Los trabajadores de Terra Mítica claman contra su precariedad laboral con jornadas de 10 horas bajo el sol

Jornadas de trabajo de 10 horas, extras que se pagan como complementarias, empleados que manipulan las atracciones sin la cualificación necesaria para este tipo de trabajo, bajas médicas y despidos constantes, obligación de cumplir con labores no estipuladas por contrato. Las condiciones laborales de la plantilla durante los tres meses que dura la temporada del parque Terra Mítica de Benidorm son “un inferno”, según varios empleados y exempleados que se han puesto en contacto con EL PAÍS, y que en ningún caso quieren dar su nombre por temor a represalias. Un infierno al que esta semana se ha unido la ola de calor, bajo la que han debido cumplir con sus obligaciones a pleno sol y sin protección alguna. El sindicato UGT, alertado por un representante de la plantilla, ha denunciado esta situación ante la Inspección de Trabajo y también lo han puesto en conocimiento de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. “No podemos hacer otra cosa, ya que la empresa despidió a todos los representantes del comité poco después de hacerse cargo del parque”, lamentan desde la sede del sindicato en Benidorm.

Las altas temperaturas registradas esta semana en la capital turística alicantina, superiores a los 30 grados y con una humedad que en ocasiones ha rozado el 90%, han convertido el trabajo en el parque en “una situación dramática”, según un representante de los empleados. “Se les ha hecho trabajar a pleno sol, alguno sobre plataformas metálicas” y sin protección. En jornadas, además, que siempre rebasan los horarios estipulados en el contrato y que a veces se alargan “más de 10 horas”. “Nos tienen todo el día al sol, sin sombrillas”, confirma una integrante de la plantilla, “a veces desde las 11 de la mañana hasta las 21.30, y solo tenemos una hora para comer y 15 minutos de descanso por la tarde”. Un exempleado certifica que el año pasado llegó a “trabajar 48 y 49 horas semanales, con dos días de descanso”.

Las bajas constantes en el departamento de limpieza, además, llevan a la empresa del parque, cuyo propietario es el francés Georges Santa Maria, que también dirige los parques acuáticos de Aqualandia y Mundomar, a obligar a los trabajadores a “limpiar los baños de los clientes”. Esta actividad, al margen del contrato firmado, generó la queja de un trabajador que, según las mismas fuentes, “fue despedido, según los responsables de Recursos Humanos, por no integrarse en los equipos de trabajo”. “Tienen la plantilla justa, el éxodo de gente es incesante”, aseguran.

La plantilla se acercaba a los 140 trabajadores en 2021, según la memoria del parque. Tras el cierre en 2020, a causa de la pandemia de coronavirus, que supuso un trastorno económico, el parque facturó en 2021 un total de 4,3 millones de euros, un volumen de negocio muy superior al del ejercicio 2020 (225.000 euros), pero menos de la mitad del que registraba en 2019, con 11,6 millones de euros. Los gastos de explotación ascendieron a 5,62 millones aquel año, según la memoria.

Terra Mítica nació en el año 2000 en terrenos bajo titularidad de la Generalitat Valenciana que entonces presidía Eduardo Zaplana como uno de los proyectos estrella de su política de grandes eventos. Dos años después, entró en el accionariado Paramount y en 2004 ya se declaró en suspensión de pagos. El parque costó 377 millones de euros, la mayor parte aportados por la Generalitat. Tras sucesivos vaivenes empresariales, el Gobierno valenciano, presidido por Alberto Fabra, vendió en 2012 su parte por 65 millones de euros a la empresa que lo gestiona actualmente, con la que este periódico ha tratado de ponerse en contacto en repetidas ocasiones, sin obtener respuesta. La firma mantiene ahora abierto el parque durante la temporada alta. El único año que no puso en marcha sus atracciones fue en 2020, que cerró a causa de la pandemia.

Terra Mítica también da nombre a un caso judicial de corrupción y estafa que acabó con penas de hasta cinco años de cárcel para dos exdirectivos, entre ellos un excuñado de Zaplana, y la suma de 46 años más de penas a otras 17 personas, la mayoría contratistas o testaferros. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2019.