Salvador Illa acuerda la compra de 1.000 pisos a La Caixa por valor de 87 millones de euros
El ‘president’ afirma que la adquisición persigue aumentar el parque público de vivienda con el objetivo de alcanzar el 15% del total

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles la adquisición de 1.000 pisos a InmoCaixa, la filial inmobiliaria de CriteriaCaixa, para aumentar el parque público de vivienda en Cataluña. En la conferencia Catalunya Lidera, celebrada en la Fira de Sabadell, el president ha precisado que la compra-venta, que firmará Incasòl, implica el desembolso de 87,2 millones de euros en 1.064 pisos distribuidos en una quincena de municipios, incluido Sabadell, para aumentar el parque público de vivienda de alquiler. “Quiero recalcar el concepto inversión porque son viviendas que incrementan el parque”, ha afirmado. La adquisición comporta que los actuales inquilinos puedan seguir viviendo en sus casas en régimen de alquiler.
Con este acuerdo, el Govern ha cerrado ya la compra este año de 2.000 viviendas, 1.900 de ellas procedentes de La Caixa. Entre ellas, figuran también 170 pisos de la citada inmobiliaria por valor de 15 millones de euros. Precisamente, este martes el Consell Executiu certificó esa transacción. Además de esas dos operaciones, el Ejecutivo e Inmocaixa cerraron en octubre del año pasado la compra-venta de otros 450 pisos por 30 millones de euros -Illa lo anunció en el congreso de la UGT- además de otro lote de 214. La inmobiliaria de la entidad financiera ingresará en total con esas operaciones que superan los 130 millones de euros. El pacto de los 450 pisos lo perfiló el Govern Aragonès.
La operación se inscribe en el plan estrella del Govern de construir 50.000 pisos hasta 2030 con una inversión de 4.100 millones de euros. “Son casi 2.000 pisos en un año. Se trata de la adquisición más grande hecha nunca por la Generalitat”, ha subrayado el president, que tiene como eje de mandato velar por el acceso a vivienda y extender el concepto de la prosperidad compartida. Illa ha destacado que el acuerdo de este miércoles comporta garantizar estabilidad residencial a los actuales inquilinos porque podrán seguir viviendo en los pisos que habitan. “Seguimos sumando”, ha recalcado Illa. “Cumpliremos el Plan 50.000 y no pararemos hasta alcanzar el 15% de vivienda pública del parque total. En vivienda vamos a por todas”, ha sostenido.
Los pisos adquiridos por Incasòl están ubicados en Barcelona (182), Cornellà (112), L’Hospitalet (seis), Mataró (uno), Montornés del Vallès (19), Sant Just Desvern (118), Setmenat (109), Sitges (186), Terrassa (75), Sabadell (nueve) y Tordera (41). Mientras que en Lleida serán 49, en Tarragona seis y en Olot (Girona), 16. En un comunicado, el Govern sostiene que InmoCaixa está realizando desde 2021 un proceso “responsable y gradual” de desinversión en vivienda, priorizando la venta a los propios inquilinos que los han querido comprar, así como a las administraciones locales y autonómicas.
Illa ha sacado pecho de su apuesta por las políticas públicas de vivienda como el plan de barrios o la reserva pública de solares. Sobre este último punto, ha detallado que el Vallès Occidental, cuya cocapital es Sabadell, cuenta con los solares suficientes como para construir 2.618 viviendas protegidas. “¿De qué sirve generar prosperidad si no garantizamos el acceso a la vivienda como un derecho y no como un negocio especulativo? Es imprescindible para el dinamismo económico y para garantizar el equilibrio territorial", ha apostillado.
En una atención a los medios previa a la primera sesión de trabajo con los Comunes para abordar la prohibición de la compra especulativa, la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha defendido que la compra mediante el tanteo y retracto por parte de la administración es una vía más rápida que la de construir el parque de vivienda protegida. La consejera ha concretado que estos inmuebles perdían de forma progresiva, entre 2035 y 2042, el carácter de VPO, por lo que con esta compra se mantiene su protección ad eternum.
