Albiol desaloja el mayor asentamiento de inmigrantes de Cataluña sin ofrecer alternativas: “Que Pedro Sánchez les busque vivienda”

Badalona ha ejecutado este miércoles el desalojo del antiguo instituto B9, convertido en el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña. El alcalde, Xavier Garcia Albiol (PP) ha logrado al fin su objetivo de expulsar a los más de 400 personas, la mayoría de origen subsahariano, que durante más de dos años han hecho de este espacio su refugio. Salvo para una exigua minoría, la ciudad no tiene una alternativa que ofrecerles, lo que aboca a los ocupantes al desamparo. Lo ha dejado claro Albiol en una comparecencia pública para celebrar el desalojo y sacudirse la responsabilidad sobre lo que ocurra a partir de ahora con los residentes: “Pedro Sánchez dice que hemos de acoger a todo el mundo, pues ahora le corresponde a él buscarles una vivienda”.

“Este es el modelo que defiende el gobierno de Badalona”, ha sostenido Albiol a mediodía, cuando el desalojo, en el que ha participado un amplio dispositivo de Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana y Policía Nacional, estaba concluyendo después de casi cinco horas. Aunque se han vivido episodios puntuales de tensión, la operación se ha llevado a cabo sin incidentes y en un B9 que estaba más vacío que de costumbre. Durante los últimos días, a la espera de un desenlace que iba a producirse de un momento a otro, muchos de los residentes se han marchado (unos 150, según el Ayuntamiento). De modo que este miércoles permanecían allí unas 200 personas. Un total de 181 han sido identificadas y 18 personas han sido detenidas por la Policía Nacional en aplicación de la Ley de Extranjería.

Los alrededores del instituto B9 se han convertido en un ir y venir de personas arrastrando maletas y carros de la compra con los enseres que han rescatado del desahucio. Los servicios sociales han accedido al interior del instituto; fuera, sin embargo, los ocupantes han permanecido toda la mañana en una plaza, sin que nadie del Ayuntamiento se interesara por su suerte. Convertidos en una especie de administración paralela, los abogados y miembros de los colectivos que les dan apoyo han instalado mesas y sillas para tomar nota de sus datos y hacer un seguimiento de su situación, convertidos todos ellos ya en personas sin techo.

El Ayuntamiento de Badalona ya argumentó, en el proceso para obtener la autorización judicial, que no tenía capacidad de ofrecer una “alternativa habitacional” a los residentes del B9 a pesar de que 166 de ellos tenían seguimiento de servicios sociales. El 4 de diciembre, la jueza avaló la entrada del consistorio en el recinto y exigió que se activara “el protocolo de asistencia para personas sin techo”, aunque sin especificar (al contrario de lo que sí había solicitado la Fiscalía) medidas concretas. El despliegue de los servicios sociales ha sido, en la práctica, mínimo.

Albiol ha especificado que, en los últimos días, se ha logrado “un hospedaje temporal” para “16 o 17 personas”, mientras que a otras 50 se le han tomado los datos para que pasen a estar bajo seguimiento de los servicios sociales, sin que eso signifique que se les vaya a dar soluciones. Para el resto, nada. “El Ayuntamiento no va a gastar ni un euro en dar vivienda a gente que se ha dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, ha dicho el alcalde, que desde el inicio de la crisis ha vinculado a los ocupantes con la delincuencia y el incivismo.

Críticas a la Generalitat

Frente al drama humano de ver a cientos de personas en la calle, y la posibilidad de que se instalen en otros puntos de la ciudad o de municipios cercanos, Albiol ha tratado de expulsarse la responsabilidad. Y ha criticado a la Generalitat e incluso a otros consistorios por no ofrecer ayuda. “Hemos dado voces y hecho gestiones para si algunas personas pudieran pasar la noche en pensiones y nadie ha querido acogerlos, y ayer [por el martes] la Generalitat nos dijo que no habían encontrado alternativas para estas personas”. La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, le había recordado antes que, según las resoluciones judiciales, “es competencia del consistorio” encontrar una alternativa a esas personas. Martínez Bravo ha defendido, aun así, la necesidad de desalojar a las personas de “unas instalaciones que no reúnen las garantías” para vivir.

