Posidonia: Basura o barrera natural

Las playas de la Comunidad Valenciana empiezan a recibir a los primeros bañistas. El litoral valenciano ha vivido su primavera más húmeda desde 1950 marcada por temporales que han provocado la pérdida de arena y la acumulación de restos de arribazones en la orilla. Unas montañas de plantas que los ayuntamientos hasta ahora retiraban como foco de basura y malos olores y que el Gobierno valenciano quiere ahora proteger a través de un nuevo decreto.

El documento para la conservación de las praderas de posidonia marina en la Comunidad Valenciana persigue la regulación de los usos que puedan afectar a lo que se considera “el bosque del Mediterráneo”. Una extensión de más de 30.000 hectáreas de esta especie de fanerógamas marinas endémica de la zona que tiene un importante valor ambiental. La valenciana es, precisamente, la segunda autonomía en superficie de posidonia después de Baleares, que también cuenta con su norma para la protección de esta especie vulnerable.

Aunque en ocasiones los bañistas tienden a huir de los restos de algas en el agua o en la arena al considerarlas como suciedad, lo cierto es que la posidonia es un aliado contra el cambio climático, ya que son captadores de CO2. Además, suponen una barrera natural frente a la regresión de la costa, son bioindicadores de la buena calidad de las aguas y fuente de una rica biodiversidad marina que acoge a más de 1.000 especies de fauna y 400 de plantas.

Para su protección, la Consejería para la Transición Ecológica busca regular con el decreto, no solo estas comunidades biológicas, sino también la gestión de los restos que llegan a las playas y que suponen una barrera natural contra la pérdida de arena. Esos montones de restos vegetales arrastrados por el mar también tendrán una protección especial entre los meses de octubre a marzo.

A partir de ahora, los ayuntamientos deberán solicitar una autorización previa para proceder a su retirada. El director del Instituto de Ecología del Litoral, Gabriel Soler, explica que estas hojas secas de posidonia que recalan en la orilla poseen sedimentos naturales de la playa. Soler indica que cuando se eliminan “el 80% es arena y, por tanto, su eliminación contribuye a la erosión y la pérdida de calidad de la playa”. Elche se ha afanado en las últimas semanas por retirar más de 200 metros cúbicos de algas de su litoral. Sin embargo, hay municipios que están demandando una gestión específica.

Santa Pola, que tiene delimitadas 13 playas, siete urbanas y seis naturales. La alcaldesa del municipio, Loreto Serrano (PP), ha reclamado a la consejería que se les permita la retirada de la posidonia de la arena, al menos de las playas urbanas, por la gran cantidad de restos vegetales que reciben. En los próximos días, ambas administraciones mantendrán una reunión para poder llegar a un acuerdo porque, según afirma Serrano, “Santa Pola no tiene las mismas características que otros municipios”. De hecho, la localidad cuenta con un informe elaborado por el Instituto de Ecología del Litoral que también avala la reclamación del Ayuntamiento para retirar el exceso de algas. Gabriel Soler explica que la localidad tiene justo enfrente la reserva de la Isla de Tabarca con una pradera de posidonia muy extensa que genera una importante cantidad de hojas. Además, Loreto Serrano añade que por la estructura de su litoral acotado por espigones, se crea un efecto que no permite el retorno de los restos vegetales al mar.

Desesperación

La alcaldesa ha mostrado su desesperación porque no dan abasto para retirar la posidonia acumulada en la arena. Desde el 9 de abril, los servicios de limpieza de playas han recogido más de 12.000 metros cúbicos de algas, lo que equivale a 1.000 camiones. En tan solo unas semanas, se han retirado más restos de posidonia que durante todo 2019 (10.754 metros cúbicos) y cerca de lo que se acumuló en 2021 (13.792 metros cúbicos). Serrano insiste en que es perjudicial para la imagen del municipio mantener esta gran cantidad de algas en las orillas de sus playas.

La localidad cuadruplica su población en los meses de verano y la alcaldesa insiste en que el resto del año mantienen un alto nivel de ocupación y visitantes que no podrán disfrutar de las actividades que se programan en la arena, sobre todo para los mayores, si se mantienen las montañas de restos. Además, avanza las acusaciones de falta de limpieza aunque “no las retiramos porque no nos dejan”.

Para hacer cumplir la nueva normativa, la Consejería para la Transición Ecológica también advierte en el decreto de que se va a intensificar la vigilancia en los municipios costeros. Sin embargo, Loreto Serrano afirma que, por el momento, les han trasladado que los incumplimientos que se cometan no van a comportar ningún tipo de sanción. Santa Pola, además, para dar salida a las algas, lleva algún tiempo reutilizándolas en proyectos de economía circular, como también recomienda la nueva normativa.

Una empresa local está haciendo sustratos de las algas aunque, de momento, con una producción pequeña. El Ayuntamiento quería aprovechar estos restos para sellar y clausurar vertederos en desuso, pero en este sentido pero para la alcaldesa la norma es ambigua y “no queda claro si los restos de la posidonia están catalogados como resto vegetal o residuo”. Sin embargo, Gabriel Soler puntualiza que son material vegetal que al sacarlos de la arena y manipularlos se convierten en residuos y, por tanto, no pueden emplearse en nada que no sean iniciativas de reutilización. Aun así, Soler aclara que el proceso que se emplea para retirar la sal y el secado de las algas consume demasiada energía y no resulta rentable a la iniciativa privada.

La normativa también pone el acento en otro de los agentes de mayor impacto sobre las praderas de posidonia como es el fondeo de las embarcaciones. El entorno de la Isla de Tabarca es uno de los más masificados cada verano por la llegada a diario de lanchas de recreo. Por ello, se han sustituido los antiguos amarres que perjudicaban el fondo marino por unos de tipo ecológico que se sujetan con un tornillo helicoidal que eleva una boya a la que pueden anclarse las embarcaciones. Aun así, la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha presentado alegaciones al Servicio Provincial de Costas por autorizar más de 120 boyas de amarre ecológico para este verano. El grupo ecologista lo considera “desproporcionado” y exige que se reduzcan a tan solo 50. Pero, Gabriel Soler advierte que este tipo de sujeción para el fondeo no conlleva un impacto ambiental.

La norma persigue, en un contexto de emergencia climática, la conservación de la biodiversidad marina y de la buena calidad ambiental de las playas. Un objetivo que, a su vez, debe hacerse compatible con la actividad turística tan perjudicada en los meses más duros de la pandemia y con las características concretas que presentan los diferentes municipios de la región valenciana.