La jueza propone prorrogar la investigación a Eduardo Zaplana otros seis meses

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga en el caso Erial al expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, ha propuesto prorrogar la investigación durante seis meses más ante la necesidad de desarrollar nuevas pesquisas del caso Erial, que investiga el supuesto pago de las comisiones recibidas por las adjudicaciones del servicio de ITV y el Plan Eólico Valenciano.

En una diligencia remitida a las partes personadas en la causa, la magistrada advierte de que “no se encuentra analizada toda la documentación intervenida” y de que “de su análisis podría resultar necesaria la práctica de nuevas pruebas”. Por ello, considera necesaria una nueva prórroga de otros seis meses y consulta a las partes y al Ministerio Fiscal para que hagan al respecto las alegaciones que consideren. La mayoría de las defensas, incluida la de Eduardo Zaplana, se han opuesto a esta prórroga, según ha podido saber Europa Press. La Unidad Central operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó, hace apenas un mes, un informe de más de 440 páginas en el que detallaba el retorno a España del dinero supuestamente procedente de mordidas tras ser movido en el extranjero.

El exdirigente del PP fue detenido el 22 de mayo de 2018 y fue puesto en libertad el 7 de febrero de 2019 aunque, de esos 259 días, 51 los pasó en el Hospital La Fe de Valencia, donde fue asistido para controlar varias dolencias que son consecuencia de la leucemia que padece desde 2015.

En el caso Erial figuran como imputados, además de Zaplana, el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, el exconsejero y ex secretario de Estado con el PP Fernando Castelló, la exdiputada del PP Elvira Suanzes y empresarios como Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro, y Saturnino Suanzes, abogado y posible gestor de fondos “b” y hermano de la citada ex diputada autonómica.

También lo están la mujer de Zaplana, Rosa Barceló; su hija María Zaplana y su secretaria Mitsuko Henríquez. Sobre Zaplana y la mayor parte de procesados pesan las acusaciones de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

El foco del caso está puesto sobre las adjudicaciones de las ITV de la Comunidad Valenciana en 1997 y sobre el plan eólico autonómico en 2011, unas operaciones que, mediante el supuesto cobro de comisiones ilícitas, pudieron reportar a la trama supuestamente corrupta cerca de 11 millones de euros.

Por el momento se ha descubierto gran parte del supuesto entramado societario que sirvió a Zaplana y sus testaferros para ocultar esos fondos, pero al parecer queda por analizar diversa información sobre operaciones comerciales e inmobiliarias posteriores que pudiesen haber servido para repatriar fondos desde cuentas en el extranjero y blanquearlos.

El juzgado tiene pendiente pronunciarse sobre una de las últimas peticiones efectuadas por la defensa de Zaplana relacionada con el desbloqueo de sus pólizas de seguro para afrontar los gastos médicos derivados de su enfermedad -leucemia- y de una neumonía como consecuencia de la covid. En total, el investigado presentó al juzgado facturas por importe de 9.060 euros, todas correspondientes a 2021.