El arduo camino para dejar la chabola y habitar una vivienda social

Una hija de María se llama Rocío. La madre le puso ese nombre por la trabajadora social que contribuyó a cambiar su vida. Nació en una chabola y ahora habita un piso. Ha conocido varios asentamientos en Valencia, sin agua corriente ni electricidad, entre el barro. Cuando tiraban a su familia de uno, se buscaban otro. En el último, en la Alquería de las Moreras, junto al polígono industrial de Vara de Quart, empezó una intervención social integral que ha durado 12 años.

Allí conoció a Rocío Moya, la coordinadora del equipo que ha logrado realojar a las cinco familias de un mismo clan, que llegó a sumar 30 personas, en varias viviendas sociales de la ciudad y normalizar sus vidas. “Todo ha cambiado mucho. Desde hace dos años dormimos en una casa, bajo techo, sin pensar en ir quitando el agua cuando llueve. Mis hijas están escolarizadas y han cambiado de colegio sin problema”, comenta María, de 31 años.

Esta larga intervención, que aún continúa, revela las enormes dificultades para atajar un problema que padecen las principales ciudades y que se visualiza con relativa frecuencia. A principios de agosto, la presión vecinal impidió que la policía desalojara a una treintena de personas, mayoritariamente rumanos, que viven en dos inmuebles de Valencia en riesgo de derrumbe. Se planteó de nuevo la búsqueda sobrevenida de una alternativa habitacional en el insuficiente parque de viviendas sociales y públicas. La mayoría de los vecinos ha aceptado la propuesta temporal ofrecida por el Ayuntamiento, pero el problema continúa.

Los trabajadores sociales como Rocío saben que la vivienda por sí misma no resuelve un problema mucho más complejo. “A medio y largo plazo el recurso de la vivienda no es la solución, si previamente no se han normalizado muchos aspectos relativos a la exclusión”, explica. “En 2009 empezamos a intervenir en Vara de Quart. Fue muy dificultoso. Eran familias nacidas ya en la marginalidad que no habían cogido ni siquiera un autobús. Vivían en condiciones insalubres, con algún motor que por la noche daba algo de luz. Siempre al margen, excluidos. No conocían el centro municipal de servicios sociales ni los recursos para ayudarles. Lo primero que hicimos y nos costó mucho fue ganarnos su confianza. Montamos un taller de alfabetización, arreglamos papeles. Acabamos estableciendo una relación personal. Es lógico: he visto crecer a muchos de esos niños y cómo han evolucionado”, señala por teléfono la coordinadora de atención integral de la asociación Alanna, contrata del Ayuntamiento de Valencia.

“Es normal que al principio desconfiáramos, hasta que las fuimos conociendo bien. A Rocío, Belén, Mamen, José Luis”, apunta María, en alusión a los profesionales que han participado a lo largo de la intervención. “Queríamos tener otra forma de vida y lo estamos consiguiendo”, añade la joven, que prefiere no salir en las fotos, ni dar muchos detalles de su identidad. Asegura que en alguna ocasión se ha sentido señalada por ser gitana, como su familia. “También tengo cuñados payos, eh”, apostilla sonriendo.

Las familias del asentamiento fueron creciendo, dedicados a la recogida de chatarra y cartones. Ahora son perceptores de la renta valenciana, tras ser realojados paulatinamente en varias viviendas municipales desde 2018. “Se ha observado una evolución continuada de las familias, una vez que ya han sido realojadas en vivienda municipal”, dice el informe del equipo. “Si al inicio se observaba falta de documentación básica, falta de hábitos de higiene, sobre todo por la inexistencia de suministros básicos, absentismo escolar, nula implicación de los padres en la educación de los menores, falta de habilidades sociales o una nula planificación económica, puesto que los únicos ingresos de los que disponían eran irregulares de la recogida y venta de chatarra, actualmente se ha conseguido una plena normalización documental, con DNI, cartillas de vacunación, tarjetas sanitarias, inscripción en el servicio de atención laboral, libros de familia numerosa, etcétera”.

El jefe de la sección del Programa de Inserción Social y Laboral de la consejería de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Manuel Salvador, pone como ejemplo la intervención integral en Vara Quart: “El realojo en una vivienda normalizada, si no hay trabajo previo, está condenado al fracaso en un porcentaje altísimo por problemas de integración, por conflictos en la comunidad de vecinos...”. En la ciudad de Valencia hay identificados en estos momentos 27 asentamientos de chabolas, integrados por cerca de 500 personas, un número que va fluctuando.

En la ciudad de Valencia hay identificados en estos momentos 27 asentamientos de chabolas, integrados por cerca de 500 personas, un número que va fluctuando. Desde el principio de cualquier intervención se intenta mejorar la dignidad y las condiciones de vida de la gente que habita las infraviviendas, con el conocimiento de que una intervención estructural de mejora del propio poblado de chabolas puedan generar un efecto llamada y, en consecuencia, perpetuar la situación y amplificar el problema.

Dignidad de las personas

“Hay que valorar las alternativas que se ofrecen mientras se interviene, siempre pensando en la dignidad de las personas. Creo que se tiene que plantear el modelo de ciudad que se quiere con propuestas y análisis de esta problemática, que muchas veces no se contempla”, apostilla Manuel, que ha intervenido también en el último realojo por el mal estado de dos edificios en Valencia.

Rocío comparte la misma idea e insiste en destacar también los casos en que esa buscada integración se produce, como en el caso de la Alquería de las Moreras. “Es muy satisfactorio. Partimos de cero. Los niños ya no nacen en las chabolas. No viven en ellas, sino en una vivienda vertical. Los menores viven en otra realidad distinta a la de los adultos. Son cambios muy significativos. Si no hubiera habido una intervención integral, continuarían excluidos”, afirma la trabajadora social.