Dos grandes leyes medioambientales salen adelante al final de la legislatura

Dos grandes leyes medioambientales autonómicas han salido adelante al final de la legislatura, a solo seis meses de elecciones y en un escenario de emergencia climática. Comenzadas a tramitar años atrás, la ley autonómica que regula la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o la norma reguladora de los residuos y la economía circular fueron aprobadas por las Cortes Valencianas en noviembre después de años de tramitación, diferencias entre los socios del Botànic y cambios sustanciales en sus redacciones originales. Los grupos parlamentarios protagonistas en su aprobación aseguran que son un paso adelante pese a las vicisitudes de la tramitación. Ecologistas en Acción las considera poco ambiciosas y con debilidades legislativas.

“Todo el mundo está poniendo el dedo en los impuestos verdes y es la parte menos importante de la ley para mí”, afirma la directora general de Cambio Climático de la Consejería de Transición Ecológica, Celsa Monrós. “Es una norma que establece objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de eficiencia energética e implementación de las energías renovables, pensando en que queremos ser neutros en 2050″, amplía Monrós. Según la directora general, en 2020 estaba el primer borrador de la ley de Cambio Climático, un texto muy ambicioso, “pero la realidad se nos ha comido: la pandemia, el pacto verde, la invasión rusa de Ucrania… Tenemos que correr mucho más”. Según esta ley, la Comunidad Valenciana está obligada a reducir sus emisiones un 40% frente a un 55% que ha aprobado recientemente la Comisión Europa para 2030. “Cuando los ecologistas nos piden que las rebajemos un 55% no es realista porque nuestro pico de emisiones se dio en 2005. Lo que se haga a nivel global hay que adaptarlo luego aquí”, señala la directora general.

Las fortalezas de la norma, opina Monrós, son la creación de una serie de herramientas y una gobernanza para llegar a la descarbonización de sectores económicos privados y de las Administraciones públicas. Se crea un registro de la huella de carbono donde cualquier empresa o entidad pública está obligado a calcularla, registrarla y presentar planes de descarbonización. El texto hace más hincapié en los llamados sectores económicos difusos (los servicios), con políticas de movilidad como la creación de zonas de bajas emisiones y la promoción del transporte público y los vehículos con cero emisiones. Los tres impuestos verdes, que los socialistas no veían con buenos ojos, se ponen a la compra de vehículos según contaminen desde 2023 (aunque no se pagará hasta 2025); a las zonas comerciales de alta afluencia de vehículos, y a las industrias que emitan grandes cantidades de CO2. Serán impuestos finalistas que irán a parar a un fondo de transición ecológica y, según Monrós, “aunque los impuestos siempre son polémicos no tienen afán recaudatorio si no pedagógico”. El portavoz de Medio Ambiente del PSPV en las Cortes, David Calvo, insiste en que la recaudación por estas tasas no llegará al 0,1% de los Presupuestos de la Generalitat.

La ley de Residuos y Economía Circular surgió a iniciativa de Unides Podem en la primera legislatura del Botànic, cuando la coalición no formaba parte del Consell. La diputada de Podem Beatriu Gascó ha impulsado con todos los medios a su alcance esta norma que no partió del Ejecutivo sino que surgió a iniciativa del Parlamento como proposición de ley en 2018. “Intentamos empujar hacia una nueva ley pero el adelanto electoral en 2019 hizo que la propuesta se quedara, por unas semanas solo, a las puertas del pleno”, apunta Gascó. La ley es la primera en trasponer la norma española, establecer un modelo de economía circular y derogar la norma valenciana de residuos del año 2000. Entre otros aspectos, la ley implanta la recogida de residuos puerta a puerta, sistemas de devolución de residuos y retorno por incentivo económico para las botellas de plástico de menos de tres litros, el fomento del agua potable y gratuita en la hostelería junto a la creación de la Agencia Valenciana de Residuos.

Gascó reconoce el retraso: primero el adelanto electoral, luego problemas de coordinación interna entre el Consell y los grupos parlamentarios, más tarde la covid y luego la tramitación de la ley estatal de residuos. “Nos dimos cuenta de que no tenía sentido que aprobáramos una ley que es una transposición de la estatal. Pero la norma estatal se retrasó mucho por la falta de acuerdo”, reconoce Gascó. “Por desgracia, tenemos un retraso enorme e injustificado en la recogida selectiva de materia orgánica, que debería de haberse recogido de forma separada hace mucho. Se avanza en el sistema de devolución y retorno por incentivo económico de las botellas de plástico de bebidas, menos de tres litros, y se crea la Agencia de Residuos, que ayudará a los ayuntamientos a llevar adelante todos esos cambios”. El socialista David Calvo destaca también el capítulo contra el desperdicio alimentario y sobre el retraso afirma que lo importante es haber llegado aunque sea al final del mandato.

Ecologistas en acción se ha mostrado crítico con ambas normas. De la ley de Cambio Climático, su portavoz, Carlos Arribas, apunta que los objetivos de reducción son “poco ambiciosos y hay muchos agujeros para escaparse”. Y de la ley de Residuos, la organización ecologista considera que se tramitó como una proposición de ley “con la excusa de la urgencia” cuando se ha tardado años en aprobarla. No ha sido acompañada de los informes de impacto económico o de los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu o el Comité Económico y Social. “Nos encontramos con una ley de baja calidad técnica legislativa, de redacción confusa, que utiliza términos que no se definen previamente y que muchas veces se limita a transcribir y reproducir párrafos enteros de la ley de residuos estatal, aunque pretendía ser más ambiciosa que ella en origen”, apunta la organización, que advierte del riesgo de que sea declarada inconstitucional.