Dos años y medio de prisión a un exalcalde y dos concejales del PP de Calpe por adjudicar la contrata de basuras a cambio de 600.000 euros

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado al exalcalde de Calpe (Alicante), Javier Morató, y dos de sus concejales, Fernando Penella y Juan Roselló, todos del Partido Popular (PP), a dos años y medio de cárcel por adjudicar el servicio de recogida de basuras de la localidad al empresario oriolano Ángel Fenoll a cambio de 600.000 euros en sobornos. La pena para Fenoll, impulsor inicial de la investigación sobre una presunta trama de corrupción generalizada en la provincia, el llamado caso Brugal, del que este juicio es una pieza separada, es de dos años de prisión. El tribunal los considera autores, cooperadores o inductores de los delitos de cohecho, prevaricación y fraude a la administración.

Según la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), los magistrados consideran probado que Morató y sus concejales de Hacienda y Turismo, Penella y Roselló, respectivamente, “se propusieron obtener un beneficio ilícito” de la adjudicación de la contrata del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos a Colsur SL, la firma de Fenoll, que actualmente se denomina Sirem SL. Para ello, a través del también acusado Francisco A.T., cuñado de Roselló, condenado a dos años de prisión en esta misma sentencia, contactaron con Fenoll “para solicitarle que les entregase dinero para que el Ayuntamiento de Calpe le adjudicase a Colsur la referida concesión y para la posterior agilización de los trámites para el inicio del servicio”.

La negociación necesitó de “varios encuentros”, prosigue el fallo judicial. Al final, se resolvió con “un acuerdo definitivo consistente en la entrega” por parte del empresario de “un total de 100 millones de pesetas (600.000 euros), destinados a retribuir” a Morató, Penella y Roselló, “entre otras personas no identificadas”, más otros 20 millones de pesetas (120.000 euros) “que en principio se destinarían al Calpe Club de Fútbol”. Los “servicios de intermediación” del cuñado del edil le reportaron “al menos, cuatro millones de pesetas (24.040 euros)”. En el mismo pacto, Fenoll consiguió atrapar también “la ampliación del contrato a la recogida y tratamiento de las algas que quedaran depositadas por acción de la naturaleza en las playas” del municipio alicantino.

La mordida por la recogida de basuras se tramitó “en fecha no determinada”, poco antes de que “el día 24 de febrero de 1998″, según la sentencia, se firmara la concesión a la Colsur, “representada por su administrador único”, Fenoll, según el acuerdo alcanzado por el Pleno del Ayuntamiento el día 5 de ese mismo mes. “El servicio no se puso en marcha hasta el día 1 de enero de 1999″, especifica el documento de la Audiencia. El contrato “tenía una duración de 25 años y el precio se fijó por toneladas de residuos tratados y/o eliminados con un precio de 4.972 pesetas y (29,88 euros) la tonelada de basura, sin perjuicio de las revisiones anuales”.

Morató, sus concejales y el mediador fueron recibiendo su parte de los 600.000 euros entregados bajo manga por Fenoll. El Calpe CF percibió, al menos, 15 millones de pesetas (90.151 euros), certifica el fallo. Pero en noviembre de 1998, la facturación de la gestión de residuos evidenció que “no resultaba suficiente para hacer frente a las cantidades que se comprometió a pagar” el magnate de la basura. Tras varios intentos de amañar el contrato para beneficiar a Colsur, finalmente, la comisión de Gobierno a la que pertenecían los tres condenados aprobó la “ampliación del contrato de concesión”, a partir de una propuesta de Morató que consideraba “conveniente que las algas provenientes de la playas de Calpe dejen de ser llevadas al vertedero, dándoseles el mismo tratamiento que a los residuos sólidos urbanos, es decir, que sean llevadas a la planta de tratamiento y eliminación existente al efecto”. “Dicha ampliación se realizó, sin cumplir trámites exigidos legalmente”, subraya el fallo judicial.

El fallo judicial condena a Morató, Penella y Roselló a dos años de prisión, cinco de inhabilitación y 360.610 euros de multa por un delito continuado de cohecho, y a otros seis meses y tres años de inhabilitación por un delito de fraude a la administración. La pena por un tercer delito, el de prevaricación, es el de cinco años de inhabilitación para ejercer cargo público. Fenoll suma 1,5 años y 100.000 euros de multa por cohecho, 6 meses de prisión y tres años de inhabilitación como cooperador necesario en un delito de fraude a la administración y cinco años más de inhabilitación como inductor de la prevaricación. Finalmente, Francisco AT, cuñado de Roselló y mediador del acuerdo, resulta condenado a dos años de prisión y 80.000 euros de multa, más cinco años de inhabilitación, por el cohecho, y otro lustro de inhabilitación como inductor de la prevaricación. La sentencia, contra la que cabe recurso, absuelve a los otros tres acusados, la mujer de Roselló, el hijo de Fenoll y el exdirector de la concesión.