. El no expuesto: la intención del grupo Ática de vender el inmueble a un fondo de inversión.

Una salida posible, reflejada en el contrato inicial, es la opción de compra de la vivienda, pero no es factible, señalan los vecinos, porque los precios son inalcanzables para ellos, más de 200.000 euros por un piso de VPO de menos de 50 metros cuadrados, en un barrio a medio construir, a siete kilómetros del centro de Valencia, que iba a ser paradigma de la vanguardia arquitectónica y la vivienda social. Así se vendió hace 20 años el entonces llamado Sociópolis cuando el proyecto fue presentado por la Generalitat y el Ayuntamiento.

Allí se alzó, como una de sus primeras construcciones, esta torre de viviendas con alquileres sociales, que ahora oscilan entre los 500 y 600 euros. Desde hace unas semanas, algunas pancartas de los vecinos denunciando los que consideran una estafa rompen la uniformidad de la fachada. “Me dijeron de palabra que no habría problema para continuar en las casas, pero claro las palabras se las lleva el viento”, comenta Salvador, que lleva casi 10 años en el edificio. “La carta no deja ninguna opción, a la calle”, apunta Raquel, su mujer. Los precios que piden por la compra son desorbitados, coincidieron el pasado jueves varios vecinos, que se detuvieron en el portal para hablar del problema que los mantiene en vilo desde hace semanas. “No hay derecho, yo no puedo pagar para nada lo que piden. Pensamos en marcharnos, pero ahora estamos con todos los demás, aguantando”, dice Jesús. “Es un drama: yo ni puedo volver a mi país, a la Rusia de Putin, ni se me ocurre”, apunta Elena, “Llegó una carta para tirarnos de casa ¿Cómo se pueden aprovechar de unos pisos de VPO así?”, cuestiona otra vecina, aún con las bolsas de la compra en la mano.

La casuística es variada. Algunos viven en el edificio desde que se inauguró en 2012. Otros llevan apenas tres meses, como Pedro y Alejandra. En algunos contratos más recientes había una cláusula que estipulaba la obligación de dejar la vivienda si el edificio se vendía. Otros no han sido avisados del desalojo, como afirma el polaco Piotr, por ejemplo. Todos los vecinos consultados esperan que las negociaciones entre la propietaria y la Generalitat lleguen a buen puerto. Una portavoz del grupo Ática confirmó el pasado viernes a este periódico las conversaciones, pero declinó pronunciarse y responder a preguntas “mientras el expediente esté en curso”.

El secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, explica que la intención de la Generalitat es ejercer el derecho de tanteo, de compra preferente, si se cumplen todas las condiciones en un momento de emergencia habitacional. La semana que viene se tasarán los pisos y continuará el procedimiento que puede acabar con la compra por 18,8 millones de euros de todo el inmueble, incluidos garajes, trasteros y bajos comerciales, que pasarían al parque público de viviendas con alquileres asequibles. El pasado viernes por la tarde, Aguilar y la concejala de Pueblos, Lucía Beamud, se reunieron con los vecinos para exponerles la intención de la Consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que dirige el vicepresidente segundo Héctor Illueca, de Unides Podem.

Los vecinos se aferran a esta posibilidad que no contempla la compra, solo el alquiler a precios tasados en función de la capacidad socioeconómica de los vecinos. El precio de arrendamiento oscila entre el 25% y 30% de los recursos económicos del arrendado, un porcentaje que se reduce atendiendo a los casos, como la presencia de menores con diversidad funcional y otros condicionantes.

Aguilar se remonta al origen del edificio para explicar la situación actual. “El edificio se construye sobre suelo público. Fue subastado en 2011 y Ática se quedó con él con la condición de desarrollar primero un proyecto constructivo de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler con opción de compra a los 10 años”, señala. Pero entonces se fijo un coeficiente para establecer la cuantía de la venta que incluía la subida del IPC, sin un índice protector máximo a pesar de tratarse de VPO, lo que ha disparado su precio. “Este es un ejemplo de cómo una norma para VPO puede permitir los fines especulativos. Insisto: todo esto deriva de venta suelo público residencial, con un alquiler asequible, que acaba con la pérdida de recursos públicos”, apunta Aguilar, que critica a la administración autonómica, entonces regida por el PP, responsable del proyecto. En este sentido, la propietaria del edificio estaría cumpliendo con la normativa de entonces para sus intereses, sin cometer ninguna presunta ilegalidad. La Generalitat ya adquirió a finales del pasado año al grupo Ática un edificio de 76 viviendas por casi 10 millones de euros, que iban a ser desahuciadas en el Puerto de Sagunto por la venta del inmueble.

Aguilar recuerda también el interés de la Generalitat por ampliar el parque público de viviendas de alquiler social. Desde 2018, ha adquirido 1.262 viviendas con una inversión de 75 millones: 818 viviendas por el decreto de tanteo y retracto con una media de 56.000 euros por vivienda, 342 por compra directa (61.000 euros de media) y 102 por concurso (82.000), según los datos proporcionados por la consejería. Hay, no obstante, una lista de espera de casi 14.000 familias en la Comunidad Valenciana para recibir una vivienda pública.

El Gobierno valenciano, por otra parte, pretende relanzar los proyectos de habita La Torre, en lo que se llamaba con anterioridad Sociópolis, y ha reactivado la obra del que ha sido el paradigma del abandono, una estructura de un edificio vandalizado y paralizado 11 años, que albergará 84 viviendas de alquiler social, el 40% para jóvenes, con un presupuesto total de 23,5 millones de euros, 15,1 millones aportados por la Generalitat y 8,4 por los fondos europeos.