La Generalitat valenciana crea su primer registro de oferta y demanda de vivienda protegida

La Generalitat ha creado por primera vez un registro que unirá la oferta y demanda de vivienda protegida, ya sea de promoción privada o pública, en la Comunidad Valenciana. Según el vicepresidente segundo y consejero de Vivienda, Héctor Illueca, “se hará más ágil y transparente la posibilidad de otorgar y adjudicar vivienda de protección pública a la demanda existente”. El registro se une al decreto autonómico publicado el pasado lunes y que entrará en vigor en 20 días que penaliza (con sanciones de hasta 950.000 euros) a los tenedores de más de 10 inmuebles que estén deshabitados durante más de un año.

La normativa autonómica que pretende dinamizar el mercado de la vivienda para fomentar el alquiler social sigue avanzando. Si el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicaba el pasado lunes el decreto de pisos vacíos o deshabitados, el departamento de Vivienda ha dado a conocer otro decreto por el que se crea un registro público que case la oferta y demanda de inmuebles a precios asequibles, ha anunciado Illueca.

“No teníamos un registro de oferta de vivienda y el que ahora creamos refunde y controla la vivienda de protección pública [ya sea pública o privada], además de vincular oferta y demanda para hacer más ágil el procedimiento para las personas que lo necesiten”, ha agregado la directora de Emergencia Habitacional y Función Social de la Vivienda, Pura Peris. La Generalitat disponía de un censo de viviendas protegidas de promoción pública pero no así los protegidos de promoción privada.

Illueca ha afirmado que la Generalitat considera fundamental “volver a situar la vivienda pública y protegida como una alternativa factible a la vorágine especulativa que, durante décadas, ha devorado nuestro territorio”. El registro será “una nueva herramienta que permitirá a la Generalitat lograr un mayor cumplimiento efectivo de la Ley de la Función Social de Vivienda aprobada en 2017”, ha asegurado.

Los promotores estarán obligados a registrar todas las viviendas de protección oficial independientemente del carácter público o privado de su promoción, lo que permitirá a la consejería asegurar tanto las condiciones de habitabilidad de esta oferta de viviendas de protección oficial como su puesta a disposición de los más vulnerables. También incidirá sobre la demanda de viviendas, modernizando la tarea de atención y seguimiento de las solicitudes de vivienda asequible, lo que permitirá agilizar el ritmo de atención a la ciudadanía.

Según el vicepresidente, es una apuesta por un modelo que permita desarrollar libremente un proyecto de vida estable y digno y que “desmonte, de una vez por todas, la cepa que oprime a nuestra juventud de escoger entre compartir piso, volver a casa de los padres o dejarse medio sueldo en pagar el alquiler”.

La inscripción en el registro se estructura en torno a la unidad de convivencia, formada por una única persona o varias, sin que sea necesario que exista una relación de parentesco. Y una de las principales novedades es la introducción de la declaración responsable en el ejercicio del derecho a ser inscrito y a la correspondiente participación en los procedimientos de adjudicación de las viviendas. La inscripción, el funcionamiento del registro y las relaciones con los demandantes o usuarios de vivienda se realizarán exclusivamente a través de medios electrónicos.

Movilizar los pisos vacíos

El decreto de viviendas vacías regula, por otro lado, la declaración administrativa de lo que es un piso deshabitado y que afecta a los tenedores de más de 10 inmuebles siempre que lleven desocupados más de un año. Estos inmuebles se someterán a un procedimiento administrativo de verificación de que efectivamente están deshabitados y cuando acabe y se declare formalmente pasará a un registro de viviendas vacías. Si en un plazo de seis meses, los tenedores no lo sacan al mercado del alquiler podrán ser sancionados, además de soportar el impuesto autonómico por vivienda deshabitada, además de los recargos locales que se establezcan. La Generalitat pondrá en marcha medidas públicas que fomenten su movilización_ “Lo que nos preocupa es que salgan al mercado”, ha subrayado el vicepresidente valenciano.

Una de las medidas de fomento de la Generalitat es lo que denomina Red Alquílame (Xarxa lloga’m) , a través de la cual ofrecerán al propietario, a través de los agentes inmobiliarios colaboradores de la Generalitat, que aporten esas viviendas vacías a un portal inmobiliario donde los demandantes de vivienda puedan acceder a esos pisos.

“Se trata de compatibilizar el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución y con el del artículo 33 sobre propiedad privada, para atender una demanda creciente de vivienda, en particular el alquiler y donde la Administración tiene la obligación de intervenir”, ha proseguido Illueca. El decreto aporta herramientas normativas y administrativas “para hacer realidad el derecho, sacando por un lado viviendas vacías al mercado del alquiler con medidas favorecedoras [por ejemplo, un seguro a cargo de la Administración que cubra desperfectos y asesoría jurídica] para aumentar la oferta de pisos; y, en caso de ser necesario, multas coercitivas si se declaran vacías”.

El decreto de viviendas vacías no entrará en vigor hasta dentro de unos 20 días e Illueca calcula que se necesitarán otros seis meses para poner en marcha las herramientas de fomento.