La Comunidad Valenciana formaliza su recurso al Supremo y pide la suspensión de los caudales ecológicos del Tajo

La Generalitat valenciana ha presentado este miércoles el recurso anunciado ante el Tribunal Supremo contra el real decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 24 de enero, que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura y en el que pide la suspensión cautelar de los caudales ecológicos, tal y como están recogidos en el decreto del Plan Hidrológico del Tajo, al considerar que es “una decisión arbitraria que no se fundamente en criterios técnicos”.

El recurso cuestiona “aquellos aspectos que se consideran lesivos en el decreto del Gobierno que afecta al trasvase Tajo-Segura”, y se dirige contra la nueva disposición adicional novena que afecta al futuro incremento escalonado de las caudales ecológicos que aparecen en el Plan Hidrológico del Tajo. “En concreto, en todos los tramos con escalonamientos de caudales para 2026 y 2027 entre la presa o embalse de Bolarque hasta el embalse de Valdecañas”, recoge el documento.

La Abogacía de la Generalitat solicita la medida cautelar “ante la posibilidad de que no exista pronunciamiento judicial por sentencia en los años sobre el recurso contencioso administrativo planteado contra el real decreto aprobado el pasado enero por el Gobierno de España.

El recurso valenciano alude a la existencia de un primer texto de la disposición adicional novena del real decreto, “que se sometió a debate y votación, el 29 de noviembre del 2022, y del Consejo Nacional del Agua, y un segundo texto que es el que se remite al Consejo de Estado, sin haber sido sometido a los principios de participación y de concertación”.

Del primer texto se deducía, según la Generalitat, que antes de proceder a la aplicación de los caudales ecológicos mínimos fijados en el plan hidrológico del Tajo ern 2026 y 2027 estaba prevista su actualización teniendo en cuenta los resultados de un programa de seguimiento. “De forma que si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales no sería necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026 para los caudales mínimos, manteniendo el caudal inicial”, lo que sería compatible con el trasvase de agua al Segura.

Pero el texto de decreto que llegó al Consejo de Estado fue otro diferente. “Con el texto finalmente aprobado se pone de manifiesto la afección que podría tener la fijación desproporcionada de tales volúmenes en los usuarios del trasvase Tajo-Segura. El incremento de estos caudales supondría menores trasvases al Segura.

“Vamos a defender ahora y siempre los intereses de los regantes de la Comunitat Valenciana”, ha asegurado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha destacado el esfuerzo hecho por la agricultura valenciana en modernización, en reutilización y en el uso responsable del agua.

El presidente de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante, Javier Berenguer, ha destacado la unidad “en la misma causa, seguir trabajando juntos con la Generalitat Valenciana para que no se aumenten los caudales ecológicos”, ha indicado.

La última comunidad en sumarse a los recursos ha sido Madrid. La región se une así a un pulso en el que llevan enzarzados desde hace años las regiones de Castilla-La Mancha (donde se capta el agua), Andalucía, Comunidad Valenciana o Murcia (donde se recibe, y que también han anunciado recursos al Supremo).

En pleno esprint hacia las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, el Gobierno de Díaz Ayuso encuentra otro motivo para confrontar con el de Sánchez, con el que ya ha chocado en materia sanitaria, fiscal, económica o internacional.