Los amigos políticos

Hace más de veinticinco años se publicaba un volumen de afortunado título y de contenidos altamente reveladores. Nos referimos a Los amigos políticos, de José Varela Ortega. Es, con justicia, un clásico de la historiografía y aquello que abordaba era el sistema electoral de la Restauración alfonsina, ese período que se abre en 1875 y en el que los partidos, las provincias, el Parlamento y el Gobierno formaban un cuerpo irrigado por la influencia, por el favor. Estudiaba Varela lo que desde Joaquín Costa conocemos como la oligarquía y el caciquismo, pero lo hacía restándole la vertiente castiza al fenómeno, asociándolo, pues, a los modos imperantes en una parte de Europa, en esa fase del desarrollo parlamentario en que la democracia sólo estaba empezando a avizorarse. Italia, por ejemplo, era un caso cercano y su fin de siglo, el que se manifiesta en el desarrollo de las mafias y el que se encarna en la figura de Giovanni Giolitti, no era tan diferente de las crisis finiseculares que España experimentaba por entonces. De todas las cualidades que el libro de Varela reunía, sin duda una de las más apreciables era su examen del favor y su apunte sociológico sobre el poder de la influencia. Me explicaré.

En principio, cuando decimos de alguien que es un individuo que hace favores nos referimos a aquella persona que presta alguna ayuda o protección gratuitas a otra u otras, que las precisan y que pueden o no habérselas pedido. Se trata, por tanto, de un servicio, de un beneficio, de una gracia que se realiza sin esperar su pago, concedido o recibido como un presente o regalo. Por otra parte, cuando decimos de alguien que ejerce una influencia hablamos de aquella persona que tiene ascendiente sobre otra u otras, esto es, aludimos a la autoridad de que goza aquél y que le permite ejercer un predominio. Un individuo influyente es, pues, alguien que tiene peso y que, por eso mismo, por estar bien situado, puede causar hechos o remover obstáculos. Obsérvese que no nos referimos a quien desempeña su función prescrita y formal, a quien se atiene a la norma establecida según las competencias que le están asignadas. Nos referimos, por el contrario, a aquel que hace valer un predominio que va más allá del reglamento y que se fundamenta en su persona, en su patrimonio o en su cualidad. Decía Max Weber que la burocracia contemporánea tiende a eliminar aquel factor, convirtiendo la tarea en una labor asignada de antemano, regulada, impersonal: el individuo que la desempeña sólo es uno más, competente, preparado, pero reemplazable por otro que pueda demostrar igual solvencia. Un empleo en el sistema legal-racional descrito por Weber, en la Administración moderna, no es una plataforma para conceder favores o librar regalos, sino un puesto reglamentario que ejecuta acciones para la colectividad. El favor siempre es personal y su base es el presente, el don.

Hace muchos años, un sociólogo contemporáneo de Weber, Marcel Mauss, escribió un luminoso Ensayo sobre el don y con él abordaba el significado de los regalos. Más allá de los parientes, la lógica del regalo es la de suavizar el roce, la de favorecer el intercambio, la de mitigar las hostilidades: el presente circula, facilita la irrigación social, afianza la paz entre individuos o grupos potencialmente hostiles, crea o refuerza la amistad, premia a los próximos. En principio, donar presentes es gratuito: en el sentido de que regalamos porque queremos y quien recibe el obsequio no nos abona en metálico una suma con la que costear ese dispendio. ¿Gratuito? Lo que pudo observar Mauss es que el regalo establece en realidad un servicio obligatorio. Cuando obsequiamos a alguien con un presente y éste lo acepta, entonces se crea entre nosotros un sistema invisible, pero real, de obligaciones, una red de prestaciones y contraprestaciones que para funcionar implica devolución proporcionada, equivalente. Piénsese, por ejemplo, que la lógica de funcionamiento de la Mafia o de la Camorra son de esta índole: desde el siglo XIX reparten servicios como si de obsequios se tratara con el fin de suplantar al Estado, de cubrir sus carencias, enredando a sus favorecidos en una obligación criminal.

Si no devolvemos o si regalamos con algún objeto de ínfimo valor a quien previamente nos gratificó con prodigalidad, entonces humillamos, incurrimos en el gesto descortés, en la cicatería, o, más simplemente, proclamamos nuestra hostilidad, la guerra. Dos amigos empiezan a dejar de serlo justo cuando alguno de ellos se obstina en zaherir al otro con los presentes que no devuelve o con las baratijas o nonadas con que cree cumplir. Cuando Varela Ortega hablaba de los amigos políticos se refería a esas relaciones instrumentales que se dan en las instituciones en virtud de las cuales alguien con poder, un patrono, hace favores más allá del reglamento, reparte a manos llenas y hace valer su influencia para allanar objetivos y metas: concesiones, contratas, etcétera. El favorecido, el cliente, no recibe gratuitamente y, como indicara Mauss al hablar del don, queda atrapado en la red de las obligaciones, de las contraprestaciones: ha de remunerar al primero con algún tipo de gratificación, suma o bien material que salde una deuda contraída.

Las palabras no son inocentes y la retórica pública de nuestros representantes exige de ellos un cuidado exquisito, sabiendo qué hay detrás de cada voz, qué historia acarrea el léxico que emplean, qué concepto y qué acepciones incorpora. Es desolador que la principal defensa que Francisco Camps haga del presidente de la Diputación de Castellón sea la de amistad, como es también decepcionante que Eduardo Zaplana se refiera a Carlos Fabra arguyendo que cree que éste no habrá hecho nada que no sea honorable. Lo honorable no es lo legal, lo lícito. Hay, en efecto, en la sociedad comportamientos perfectamente honorables que, sin embargo, son conceptuados como delictivos, tal vez porque la ley lleva siempre algo de retraso frente al avance de la moral pública. Y hay conductas que no se reputan como delictivas por el ordenamiento quizá porque no figuran en la letra de la ley o quizá porque son invisibles, porque no se pueden probar. Por eso, es una triste, muy triste defensa, la que Eduardo Zaplana hace de la conducta legal o pública de su correligionario. Pero, más equivocada es, si cabe, la solidaridad mostrada por el Presidente de la Generalitat: argüir en política la amistad es, sin más, evocar las redes de favores, el ejercicio oculto de la influencia, el reparto de obsequios materiales o inmateriales, la gratificación personal y la prodigalidad. Si yo fuera Carlos Fabra pediría a mis conmilitones otra defensa: la invocación de la ley, de la trasparencia y de la publicidad de la gestión y no la honorabilidad y la amistad. La esfera pública democrática se basa en lo primero; en lo segundo se fundamentan la red clientelar que presta favores, la oligarquía, el caciquismo y la granjería.

Justo Serna es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia