El tortuoso reparto de la extensa herencia de ‘la tía Pepa’ se cierra 34 años después de su muerte

Josefa Martell, la tía Pepa, murió el 1 de octubre de 1988. Años antes habían muerto sus padres. También fallecieron antes que ella sus cuatro hermanos. Dicen que era una mujer que siempre iba bien peinada, bien vestida, arreglada pero sin ningún tipo de elemento ostentoso. La tía Pepa, la Pulida, como era conocida en el Raval de Castellón, se fue quedando sola. Sus hermanos, según los vecinos del barrio, murieron solteros y Josefa fue acumulando patrimonio, fincas rústicas y urbanas. Entre ellas, cuatro solares en el centro de la capital de La Plana. También compró acciones el Banco de Valencia. Murió poco después de cumplir los 100 años sin testamento ni herederos y sin saber que el reparto de su legado, 4,7 millones de euros en 32 inmuebles, 5 urbanos y 27 rústicos, se demoraría hasta 34 años debido a una procelosa tramitación que ha precisado de la intervención del Tribunal Supremo, en la que ha participado el expresidente de un equipo de fútbol y que, finalmente, ha ido a parar, en su mayor parte, a ONG.

En el barrio sabían que Josefa Martell, que nunca se casó, había atesorado tierras y solares. Nadie sabía cuánto pero sí que durante la vida no había sufrido penurias. Llevaba una vida “normal” y muchos domingos se reunía con sus amigas del barrio e iban a casa de una de ellas “de tertulia”, tal como cuentan los vecinos. Fue consciente, a lo largo de su vida, de la herencia que iba acumulando ya que todo el dinero y patrimonio de sus hermanos (al igual que el de sus padres) fue recayendo en ella porque ninguno de ellos se casó ni dejó herederos más allá que la propia Josefa.

Meses después de su muerte, dos personas, en virtud del artículo 43 de la Ley valenciana de Patrimonio, hicieron saber a la Generalitat que, probablemente, la administración era la heredera del legado de Josefa Martell, entonces, sin cuantificar. “En caso de sucesión intestada, y a falta de personas con derecho a heredar, según la ley, los bienes se integrarán en el patrimonio de la Generalitat cuando el causante ostente la condición jurídica de valenciano”, dice la norma. La “denuncia” no es gratuita, ya que la ley premia, con un 10% del valor de la herencia, a quienes avisen a la administración de las muertes sin herederos. “En la mayoría de los casos, este tipo de expedientes acaban cerrándose porque aparece un familiar”, explica la directora general de Patrimonio de la Generalitat valenciana, Isabel Castelló. Pero eso no ocurrió con Josefa Martell. Nadie apareció y en 1991 la Generalitat Valenciana se declaró heredera única de la Pulida, la mayor de las herencias que hasta la actualidad ha gestionado la administración autonómica. Y empezó el conflicto.

El Ayuntamiento de Castellón presentó un recurso contra el destino de los bienes, ya que consideró que la norma a aplicar para el reparto no era la ley valenciana de Patrimonio sino el Código Civil, que entonces señalaba que “dos terceras partes del valor de ese caudal relicto será destinado a fines de interés social”. Entonces, ni siquiera se sabía a cuánto ascendía el legado y durante muchos años se hicieron varios inventarios que variaban el número de fincas de las que era titular la tía Pepa. El litigio iniciado por el Ayuntamiento de Castellón, en manos del PP, en contra de la administración autonómica, lograda por los socialistas, se demoró hasta 2002, cuando el Tribunal Supremo determinó que la herencia se tenía que repartir. Para entonces, la Generalitat Valenciana funcionaba bajo el mandato del PP, con Eduardo Zaplana primero y Francisco Camps, después, como presidentes de la Generalitat. En la oposición, la entonces diputada socialista (hoy alcaldesa de Castellón), Amparo Marco, en las Cortes y la concejal del PSOE, Josefina Gimeno en el consistorio, comenzaron el intento de fiscalización de ese reparto. “La Generalitat quiso apropiarse de la herencia y nosotros peleamos para que la herencia volviera a la ciudad en la que había vivido Josefa Martell y pensábamos que era de justicia que se dedicara a la atención social a la que no llegamos las administraciones”, declaró este martes la propia Marco. “Por fin”, aclamó la ahora jubilada Josefina Gimeno que recuerda que tuvieron que recurrir al registro de la propiedad para tratar de conocer el legado ante la opacidad de la administración autonómica y a la que Marco recuerda con planos desplegados en el suelo del pequeño despacho del grupo socialista.

Lejos de cumplir la sentencia, subastar los bienes e iniciar el reparto, la Generalitat decidió permutar los solares más valiosos. No podía venderlos, pero, entre 2003 y 2008, se desprendió de ellos y los intercambió para la adquisición de otros terrenos o de obra futura en Valencia. El inmueble que Martell tenía en el número 93 de la calle En medio de Castellón, una de las más céntricas de la ciudad, formó parte de la permuta para la adquisición del Palacio Català de Valeriola en Valencia, que una sociedad del expresidente del Valencia C.F. Francisco Roig, había comprado tres años antes. Otros dos solares se permutaron para la adquisición de la antigua cárcel de Valencia, que actualmente es la ciudad administrativa de la Generalitat y el último de valor, en la calle Mayor de Castellón se cambiaron por obra en dos locales adscritos a la actual sede de la consejería de Educación. Todos ellos, valorados en más de un millón de euros. “Por fin rige el sentido común”, ha señalado el consejero de Hacienda, Arcadi España, quien ha explicado que “no era razonable” que la herencia recayera solo en la Generalitat. “Se ha demostrado que el reparto por fin de la herencia de Martell es el ejemplo claro de la voluntad de dos administraciones que han querido revertir las incomprensibles decisiones del pasado y devolver a la ciudad y a la provincia unos recursos que les corresponden”, ha dicho.

Tras más de 34 años, 11 asociaciones como la Asociación de Familiares para los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental, la Asociación-Fundación de Daño Cerebral Adquirido ATENEU, Cáritas o la Asociación Síndrome de Down se han repartido más de 600.000 euros y, de cumplir, la instancia de la alcaldesa, recordarán a la tía Pepa, la pulida, con una placa conmemorativa en sus sedes.