La Guardia Civil registra en la Comunidad Valenciana y Madrid empresas adjudicatarias de contratos del Gobierno entre 2006 y 2009

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apoyados por una oficina móvil de la Europol (la agencia policial de la Unión Europea), han realizado en la mañana de este martes un despliegue de registros y requerimientos de documentación en las oficinas de varias empresas ubicadas en las provincias de Valencia, Castellón y Madrid. Las firmas son, según fuentes conocedoras de la investigación, adjudicatarias de contratos llevados a cabo por la sociedad pública Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) en 2009, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La operación, denominada Zagreo y ordenada por la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Valencia, se ha desplegado tanto en varias sedes de la empresa Acciona Construcciones como del Grupo Gimeno, concesionaria del servicio de agua potable y gestión de residuos de un importante número de municipios de Castellón y adjudicataria de varias desaladoras impulsadas por Acuamed. La jueza abrió la investigación ante la posible comisión de los delitos de prevaricación, cohecho y malversación.

La operación surge de varios flecos aparecidos tanto de la investigación del caso Azud ―una trama de pago de sobornos a cambio de adjudicaciones millonarias en la que están implicados tanto dirigentes del PP como del PSOE en el que se investigan supuestas irregularidades en contratos de grandes obras hidráulicas―. En mayo de 2021 las pesquisas del primero de estos casos llevaron a la detención del entonces subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, el socialista Rafael Rubio, y del que fuera mano derecha de la que fuera alcaldesa de Valencia Rita Barberá y vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. El principal implicado es el empresario Jaime Febrer, un hombre que hacía gala de saber manejar a los políticos, tanto del PP como del PSOE.

Durante la mañana, los agentes de la UCO han realizado tanto registros como requerimientos y entrega de citaciones, para acudir al juzgado tanto en calidad de testigos como de imputados, a varios empresarios, según las mismas fuentes. Uno de los requerimientos de información, realizado en la empresa Acciona Construcción, se deriva de la adjudicación de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó, en 2006, por lo que los agentes han acudido también a la sede de otra empresa, Construcciones Luján.

Una de las líneas de investigación de la jueza es la vinculación de empresas de la supuesta trama corrupta liderada por el constructor Jaime María Febrer con pagos a firmas de publicidad que realizaron actos electorales para el PSPV en la campaña electoral de 2007. De hecho, el exresponsable de finanzas de los socialistas valencianos, José Cataluña, es uno de los implicados en la trama de corrupción por el supuesto cobro de comisiones urbanísticas