De abogada a agente matrimonial ilegal

La abogada de una gestoría ha estado a punto de convertir Elche (Alicante) en un lugar de peregrinaje para bodas, como Las Vegas. El problema es que buena parte de los enlaces se celebraban fuera de las fronteras de la ley. Durante al menos cuatro años, entre 2017 y 2020, el despacho de la letrada se transformó en un centro de tramitación de al menos 72 matrimonios de conveniencia, en el que los contrayentes extracomunitarios solventaban todo el papeleo y aprendían las instrucciones necesarias para conseguir permisos de residencia de manera fraudulenta, a cambio de un precio que podía ascender hasta a 10.000 euros. Tras tres años de investigación, la Policía Nacional ha desmantelado la trama, que operaba en Alicante y Murcia, y ha detenido a 129 personas, acusadas de delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, falso testimonio y pertenencia a grupo criminal.

La operación policial, denominada Polasanta, comenzó en marzo de 2019. Un chivatazo desveló que una abogada ilicitana lideraba una nutrida y organizada red que permitía obtener permisos de residencia mediante matrimonios de conveniencia. Salvo el ramo de la novia, ellos lo conseguían todo. Primero, captaban a ambos contrayentes, tanto los extranjeros “interesados en regularizar su situación ilegal en nuestro país dispuestos a pagar la cuantiosa suma de dinero que podría llegar a alcanzar hasta los diez mil euros”, como a “la pareja de origen español elegida para cada una de estas personas”, que percibía una remuneración económica.

Posteriormente, la trama elaboraba una historia creíble para cada matrimonio, que llegaba a aleccionar hasta a los falsos testigos de la boda. “La propia abogada”, aseguran los investigadores, “instruía meticulosamente a los contrayentes y testigos, en las distintas fases de todo el proceso, preparándoles sobre la versión que debían sostener para burlar a las diferentes administraciones”. El guion que preparaba para cada pareja incluía hasta el más mínimo detalle, tanto de su vínculo afectivo como del domicilio en el que nunca residirían, “para que no fuera detectado el fraude en las entrevistas matrimoniales”.

Mediante estas historias, fijaban los términos de la supuesta relación sentimental entre ambos y su vinculación con la población en la que iban a vivir su ficticio cuento de hadas, la vecina localidad de Santa Pola, en cuyo juzgado de paz se celebraron todos los enlaces sin que consten intervenciones policiales en sus instalaciones. En este punto, la cabecilla contaba con un equipo de “intermediarios y empadronadores”, cuentan las fuentes de la investigación, que se dedicaban a “confeccionar falsos empadronamientos” para los supuestos novios. Esta tramitación concentraba, subraya la policía, los mayores esfuerzos de la red criminal, ya que es “uno de los requisitos fundamentales” para la obtención de los permisos de residencia. A veces, los papeles eran “íntegramente falsos” y en otras ocasiones “se habrían realizado con el consentimiento de los legítimos propietarios de las viviendas utilizadas para este fin”, también “a cambio de dinero”. Si era necesario, la ilícita agencia matrimonial llegaba a contar con la participación “de dos agencias inmobiliarias” de Santa Pola, que les facilitaban tanto presuntas direcciones para los contrayentes como “contratos de arrendamiento falsos”.

Las pesquisas determinaron finalmente que la red tramitó hasta 72 expedientes de matrimonio “de dudosa licitud”, mediante los que se obtuvieron al menos 51 permisos de residencia de familiar comunitario presuntamente ilegales, “de los que se ha solicitado su extinción”. La policía ha detenido a 129 personas de edades comprendidas entre los 23 y los 71 años, “66 hombres y 63 mujeres, de nacionalidades predominantemente española, marroquí y argelina”, aunque también constan arrestados de origen iraní, argentino o bangladesí. Todos ellos participaron de una u otra forma en las bodas de conveniencia, desde la cabecilla del grupo hasta los que ejercieron de intermediarios, de falsos testigos o los propios contrayentes.