Visto para sentencia el juicio por malversación a un expresidente socialista de la Diputación de Valencia

La Fiscalía del ‘caso Alqueria’ mantiene la petición de ocho años de cárcel para el actual alcalde de Ontinyent y sostiene que contrató a altos directivos por ser afines a su partido

Imagen de parte de los acusados del caso Alqueria, el 19 de septiembre, día en el que arracó el juicio.
Imagen de parte de los acusados del caso Alqueria, el 19 de septiembre, día en el que arracó el juicio.Mònica Torres

Con las “últimas palabras” de varios de los 14 acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, el exdirigente socialista Jorge Rodríguez, ha acabado este miércoles el juicio por el caso Alqueria tras casi dos meses y medio de sesiones —y cuatro años de investigación— y sin que las partes hayan movido sus posiciones. Ahora queda en manos de la Audiencia Provincial de Valencia decidir sobre la legalidad o no, y en este caso la prevaricación o malversación que implicaría, de nueve contratos a altos directivos que se realizaron en Divalterra, una empresa pública de la Diputación, al entrar a gobernarla el PSPV y Compromís, partidos de los que eran militantes o afines los contratados, según las acusaciones.

Una hipotética absolución podría relanzar la carrera de Rodríguez, que cuando estalló el caso y fue detenido estaba entre los candidatos para suceder al frente del PSPV al actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Imputado y sin poder presentarse a la reelección con los socialistas, Rodríguez fue elegido por mayoría absoluta para seguir al frente de la alcaldía de Ontinyent con un nuevo partido.

Durante todo el proceso, y también en sus conclusiones de hace unos días, la Fiscalía y las acusaciones particulares han defendido que las contrataciones fueron “al margen de la legalidad”, que no eran necesarias y que supusieron un “quebranto para las arcas públicas” de 1,1 millones de euros. “La única cualificación de mérito o capacidad [de los contratados] fue su afinidad a un partido político determinado”, afirmó el fiscal Pablo Ponce, que insistió en que Divalterra, antigua Imelsa y epicentro como tal del caso Taula, ha sido siempre “un chiringuito”.

Anticorrupción ha mantenido su petición de pena, que en el caso de Rodríguez y otros cuatro acusados es de ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta.

En su declaración durante el juicio, un mando de la UDEF (la unidad de delincuencia económica de la Policía Nacional) explicó que tanto Rodríguez como los distintos gerentes de Divalterra conocieron informes que alertaban de la posible ilegalidad de los contratos, y destacó que no se llevaron al consejo de administración para evitar su fiscalización. Además, uno de los denunciantes, José Luis Pellicer, que era responsable del departamento jurídico de la empresa pública y secretario de su consejo, aseveró que la entonces cogerente Agustina Brines (Compromís) le informó de que “tenía instrucciones de Rodríguez de contratar a siete personas” y le remarcó que ya tenía “los nombres y apellidos”.

Ignorancia de la ilegalidad

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Ninguno de los acusados ha asumido su responsabilidad por la realización de esos contratos: o bien han defendido que eran legales o que no había informes que acreditaran su ilegalidad. Aseguran que sólo tuvieron acceso a ellos cuando estalló el caso. De hecho, han afirmado que contaban con el visto bueno del entonces asesor jurídico de Divalterra, José Luis Vera. En su comparecencia como testigo, Vera aseguró, por el contrario, que advirtió verbalmente de la ilegalidad, aunque no supo explicar por qué en un informe de 2016 no lo expresó así y admitió que siguieran los contratados hasta determinar su régimen laboral. “No lo sé, estaría loco ese día”, dijo como respuesta.

Jorge Rodríguez defendió su actuación con el argumento de que podría haber nombrado a una decena más de asesores si hubiera querido enchufar a alguien, y cifró en 1,2 millones de euros el ahorro que eso le supuso a la Diputación. Tanto Rodríguez como otros acusados han aprovechado este miércoles el turno de última palabra para hacer gala de su confianza en la justicia, pero también ha habido críticas al proceso. “Esto no lo curará ya nadie”, ha afirmado muy afectada la exgerente Agustina Brines.

De Alqueria a Azud, Taula o Erial

Manuel Mata, exsíndic [Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana] y abogado de uno de los encausados, ha sostenido que el caso Alqueria ha estado montado “sobre algo que no existe”, ha defendido la legitimidad que tenía Divalterra como parte de la Diputación para nombrar altos directivos y “hacer política” y ha subrayado que se trataba de cargos “de libre designación” para los que se podía escoger a quien se creyera oportuno. Que este caso no se debería haber enjuiciado por la vía penal, sino en todo caso por la contencioso-administrativa, ha sido otro de los argumentos más usados por él y por otras defensas.

Pero Mata ha ido más allá y ha apuntado a la Fiscalía Anticorrupción, al fiscal Pablo Ponce concretamente, como “muñidora” de algunas de las investigaciones sobre corrupción más sonadas de los últimos años. “Da la sensación de que la Comunidad Valenciana, entre 2015 y 2019, ha sido un experimento de un fiscal. Ha pasado en Taula, en Azud y en Erial. En un caso son denuncias anónimas, en otro los papelitos del sirio, y aquí no sabemos qué se le iluminó a los denunciantes para presentar esta querella”, ha reprochado, tras deslizar que podría tratarse de “un montaje” en el que habría participado Vera.

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