El anuncio de Illa ha coincidido con la publicación de la asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña (API), que constata un crecimiento de la compraventa de viviendas de un 8% interanual en el tercer trimestre de 2025. En este periodo, las operaciones ascendieron hasta las 27.733, y Barcelona concentró el 65% del total (18.104 operaciones). Los resultados reflejan que el precio medio de compra fue de 2.670 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 6,2%. La cifra representa así el valor más alto desde el segundo trimestre de 2009 en términos absolutos.
El precio del alquiler subió un 3,9 %, hasta los 855 euros al mes, según el análisis de la API a partir de las fianzas depositadas en el Incasòl. La provincia de Barcelona alcanzó los 946 euros, por delante de Girona (669), Tarragona (596) y Lleida (502). El número de contratos de alquiler cayó en el segundo trimestre del año, hasta los 26.416 en Cataluña, con un descenso interanual del 9,9 % (tras una caída del 19,6 % del primer trimestre). La capital catalana concentró 19.326 contratos, muy por encima de Girona (2.802), Tarragona (2.854) y Lleida (1.434).
El Govern trata de disipar las dudas sobre prohibir la compra especulativa en la primera sesión de trabajo con los Comunes
El Govern de Salvador Illa se ha sentado este miércoles con los Comunes para empezar a aclarar qué encaje jurídico puede tener la propuesta de los Comunes sobre prohibir la compra especulativa de viviendas en zonas tensionadas. Ambas formaciones encaran esta primera sesión de trabajo para disipar las primeras dudas sobre cómo abordar la complejidad del asunto. ”Hemos oído muchas veces al Govern decir que no le temblarán las piernas a la hora de controlar la especulación. En esta primera sesión veremos si se lo toman en serio, porque a la hora de aplicar las sanciones a quienes se saltan la ley que regula el precio del alquiler, no lo hacen", ha espetado la diputada de los Comunes en el Parlament, Susanna Segovia. La mesa de trabajo se reunirá semanalmente y cuatro expertos asesorarán a los dos socios de Govern: Jaime Palomera, del Institut de Recerca Urbana de Barcelona; Pablo Feu, autor del informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que avala la prohibición; y las juristas especializadas en vivienda y urbanismo Fuensanta Alcalà y Rosa Fornàs.
La dificultad radica en que la propuesta de los Comunes busca modificar la Ley de Urbanismo y desde ERC, partidario de la medida, recuerdan que también es necesaria una tramitación en el Congreso de los Diputados. En la sesión de control del 5 de noviembre, Illa se comprometió con sus socios de investidura a estudiar la propuesta, pero pidió “realismo” ante todo. A pesar de advertir a Illa que sería un tema central de cara a la negociación de presupuestos, los Comunes han optado primero por blindar jurídicamente la propuesta. Tal y como explicó el martes la consejera Paneque, ambas formaciones tratan de acelerar el trabajo para poder presentar unas primeras conclusiones durante el primer trimestre de 2026. Dichos resultados deberán analizar la aplicabilidad de la medida, el recorrido normativo que requeriría, los calendarios de aplicación y los efectos que pueda tener sobre el mercado de la vivienda.
La consejera ha añadido que en esta comisión analizarán el informe jurídico del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) que avala esta limitación. "Debemos analizar este informe del AMB que habla sobre herramientas urbanísticas que nos pueden ayudar en la regulación de los usos, y que el uso sea de forma prioritaria, residencial, en las zonas tensionadas y siempre de carácter temporal". Posteriormente, durante el primer trimestre de 2026, se prevé analizar la propuesta con "los grupos parlamentarios que puedan dar apoyo a una iniciativa de este tipo", con quienes buscarán el camino jurídico más sólido, sea una proposición de ley (como la presentada por los Comuns), u otra opción. "Debe ser una medida siempre de carácter temporal, en zonas geográficamente acotadas como son las zonas de mercado tensionado, y vinculando la operación de compra a un uso de alquiler residencial, fundamentalmente", ha remarcado Paneque.
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