La Generalitat ultima la compra directa de la torre en la que viven 115 familias amenazadas de desalojo

El secretario autonómico valenciano de Vivienda, Alejandro Aguilar, se reunió la tarde del miércoles con los vecinos de un edificio con 124 viviendas de protección oficial en Valencia, amenazados de desalojo, y les comunicó que la Generalitat está ultimando la compra de todo el inmueble con la propietaria. No será por el derecho de tanteo y retracto, como era la intención inicial, por las diferencias entre las tasaciones de los técnicos de la administración y el precio marcado por el grupo Ática, que pretendía vender la torre a un grupo de inversión. La propietaria notificó a los inquilinos, que ocupan 115 pisos del edificio, que tenían que abandonar las viviendas antes del 4 de marzo, por la conclusión del contrato de alquiler. “Como no es viable por un problema en la tasación, estamos trabajando la vía de la compra directa del inmueble. La respuesta del propietario ha sido positiva y estamos ahora en el proceso de valorar la oferta y de su formalización”, señaló Aguilar a este periódico.

Cuando salió a la luz la intención de la propietaria de vender la torre, construida sobre suelo público, transcendió la cifra de 18.8 millones de euros, la oferta que debía igualar la Generalitat en aplicación del derecho de tanteo. Ahora el precio será otro, si bien el secretario autonómico ha evitado dar cifras de momento. El edificio está situado en la pedanía de La Torre, dentro del complejo que se llamó Sociópolis cuando se presentó hace 21 años y que se quedó a medio construir. En un plazo de una o dos semanas se puede concretar la operación.

Aguilar asegura que la ley permite la compra directa por parte de la Administración por razones excepcionales. Esto es: por una emergencia habitacional, por la necesidad de residencias múltiples, por falta de parque público y por el incremento del alquiler, entre otras causas.

Raquel, una de las vecinas afectadas que ha asistido a la reunión, manifestó a este periódico que el objetivo principal es mantener sus casas, independientemente de la fórmula que emplee la Generalitat de compra directa o por derecho de tanteo para adquirir el inmueble. En este sentido, muestra su confianza en Vivienda, bajo la competencia del vicepresidente segundo, Héctor Illueca, de Unides Podem, para que finalmente se llegue a un acuerdo. Aguilar tampoco desveló a los vecinos el precio de la compra, si bien sugirió que la oferta de la propietaria era asumible por la administración.

Una parte de los vecinos no tendría que abandonar sus casas el 4 de marzo, según les han explicado desde la oficina municipal del derecho a la vivienda. “Nos dijeron que aquellos inquilinos que firmaron sus contratos después de 2019, cuando entró en vigor el cambio de la ley, tienen derecho a 10 años de alquiler, sin opción a compra”, indica Raquel. Ella es una de las inquilinas que entró al inicio, hace también 10 años, y por tanto, se tendría que marchar porque no ha ejercido el derecho a compra que sí tenía en su contrato por su elevado precio, muy superior al de una vivienda de protección oficial (VPO). La normativa de hace 15 años, con el PP en el gobierno, permitía incrementar los precios de las VPO sin aplicar un índice corrector, lo que estimulaba la especulación con este tipo de vivienda, según Aguilar.

El secretario autonómico incide en que la prioridad es que 115 familias no se queden en la calle. Por ello, han acudido a la compra directa. La Generalitat ya adquirió por derecho de tanteo a finales del pasado al grupo Ática un edificio con 76 viviendas en el Puerto de Sagunto que iba a vender en una caso muy similar al de La Torre. Ahora está negociando con el mismo grupo. Aguilar incide que en la consejería no se han detectado posibles operaciones urdidas entre empresas, entre vendedor y supuesto comprador, encaminadas a buscar la intervención de la Generalitat con el fin de que acabe adquiriendo el inmueble con dinero público.

El responsable político recuerda la acuciante necesidad de vivienda social y de aumentar el parque público en un momento de emergencia habitacional incuestionable, con la subida de precios en el mercado inmobiliario. Para ello, la Generalitat cuenta con una partida presupuestaria para este año de 36 millones de euros. Una vez adquiridos los inmuebles, la administración ofrece alquileres sociales cuyo importe no puede superar el 25% o el 30% de la renta de unidad de convivencia, con posibilidad de bonificaciones. De modo que los alquileres pueden oscilar entre los 50 hasta 400 euros.