Un centro de salud blindado por la policía y con control de metales para evitar agresiones

Los pacientes se detienen antes de entrar a la consulta del médico. Un guardia de seguridad les pasa un detector de metales y les franquea el paso al centro de salud. Dentro, hay otro guarda. Fuera, un coche de la policía está aparcado. Los dos agentes se apean, estiran las piernas, entran y salen del ambulatorio de la Generalitat, vuelven al vehículo. Muchos vecinos agradecen la reapertura y también las insólitas medidas de seguridad del ambulatorio de la Consejería de Sanidad del barrio de La Coma, en el municipio Paterna, a 10 kilómetros de Valencia. Otros muestran su incomodidad y enojo.

“A ver si aún está la policía después de las elecciones”, desconfiaba una vecina, tres días antes de los comicios del 28 de mayo, cansada de los conflictos del barrio. El pasado martes, ahí seguían los agentes en el centro que estaba la espera de un arco detector de metales. “Pero cómo no iban a marcharse los médicos si los amenazaban”, comenta otra mujer de “40 años, seis hijos y tres nietos”, a las puertas del amplio centro social de un barrio creado en los años 80 para acoger en viviendas de protección oficial a familias vulnerables y desfavorecidas, algunas expulsadas, por ejemplo, de Barcelona para erradicar el chabolismo en los años previos a los Juegos Olímpicos de 1992. Hoy acoge a unas 5.000 personas en unos 1.200 pisos. “¿Y adónde vas a ir si llevas toda la vida aquí?”, le pregunta su amiga. Ambas declinan dar sus nombres y piden al periodista que esconda el bloc para que nadie sepa que están hablando con la prensa.

Cunde la alarma entre muchos vecinos. Uno protesta por que “la televisión exagera y solo saca lo que quiere” y otro asegura que “solo es un grupo de gente la que mete miedo”. La Coma ha salido en los medios de comunicación en el último mes y los ánimos están alterados. Ha sido noticia por el cierre de su centro de salud el pasado 10 de mayo por las amenazas y un intento de agresión a los sanitarios por parte de unos vecinos. La mayor parte del personal médico y administrativo cogió la baja. 12 días después, el ambulatorio volvió a abrir, sin prestar servicio de pediatría, con las medidas de seguridad implementadas también con el botón del pánico.

El origen de uno de los últimos incidentes en el centro ha sido la actuación integral desde varios ámbitos para retirar a una familia del barrio la custodia de unos menores por presentar graves problemas. Hace dos años, ya se cerró el ambulatorio por amenazas, que incluyeron la exhibición de una bala. Además, últimamente el ambiente se ha caldeado por la reyerta entre dos familias que provocó cuatro heridos por arma blanca. La policía nacional ha realizado dos redadas en mayo que se han saldado con centenares de personas identificadas, decenas de denuncias por posesión de drogas y tenencia de armas blancas, sin ningún detenido.

El ayuntamiento de Paterna destaca los numerosos recursos socioeconómicos que presta al barrio, declarado barrio de acción preferente, con una elevada tasa de paro y separado por varios kilómetros y una madejas de carreteras y autovías del núcleo de la ciudad de 70.000 habitantes. La policía local acompaña a los médicos en las visitas domiciliarias y el Consistorio habilitó una ambulancia adaptada para cubrir los desplazamientos durante el cierre del centro. “Hay oportunidades para formarse, programas con ayudas para inserción laboral para personas vulnerables. Incluso hay gente que nos critica por volcarnos hacia el barrio pagando con sus impuestos”, señala Julio Fernández, teniente alcalde de Protección y Derechos de la Ciudadanía del Ayuntamiento, al frente del cual acaba de renovar por mayoría absoluta el socialista Juan Antonio Sagredo. Fernández lamenta que “paguen justos por pecadores”.

Nuevas familias

Paseando por el barrio, contrasta la basura y los electrodomésticos y somieres despanzurrados de algunas calles con la limpieza de otras. La Entitat Valenciana de l’Habitatge (Evha), propietaria de la mayoría de las viviendas, ha tenido problemas para reparar instalaciones, sobre todo si la contrata de albañilería era externa, o para dar entrada a nuevas familias externas. Los únicos comercios abiertos son una farmacia y un bar. En frente de La Coma, se ubica una urbanización de alto poder adquisitivo de Godella.

Lourdes Mirón conoce muy bien el barrio. Lleva trabajando en él desde 1999. Es la presidente de la ONG Jovesólides que persigue por la inclusión social sobre todo a través de las nuevas tecnologías. Reconoce que se destinan más recursos en los últimos años, si bien puntualiza que importantes servicios, como el centro de salud, el instituto o el tranvía se han conseguido por el movimiento asociativo. El problema es casi estructural. “Esto es un contenedor de pobreza. Al haber mucha vivienda pública, las administraciones trasladan aquí a personas con mucha problemática, muy vulnerables, con lo cual no hay renovación de la población”, sostiene. “Si hay una renovación, pero con gente del mismo perfil”, interviene Boutaina El Hadri, gerente de la entidad. “El barrio tiene muy mala fama y muchas veces cuando se ve que vives en La Coma no te dan empleo”, añade.

Ambas ya trabajaron con el sacerdote Joaquín García Roca en lo que fue el colegio mayor de La Coma, otra iniciativa social dirigida a la integración. Inciden en que hay que ser más ambiciosos para mezclar a la gente y romper con el aislamiento y la estigmatización del barrio y destacar las iniciativas que integran a sus vecinos gitanos, payos y africanos, a las que apenas se les presta atención. “El chabolismo vertical no es ninguna solución”, concluye Mirón.