Masones restituidos en la pantalla y por ley

Entre el público que acudió el 17 de febrero al romano barrio del Trastevere a la inauguración de la estatua de Giordano Bruno, en 1889, se encontraba el abogado valenciano Aurelio Blasco Grajales. Dicen que ese día ondearon más de cien banderas masonas para homenajear al filósofo y astrónomo en el mismo lugar en el que fue quemado vivo, más de 200 años antes, por orden de la Inquisición. Blasco Grajales acudió al acto como comisionado de las logias valencianas y, por ello, fue criticado por el arzobispo de Valencia, Antolín Monescillo, que además era senador por designación real. El ataque impulsó a Grajales a llevar al prelado ante los tribunales en una demanda por injurias. “Gracias a vos, un Príncipe de la Iglesia que se cree con el derecho de calificar calumniosamente a quien no piense como él, queda reducido a la categoría de simple ciudadano, siendo por tanto responsable de sus actos, y corre el inminente riesgo de ser condenado… De hoy nos queda ganada una importante victoria en el terreno de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”, le escribieron a Grajales desde una logia de Málaga.

La demanda no llegó a nada porque el arzobispo utilizó su privilegio como senador para no ser juzgado, pero el valenciano obtuvo un extendido reconocimiento. Tres años después del rifirrafe en los tribunales, fue elegido teniente de alcalde de la ciudad de Valencia, desde donde colaboró en el crecimiento de la democracia, en la lucha contra el caciquismo y a favor de la laicidad y la separación Iglesia-Estado. Pero su figura apenas se conoce. Ninguna calle lleva su nombre. Ahora, la ley de memoria democrática de la Comunidad Valenciana, al igual que lo hará la ley estatal cuando sea aprobada, apela al reconocimiento y restitución “de quienes sufrieron la ilegitimidad de los consejos de guerra, de los tribunales de responsabilidad política, del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y el Tribunal de Orden Público”, tal como dice la norma. A esa particularidad se ha acogido Juan Carlos García para dirigir un documental sobre la masonería en Valencia, con especial enfoque en los masones más desconocidos, los “Hijos del olvido”.

Blasco Grajales, jurista, diputado provincial, abogado, político, periodista, republicano y masón, fundó la logia “Puritana”, en Valencia. Coetáneo de Vicente Blasco Ibáñez y Joaquín Sorolla, otros reputados masones, formó parte en el año 1931 del equipo de redacción del Anteproyecto de Estatuto de Autonomía de la Región Valenciana. En 1937 fue nombrado miembro del Supremo Consejo Grado 33 masónico, el más alto. Para entonces, las logias estaban ya asentadas en Valencia, donde comenzaron a surgir en el sexenio democrático, a partir de 1868, tal como cuenta el doctor en Historia Contemporánea por la Universitat Jaume I de Castellón y miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, Vicent Sampedro. La finalidad de Grajales, según el jesuita y catedrático de Historia de la Universidad Pontificia de Comillas, Pedro Álvarez Lázaro, que además es uno de los referentes internacionales en el estudio de la masonería, era que “la masonería consiguiese una nueva sociedad con derechos más amplios para todos los ciudadanos” a través de la política. Por eso, en aquellos años los republicanos se caracterizaron por una doble militancia, en el republicanismo y la masonería.

