El Consell impulsa un impuesto a las viviendas vacías para sacarlas al mercado

El Consell ha activado en la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat Valencia de 2023, aprobada este viernes en el pleno, un impuesto a las viviendas vacías para tenedores de más de 10 inmuebles, y otra serie de medidas para movilizar la salida de las residencias deshabitadas al mercado. La Generalitat podrá ejercer además los derechos de tanteo y retracto sobre edificios residenciales de, como mínimo, cuatro viviendas para poder responder a situaciones de emergencia habitacional.

La Generalitat estimaba el año pasado que el número de casas que se podrán movilizar asciende a 15.000. La norma da a sus titulares seis meses para ponerlas a la venta, alquiler o cesión de uso. En el caso de que el inmueble permanezca deshabitado, la norma establece multas mensuales, que irán a actuaciones en materia de vivienda. La previsión, según la vicepresidencia segunda y Consejería de Vivienda, es recaudar a lo largo de 2023 un total de 250.000 euros en concepto de multas si las viviendas, afectadas por la ley, no se ponen en circulación en un plazo de seis meses.

El titular de la cartera, el vicepresidente Héctor Illueca, ha asegurado en las Cortes Valencianas, donde ha presentado este viernes las cuentas de su departamento para el año próximo, que el Gobierno valenciano actuará “con contundencia” y aplicará las sanciones pertinentes. Illueca ha anunciado además que el Consell ofrecerá una ayuda “automática” al alquiler para las personas que no hayan podido beneficiarse de una vivienda pública en los seis meses siguientes a su inscripción en el registro público de la Generalitat, en una nueva línea incluida en los presupuestos de 2023 dotada con dos millones de euros.

El proyecto de ley que acompaña al de presupuestos también recoge la gratuidad del Carné Jove para jóvenes de entre 14 y 30 años, al suprimirse el pago de la tasa de 7,70 euros por su expedición, y que la residencias tengan un máximo de 100 plazas para asegurar el bienestar y la calidad de las personas residentes. Las empresas o entidades de servicios sociales que hayan sido multadas con una sanción firme no podrán acceder a contratos públicos, recoge también el proyecto de ley.

Esta disposición incluye el uso de la expresión “discapacitado” en lugar de “minusválido” para evitar confusiones en el ámbito jurídico y social, y también se equipara a cónyuges los miembros de parejas de hecho cuya unión cumpla los requisitos establecidos en la ley y estén inscritos en el Registro de Uniones de Hecho. Las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana y a la pirotecnia como recursos turísticos de primer orden, con el fin de aumentar su protección, al tiempo que se ayuda a fomentar su promoción y difusión.

El proyecto de ley de acompañamiento sale adelante más vaciado de contenido que nunca, pues la reforma fiscal promovida por el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, y consensuada con sus socios en el Gobierno del Botànic, Compromís y Unides Podem, se regula con otros tipos de mecanismos legales. Entidades como el Consejo Económico y Social (CES), cuyo dictamen es preceptivo para su aprobación, ha criticado la imposibilidad de poder opinar sobre la reforma al no estar contenida en el proyecto de ley recién aprobado.

Una parte de la rebaja del tramo autonómico del IRPF, que se aplica con carácter retroactivo a enero de 2022, una especie de deflactación, se regula a través de un decreto ley. La otra rebaja del IRPF que beneficiará a las rentas bajas y medias en 2023, el aumento del impuesto de Patrimonio y la creación de un nuevo tipo del Impuesto de Transmisiones, se han incluido en el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat. Y la bonificación del 99% del impuestos de Sucesiones para todas las empresas familiares, que defienden los socialistas y no comparten sus socios de Compromís y UP, se presentará por la vía de las enmiendas y podría salir adelante con el apoyo de PP y Ciudadanos.

Impuestos ‘verdes’

Los llamados impuestos verdes, que gravarán las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por las empresas o la compra de vehículos contaminantes, están regulados en la ley de Cambio Climático, recién aprobada, pero no se aplicarán hasta 2025 de acuerdo a la moratoria pactada. Las empresas que inviertan en infraestructuras limpias podrán deducirse el gravamen a las emisiones, aunque el sector cerámico ha quedado excluido de su aplicación.

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha explicado que se ha optado por no incluir la reforma fiscal en la ley de acompañamiento para, en primer lugar, permitir que una parte pudiera aplicarse ya en 2022, y en segundo lugar, para darle mayor entidad, al introducir en la ley de Presupuestos aquella parte que afecta a 2023.

A su juicio, tiene sentido que una reforma fiscal como la planteada por el Consell “vaya en la ley troncal”, pero ha asegurado que independientemente de en qué norma vaya, estas medidas se debatirán en las Cortes “de igual manera”, por lo que no se le impide a nadie opinar y presentar enmiendas.

“Nos puede gustar más o menos que esté en un lugar y otro, pero que todo el mundo pueda opinar y hacer un posicionamiento político no cambia vaya en una ley u otra”, ha insistido Mas, quien ha indicado que el Consell no ha tratado la posibilidad de unificarlo todo en la ley de Presupuestos y eliminar la de Acompañamiento.