Los ocupantes discrepan: con sus dificultades, el B9 se ha convertido para ellos, después de años de pasar de nave a nave y de local en local, en algo parecido a una vivienda, un techo al menos bajo el que guarecerse. Y ese techo precario se ha venido abajo a las 7.00, cuando las primeras furgonetas han llegado a los alrededores del centro. No hubo sorpresa de última hora, y ni siquiera las intensas lluvias que la víspera había anegado parte de la ciudad alteraron los planes. Las protestas convocadas a primera hora o los recursos judiciales de última hora tampoco han servido: horas antes del deshaucio, las abogadas del colectivo supieron que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) había dicho no a su exigencia de paralizar el desalojo. La resolución del tribunal, con sede en Estrasburgo, especificaba que podían volver a reclamar medidas si había “un cambio de circunstancias”, en especial, si “los servicios sociales fallan a la hora de proveer de asistencia adecuada”.

El desalojo ha sido la estocada final para los residentes del B9. Ibrahim N., nigeriano, llegó a España hace un mes y vivió algunos días en el asentamiento. “Salí la semana pasada. Había mucha gente y ya se decía que la policía podía llegar en cualquier momento”, ha explicado junto al primer grupo que ha salido del recinto al son de tambores y batucadas. Allí, en el exterior, se han concentrado activistas en protesta por el desalojo y con críticas a la policía. “A mí me pagan el sueldo por echar a la gente del pueblo a la calle”.

En la calle, la gran incógnita de esta operación de desalojo es qué ocurre ahora con los migrantes. Forzados a moverse en los últimos años, a golpe de desalojo, no hay soluciones al alcance para la inmensa mayoría. Los que se han ido antes del desalojo, explican personas del colectivo que les apoya, se han instalado “en otros asentamientos” o, directamente, en tiendas de campaña al raso. El resto, o sea la mayoría, no tienen tampoco un lugar adonde acudir.

Albiol se ha mostrado ajeno a ese debate. Tras un cartel en el que anuncia que “la ocupación es un delito”, ha dicho que el desalojo “no va contra nadie ni tiene que ver con el color de piel”, pero ha insistido en que es “necesario y justificado” poner fin a una “ocupación masiva e ilegal” que “generaba problemas graves de seguridad”. El Ayuntamiento ha tomado medidas para evitar que el B9 pueda ser ocupado de nuevo: ha contratado vigilancia privada y en los próximos días y semanas limpiará el recinto, derribará los techos y derribará la totalidad de las instalaciones. “Será un solar vallado”, ha dicho, antes de iniciar el proyecto para convertirlo en una comisaría. Albiol ha incidido en que el ayuntamiento hará “todo lo posible” para que no se instalen en otros espacios de la ciudad.

Illa: “Hay que cumplir las leyes”

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles en la última sesión de control del año que el desalojo se está haciendo “con valores” y procurando “atender a todos los que hay que atender”. Illa ha justificado el desalojo porque “hay que cumplir las leyes” y, en este caso, ha habido una juez que ha dado el mandato de proceder a este desahucio, “que no ha instado el gobierno de Cataluña, sino el Ayuntamiento de Badalona”.

La líder parlamentaria de Comuns, Jéssica Albiach, ha denunciado que el desalojo es una “vulneración de los derechos humanos”, ha protestado, y ha urgido a aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Regularización Ya y a acabar con los problemas de infravivienda.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha calificado de “deplorable” la negativa del alcalde de Badalona a ofrecer una alternativa habitacional a las personas desalojadas. En un mensaje publicado en la red social X, Prieto ha reprochado a Albiol que “no conoce sus propias competencias en materia de servicios sociales” y ha añadido que evita emplear términos más duros por “respeto institucional”, un respeto que, según afirma, el alcalde “nunca ha tenido en su vida”.