La masonería echó mano también de los medios de comunicación para difundir sus ideas. Y en ello estuvo también Aurelio Blasco Grajales, que dirigió La Antorcha Valentina, una publicación que propugnaba el laicismo y la libertad de conciencia y en la que también firmó Elena Just, que acabó siendo un referente del primer feminismo valenciano, con principios que luego desarrollaron otras masonas como Clara Campoamor, pero también pieza clave de la lucha obrera, en la que se adentró con su participación en la huelga de las hilanderas de seda de Valencia, la primera huelga femenina de la que se tiene constancia en la ciudad. Elena Just era conocida en el mundo másonico como Palmira Luz, pseudónimo que hoy da nombre a una futura logia mixta de la que es presidenta Catalina Espinosa. “Actualmente hay muchas logias paritarias pero entonces las mujeres no podía ejercer los diferentes cargos que existen dentro de las logias”, señala Espinosa, que refiere a las logias, organizaciones masónicas, que se guían por el rito francés porque las anglosajonas siguen sin permitir la participación de mujeres. “También ellas formaron parte de esta historia que debe permanecer en la memoria colectiva”, señala el productor del documental, subvencionado por la Diputación de Valencia y que ha reservado un espacio para aquellas que fueron señaladas por la Iglesia Católica como prostitutas, mujeres que solo entraban en las logias para satisfacer los deseos de los masones, tal como relata el doctor en Historia Vicent Sampedro.

El documental pretende arrojar luz sobre todas estas historias para también incidir en el cambio que ha sufrido esta institución, “que ha pasado de vivir en el más absoluto secretismo, forzada por las persecuciones a las que se vio sometida por el franquismo, a ser hoy simplemente discreta en su manera de proceder”.

La Antorcha Valentina impulsó otras iniciativas como la de la creación de cementerios “neutros”, los conocidos ahora como cementerios civiles. Sin embargo, en la población valenciana de Buñol ya existía uno de ellos, construido en 1886, mucho más pequeño que el religioso. Entonces, los cementerios civiles eran destino de suicidas, niños sin bautizar y otras “vergüenzas de las familias de los que allí se dejaban”, tal como cuenta Consuelo Trasobares en su libro sobre el camposanto buñolense. Pero no fue lo que ocurrió con este, que se convirtió en “la mansión del silencio” de masones, republicanos y librepensadores y hoy se mantiene como uno de los pocos en los que, pese a la represión franquista, se conservan decenas de símbolos e iconos no solo de masónicos sino también del librepensamiento y el republicanismo. Separado por una tapia, encalada de blanco, del cementerio católico, el camposanto de Buñol burló la obligación del franquismo de “hacer desaparecer de los mismos todas las inscripciones y símbolos de sectas masónicas y cualesquiera otras que de cualquier modo sean hostiles u ofensivos a la Religión Católica o a la moral cristiana”. La convivencia salvó esa iconografía y el documental lo utiliza como escenario de la dramatización de un enterramiento masón.

Y es que ni católicos ni masones querían su descanso eterno juntos. El anticlericalismo fue una de las características de estos últimos pero, tal como explica el jesuita Pedro Álvarez, existió porque previamente existió un clericalismo y católicos y masones pugnaban por el dominio de la sociedad y la política y, por tanto, de la educación. La reacción de la iglesia fue implacable. Y más con el franquismo. En 1940 se aprobó la Ley de Represión contra la masonería y el comunismo, la única redactada ad hoc para perseguir a una asociación, según Vicente Sampedro, que permitió castigar a masones incluso después de 40 años de su muerte. Y, si los pillaban con vida, no solo los juzgaban, sino que les obligaban a abjurar de sus ideas, tal como le ocurrió a Blasco Grajales. Con casi 90 años, en la más absoluta pobreza y recogido en el asilo de las Hermanitas de los Pobres, firmó una retractación de su pertenencia a la masonería. Fue uno de los procesos que Álvarez Lázaro considera “obligados” y coincide con Sampedro en que la represión franquista buscaba con ellos no solo castigar sino humillar.

“Hijos del olvido” comenzará a proyectarse en breve y tiene como objetivo “disipar dudas respecto a la historia de la masonería, la valenciana en particular, dado que determinados intereses políticos trataron de sembrar el miedo o el odio hacia esta institución”. “Los historiadores hemos intentado, con poca difusión más allá del ámbito académico, romper con ese tabú así que el documental posibilitará que llegue a más gente”, concluye el doctor en Historia Vicent Sampedro.