La Generalitat prepara nuevas operaciones con bancos para encarar la salida del FLA

Durante casi tres lustros, el Estado ha sido prácticamente el único banco al que ha podido acudir la Generalitat. Cuando Andreu Mas-Colell, Oriol Junqueras, Pere Aragonès, Natàlia Mas o Alícia Romero han tenido que pedir un préstamo se han encontrado a Cristóbal Montoro o María Jesús Montero al otro lado de la ventanilla. No había otra opción: los mercados financieros se habían cerrado a cal y canto durante la crisis del euro para Cataluña y otras comunidades.

El Govern busca ahora romper el corsé de los mecanismos desplegados por el Estado, en especial el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y regresar a la financiación bancaria en búsqueda de unas mejores condiciones a pesar de las limitaciones que imponen su deterioro financiero, según explican fuentes del Ejecutivo catalán. El Gobierno de Salvador Illa espera reducir el peso de esos instrumentos, de casi el 85%, con la quita de la deuda que Montero aún espera que el Congreso apruebe con ella como ministra, una parte de las refinanciaciones de la deuda del FLA y ahora un préstamo para cubrir deuda nueva.

En los próximos días, el Govern cerrará la firma de ese crédito, de 292,75 millones de euros para financiarse. Es la primera vez que lo hace desde hace 14 años, cuando un lacónico Andreu Mas-Colell, entonces responsable de la Hacienda catalana, anunciaba en la BBC que iba a precisar de la asistencia financiera del Estado después de buscar recursos mediante varias emisiones de bonos patrióticos que compraban ciudadanos particulares con rentabilidades que superaban el 5%.

Durante años, el FLA no solo permitió a Cataluña y a otras comunidades acceder a la deuda, sino hacerlo en mejores condiciones. Por ejemplo, según Fedea, Cataluña se financió entre 2022 y 2025 a unos tipos de interés que oscilaban entre el 1,2% y el 2,1%, mientras que Madrid, que rechazó acudir al FLA, pagó entre el 3,3% y el 3,6%. “El FLA fueron lentejas, no había otra alternativa. No lo veo como una cárcel en la que estén presas las autonomías. Incluso las que no acudieron a él se han financiado a un mayor coste. Pero sí es una anomalía y es lógico que las comunidades vayan volviendo a los mercados con acuerdos como el de la quita”, afirma Javier Loscos, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

El diseño del FLA es cuestionado tanto dentro como fuera de España. El Banco de España ha venido advirtiendo de la “fuerte dependencia” de algunas comunidades, entre ellas Cataluña o la Comunidad Valenciana, respecto a los recursos del Estado, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido su reforma para que sea un instrumento de último recurso y permita que las autonomías regresen a los mercados financieros.

La Generalitat, cuya deuda asciende casi a 86.000 millones, también considera que los tipos con los que se está financiando ahora con el FLA, más elevados, aconsejan ir regresando a los mercados financieros. El año pasado ya refinanció alrededor de 3.500 millones de euros en los mercados. Y espera volver a hacerlo este año, cuando tiene que amortizar 7.830 millones de euros. No obstante, esa opción viene limitada por los topes que fije el Ministerio de Hacienda dado el deterioro financiero que lleva arrastrando desde hace años.

La consejería que lidera Alícia Romero espera avances por tres vías. La primera, está casi cerrada: la obtención de un crédito bancario para financiar parte del déficit en el que incurrirá este año a un interés equivalente al del Tesoro más 0,20 puntos porcentuales. La segunda, se hace de rogar y consiste en la quita del FLA pactada con ERC, que le permitirá sacarse de encima 17.000 millones de una tacada y ahorrarse 175 millones de euros este año. La rebaja de la deuda estatal debe llegar en las próximas semanas al Congreso de los Diputados, previsiblemente todavía bajo el mandato en Hacienda de María Jesús Montero, que dejará el cargo con la convocatoria de elecciones en Andalucía.

A la espera de la financiación

Montero, sin embargo, ya no estará en su cargo cuando pase por el Congreso el tercer hito: la reforma del sistema de financiación. Esa puerta debe permitir la entrada de 4.686 millones extra a las arcas catalanas, que además dejarán de alimentarse a través de anticipos que, según se quejan casi todas las comunidades, complican la planificación financiera a medio plazo. A partir de ahora, la Generalitat podrá ir recibiendo los ingresos tributarios por su participación en los impuestos cedidos a tiempo real.

Todos esos números deben quedar plasmados en unos Presupuestos que el Ejecutivo catalán esperaba poder haber llevado ya al Parlament a finales de enero, explican fuentes conocedoras de las negociaciones. Sin embargo, la demora en alcanzar con Hacienda un acuerdo para la gestión del IRPF ha complicado el diálogo con ERC para sacar adelante las cuentas. Estas fuentes también explican que la crisis de Rodalies ha paralizado cualquier tentativa de llevar unas cuentas al Parlament, máxime cuando la consejera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha sido reprobada por segunda vez por el Parlament.