El arduo camino para revertir servicios públicos privatizados

En diciembre de 2002, el Gobierno de Eduardo Zaplana abrió la vía para privatizar todo el departamento de salud de La Ribera, es decir, dejar en manos de una empresa la atención primaria y hospitalaria de 230.000 habitantes. Cuatro meses después, el servicio fue adjudicado. En 2017 el Gobierno de Ximo Puig comunicó a la concesionaria la decisión de dar por finalizado el acuerdo, una vez concluido el plazo de concesión, un proceso que se inició al año siguiente y por el que la empresa litigó hasta cuatro años después.

El camino de las privatizaciones de servicios públicos es mucho más sencillo que el de su recuperación, pero el Gobierno del Botànic se propuso, desde que accedió al poder en 2015, “recuperar el sistema sanitario público y auditar las concesiones administrativas sanitarias para estudiar las vías adecuadas que permitan la reversión completa”, tal como señalaba el primer acuerdo. Y sigue en ello. Ha sido un estandarte y seguirá siendo una promesa electoral hasta completarlo.

El PP privatizó cinco departamentos de salud, Alzira, Torrevieja, Dénia, Elche y Manises, con contratos de 15 años, con lo que dejó en manos de empresas al 20% de los valencianos porque se optó por los territorios más poblados para garantizar la rentabilidad de la concesión. El primero, el de Alzira, supuso la implantación de un modelo, del mismo nombre, que la empresa adjudicataria, Ribera Salud, ha mostrado y extendido como ejemplo en otras comunidades. Después de Alzira, fue la adjudicataria de los otros cuatro departamentos. En 2013, la Comisión Nacional de la Competencia analizó los procesos de privatización sanitaria e hizo hincapié en que todas las licitaciones habían sido adjudicadas “a agrupaciones de empresas participadas por la empresa Ribera Salud”. Fueron concesiones en las que apenas hubo competencia y, por ello, según Competencia, “no hubo reducciones significativas de la variable precio”.

Tal como marcaba el acuerdo del Botànic, el gobierno progresista del PSPV, Compromís y Podem ha recuperado ya los de Alzira y Torrevieja. Esta misma semana se ha comunicado la decisión de revertir en el sistema sanitario público el de Dénia, mientras que concesión del de Manises caduca en 2024 y la de Elche en el 25. Además de los departamentos de salud, la administración autonómica ha recuperado el servicio de las resonancias magnéticas, privatizado en 2001 en 14 hospitales públicos. Y recuperó los servicios de farmacia de las residencias públicas y las oficinas InfoDona. Como en el resto de las adjudicaciones, la oposición al PP fue entonces muy crítica al entender que no solo estaban dejando en manos privadas un servicio público sino que este iba a suponer un pelotazo para las empresas que obtuvieran las concesiones.

Los pliegos de adjudicación de los departamentos de salud estipulan que las empresas reciban una cantidad fija por habitante, aunque el transporte sanitario, la farmacia de receta, la ortoprótesis o la oxigenoterapia quedan al margen y corren a cargo de la administración. Además, cobran por pacientes de otras áreas de salud atendidos en esos departamentos y tienen una rebaja si remiten a sus propios pacientes. Así, según fuentes de Sanidad, la Generalitat ha pagado desde el año 2000, solo por el pago de cápita, un total 8.982 millones hasta 2022, cuando una de las áreas se recuperó ya en 2018 y la otra en 2021.

Además, la gestión privada segmentada provoca distorsiones en la dirección sanitaria y mengua la capacidad de coordinar políticas sanitarias.

Pero la recuperación de servicios públicos no se ha parado en el sistema sanitario o de bienestar social. El Gobierno del Botànic está a punto de recuperar la gestión del servicio de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) privatizadas en los a finales de los 90 y mantenidas por los gobierno del PP. De hecho, la adjudicación de parte de estas estaciones llevará al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana a sentarse en el banquillo, acusado de cobrar mordidas. La recuperación de las ITV no está siendo más fácil que la de los departamentos sanitarios. La Generalitat Valenciana es propietaria de las estaciones en las que se realizan las inspecciones cuando en las comunidades en las que el servicio está externalizado han sido las mismas empresas las que han costeado la infraestructura. Las concesionarias ya han empezado a litigar.

En todos los casos, la labor de vuelta a lo público ha sido proceloso. En la Comunidad Valenciana el PP no decidió una fórmula mixta o la privatización solo de hospitales sino que cedió departamentos de salud enteros a la gestión privada. El punto más complejo ha sido siempre el de la subrogación de los trabajadores y la capacidad económica para hacer frente a los gastos que supone la recuperación de los servicios públicos pero la consejera de Sanidad que inició estos procesos, Carmen Montón, fue la mayor impulsora de los mismos, aun haciendo frente a discrepancias en su propio partido, el PSPV.

Desde julio de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a las administraciones a incorporar a los empleados de un servicio privatizado después de su reversión sin que estos hayan de pasar por un proceso selectivo ni una oposición. La fórmula elegida para incorporar esos trabajadores ha sido uno de los puntos de fricción en el seno del Botànic. Mientras los socialistas apostaron por crear una empresa pública en el que acogerlos, Compromís se decantó por asimilarlos directamente dentro de la plantilla de la administración autonómica. Y así se ha hecho hasta ahora que, para la recuperación del servicio público de las ITV se ha optado por hacerlo a través de una empresa pública.

A las reversiones anunciadas y cumplidas se unió otra esta misma semana. La vicepresidenta del Consell y consejera de Políticas Inclusivas, Aitana Mas, anunció la posibilidad de revertir las residencias públicas de gestión privada que actualmente están en manos de empresas. Se trata de 39 centros en los que se tendría que iniciar un proceso, en el que han de participar Función Pública y Presupuestos, para recuperar el servicio público con una hoja de ruta que posibilite la transición.