La reforma del Código Penal no le vale al exalcalde de Gandia del PP para suspender su juicio por malversación

El exalcalde de Gandia Arturo Torró ha hecho dudar este lunes a la Audiencia Provincial de Valencia pero finalmente no ha conseguido suspender el juicio del caso Tele 7, en el que está acusado de malversación y fraude en la contratación por la adjudicación entre 2012 y 2015 de servicios de comunicación audiovisual para el consistorio valenciano. El que fuera dirigente del PP ha alegado un inminente cambio del delito de malversación en el Código Penal y la rebaja prevista de las penas a aquellos condenados que no se hubieran beneficiado en su patrimonio, lo que entiende que sería su caso, para pedir que no se celebrara el juicio.

“El PSOE, Podemos e Iniciativa nosequé [en realidad, PSOE y ERC] han planteado la intención de modificar el delito de malversación, para diferenciar si el acusado incorpora o no los fondos malversados a su patrimonio. Esto se va a aprobar antes del 31 de diciembre, y podría darse la paradoja de que acabemos el juicio el 21 de diciembre y el 22 se modifique la ley. Quizá la defensa se hubiese enfocado de otro modo”, ha señalado el abogado de Torró.

Tras un oportuno receso de media hora para analizar la situación, el tribunal ha rechazado la petición de aplazamiento. “Ningún proyecto ni iniciativa vincula a los tribunales”, ha señalado el presidente, que ha admitido que se han planteado si la no suspensión “podría afectar a las defensas en su estrategia” y que ha recalcado que en caso de que haya un cambio legislativo se revisarán las sentencias. “Los hechos que sean declarados probados y deriven en una responsabilidad penal, en caso de modificación de la norma, se revisarán bien de oficio, bien vía recurso. En caso de que fructificase en un texto legal se aplicará, ahora no cabe hacer proyección de futuro”, ha concluido. Eso sí, se ha admitido la petición de que Torró y el resto de procesados declaren al final del juicio, algo que se prevé para los días 20 y 21 de diciembre.

Junto a Torró, que fue alcalde de Gandia entre 2011 y 2015, y el empresario adjudicatario hay varios procesados en un caso que se inició por una querella de dos concejales socialistas y en el que ahora el Ayuntamiento de Gandia, también gobernado por el PSPV, ejerce la acusación particular y amplía la acusación otro concejal del PP, dos empresarios y una funcionaria.

La Fiscalía defiende que el alcalde “concibió, promovió y asumió la obligación de pagar a la mercantil que gestionaba otro procesado diversas cantidades de dinero público, pese a que sabía que no había causa que lo justificase”. Por ello solicita para cada uno de los dos acusados principales una pena de prisión de ocho años. Además, les reclama 480.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Torro, que defiende que se trata de un juicio político, ya fue condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver 350.000 euros al consistorio por este caso por haber aplicado un criterio incorrecto para calcular una indemnización al empresario, tras decidir el consistorio reducir el importe de la adjudicación.