Hitachi elige Valencia para acoger el centro de desarrollo de ‘software’ que ahora tiene en Ucrania

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este martes que la empresa japonesa Hitachi ha elegido Valencia para trasladar un centro de desarrollo de software que tiene en Ucrania a través de su filial Global Logic. Según ha explicado Puig, la multinacional ha decidido dar la opción de traslado a su personal de Ucrania, debido a la guerra, y ha elegido Valencia “como el lugar en el que trabajar, vivir y crecer con estabilidad”.

Según fuentes de la Generalitat, Hitachi tendrá domicilio fiscal en España, que hasta ahora no tenía, y ha elegido Valencia, entre otras cosas, por la capacidad de ofrecer talento de las universidades públicas valencianas, ya que la multinacional contrata, anualmente, un 30% de una plantilla que actualmente sobrepasa el millar de empleados. Se trata de ingenieros informáticos y técnicos de desarrollo, entre otros, para un sector en crecimiento y en el que, habitualmente, existe un gran índice de rotación.

Es la segunda comunidad que más empresas ha atraído a la Comunidad Valenciana, ha dicho el jefe del Ejecutivo, que ha asegurado que la inversión extranjera en el último año “supera los registros de los 20 últimos años”. Puig ha destacado la llegada de Hitachi, que se suma a los proyectos de Volkswagen, Ford, HP, Amazon, Siemens y Toshiba-Mitsubishi en la Comunidad y que, según ha expuesto, “no es casual” sino consecuencia de la estabilidad, el diálogo social y el máximo soporte institucional.

Puig ha lanzado además dos peticiones al gobierno para que, de los 7.700 millones adicionales que ha recibido España, potencie los ingresos empresariales estratégicos para los valencianos. Así, reclamará un nuevo PERTE para la descarbonización del sector azulejero y la aceleración de la transición energética con la declaración de interés público superior los proyectos de renovables, su conexión a la red, la propia red y sus activos eso permitirá que los grandes proyectos de energías renovables puedan ser autorizados en un año.

El presidente de la Generalitat valenciana ha aprovechado además el debate de política general para hacer una recopilación de medidas puestas en marcha por el gobierno autonómico. La única de las iniciativas planteadas que ha generado un murmullo en la oposición ha sido el plan de choque sanitario contra las listas de espera. Así, desde el primer día, los pacientes con patologías prevalentes, por ejemplo, oftalmología y trauma que aglutinan entre las dos el 50% de la lista de espera, que tengan que esperar más de 60 días puedan elegir ser intervenidos en la sanidad privada y el coste correrá a cargo de las arcas públicas. Hasta ahora, los pacientes podían acudir a la privada pero a los dos meses de espera, no desde el principio. La medida, que Puig ha especificado como “excepcional” entrará en vigor en diciembre y “durará el periodo necesario hasta que se normalice la lista de espera”.

Otra de las medidas sociales ha sido la referente a tratamientos de fertilidad que tendrán una deducción fiscal para las mujeres valencianas que no puedan ser atendidas por la sanidad pública porque no cumplan el requisito de la edad, limitado a menores de 40 años, o de baja probabilidad de embarazo.

En materia social, el presidente de la Generalitat ha anunciado un nuevo sistema de teleasistencia avanzada a través de 50.000 soportes tecnológicos complementarios, la puesta en marcha de la historia social única, semejante a la historia clínica de los pacientes y la creación de la figura del Asistente Infantil para acompañar a menores con diversidad funcional que necesitan rehabilitación terapéutica.

Y sobre medidas que ya se han puesto en marcha, ha hablado de la las oposiciones que se van a convocar, en octubre, unas oposiciones en las que, por primera vez, solo se valorarán los conocimientos y no la trayectoria profesional en la administración pública. A estos irán destinadas el 60% de las plazas. Además, se implantará lo que ha calificado como un “MIR de la administración” con un modelo de examen menos memorístico y prácticas remuneradas y evaluables. Por otra parte, el gobierno autonómico va a ampliar la cuantía y la oferta de becas a los opositores, a los que se les conceden hasta 700 euros durante la preparación porque, según ha dicho, “estudiar oposiciones no puede ser un privilegio y ha de estar al alcance de toda la ciudadanía”. Estas medidas tienen como objetivo, reducir la interinidad por debajo del 8% y acelerar el relevo generacional en la Administración.