Más de 100 detenidos de una red criminal con epicentro en Elche que regularizaba migrantes

Un centenar de agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la localidad alicantina de Elche una organización criminal que creaba empresas para regularizar migrantes y defraudar a la Seguridad Social. En la operación se ha detenido a 125 personas presuntamente implicadas en una red de empresas que operaba en todo el territorio nacional con la colaboración de un despacho de abogados. El principal responsable de la red criminal regentaba un prostíbulo en la localidad ilicitana, que resultó ser el domicilio social de dos de las empresas vinculadas al entramado.

El operativo policial ha registrado una docena de domicilios, en los que ha intervenido 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas y 112.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial ficticia utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilícita.

La investigación se inició en octubre del 2020 cuando la policía comenzó a sospechar de un empresario, supuestamente implicado en delitos como estafas, falsedades documentales y blanqueo de capitales con la posible colaboración de un despacho de abogados. Los investigadores comprobaron que las empresas a las que se encontraba vinculado como apoderado o administrador, no tenían forma de ser localizadas ni física ni virtualmente.

El supuesto empresario se reunía a menudo con otras dos personas vinculadas con un despacho de abogados y que posteriormente resultaron ser presuntamente, miembros activos de la organización criminal, según los investigadores. Se dedicaban a la creación de empresas ficticias con un doble objetivo, confeccionar facturas falsas a empresas, que eran utilizadas para llevar a cabo diferentes fraudes a la Hacienda pública y regularizar migrantes de manera fraudulenta.

Estas sociedades ficticias facilitaban a los migrantes, tanto documentación como contratos y ofertas de trabajo para realizar los trámites de obtención o renovación de permisos de residencia. Además emplearon una de las empresas ficticias para obtener un crédito de manera fraudulenta y con la connivencia de empleados de una entidad financiera, que jamás se iba a devolver.

La operación, en la que han participado más de 100 agentes, ha desarticulado la organización al completo en cuatro fases. En la primera se realizaron las entradas y registros en domicilios en los que se intervino abundante documentación, 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas y 122.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilegal. La granja de minado, instalación que consume gran cantidad de energía eléctrica, se encontraba conectada de manera ilegal al suministro eléctrico.

En una segunda fase se detuvieron a más de un centenar de personas, que se habían beneficiado de la actividad ilícita de las empresas, mediante el cobro de prestaciones indebidas del sistema de la Seguridad Social, o bien mediante su regularización fraudulenta en territorio nacional. En la tercera fase se llevaron a cabo las detenciones de los titulares de las empresas que habían adquirido facturas falsas a la organización desarticulada y con las que se defraudaba a la hacienda pública.

A seis de los detenidos se les imputa los delitos de cohecho y revelación de secretos oficiales; y entre ellos figura un funcionario público del que se acreditó su presunta pertenencia a la organización investigada, y que cobraba comisiones a cambio de información procedente de las bases de datos oficiales.

La investigación policial ha finalizado con un total de 125 detenidos por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigración ilegal, fraude a las prestaciones de la Seguridad Social y delitos relativos a la prostitución.

Los agentes han bloqueado además un total de 80 cuentas bancarias con un saldo superior a los 200.000 euros, 24 vehículos y se ha anotado la prohibición de enajenar, disponer, o gravar un total de diez propiedades inmobiliarias en la provincia de Alicante.