Juanjo esquiva su desahucio gracias a una pionera receta: su piso lo ha comprado una cooperativa

Romper la baraja, a las buenas. El no-poder-dormir de Juanjo Hernández Riesco, vecino del castigado barrio de Ciutat Meridiana, en Barcelona, ha terminado. “Hemos dado la vuelta a la tortilla, me veía en la calle”, suspira. Tiene 56 años y desde que estalló la crisis inmobiliaria, ha vivido casi permanentemente en riesgo de perder su vivienda: se hipotecó, se quedó en paro y sin poder pagar, entregó el piso al banco a cambio de quedarse con un alquiler social... El piso ha cambiado hasta cinco veces de manos en la selva inmobiliaria y hace un tiempo Juanjo perdió la condición de vulnerable que le permitía tener alquiler social por un pequeño aumento de salario en su trabajo de cocinero en una escuela, hasta 1.200 euros. En abril y mayo, Juanjo se libró de dos desahucios parados en el último minuto. Literalmente: la primera vez porque se concentraron cientos de vecinos y activistas; la segunda, al comprometerse a comprar el piso. Pero no tenía para dar la entrada. Le ha salvado una pionera solución fruto de un convenio entre el Sindicato de Inquilinas y la cooperativa de vivienda Sostre Cívic.

La cooperativa ha comprado el piso, financiado con un préstamo del Instituto Catalán de Finanzas bonificado por la Agencia de la Vivienda Generalitat; y Juanjo se ha hecho socio y pagará un derecho de uso mientras viva a Sostre Cívic, que será la propietaria durante 75 años, cuando el piso se integrará en el parque público de alquileres. La compra se integra en el programa del ICF de adquisición y rehabilitación de vivienda para engrosar el parque público.

Lo anunciaron este jueves las partes. Estaba previsto hacerlo en una celebración - rueda de prensa en la plaza Roja de Ciutat Meridiana, por su simbolismo: con el barrio que fue símbolo de los desahucios de fondo y en la plaza donde estaban las oficinas bancarias donde los vecinos se hipotecaron. Pero debido a las fuertes lluvias, fue en una comparecencia por internet.

“Estoy supercontento, pero ojo: si no hubiera sido por la lucha, mi alternativa era acabar en una pensión o alquilar una habitación”, expresa Juanjo, que lleva años de activista en el Sindicato y señala: “La solución no ha venido ni de la administración, ni de la propiedad [la sociedad de gestión Divarian originariamente vinculada al BBVA]. Ha sido la lucha y el convenio del Sindicat y la cooperativa. Y mi caso no debería ser la excepción, sino la regla, porque la gente que trabaja y paga impuestos tiene que tener casa, sí o sí”. El piso, de 55 metros, se ha comprado por 54.200 euros y está previsto invertir otros 49.000 para rehabilitarlo y mejorar su eficiencia energética.

El Sindicato apuntó que “el caso de Juanjo demuestra que hay alternativas reales a la especulación: colectivas, comunitarias y eficaces”, añadiendo que la compra “no pretende ser un caso aislado, sino una estrategia replicable”. “Las cooperativas y sindicatos, con instrumentos públicos, pueden ampliar el parque asequible y proteger el derecho a la vivienda de la gente que vive de alquiler”, añadieron.

Por parte de la cooperativa Sostre Cívic, su portavoz, José Téllez, explica que esta compra pionera fruto del convenio con el Sindicato no es la fórmula habitual. “Sostre Cívic en otros casos ha comprado las viviendas de comunidades enteras” amenazadas de perder los pisos al ser adquiridas por empresas inversoras. “Estamos estudiando bloques en lucha de Barcelona localizados por el Sindicato”, explica. En el caso de Ciutat Meridiana, donde casos como el de Juanjo se repiten con frecuencia, no descartan replicar la operación. “Hemos actuado en un caso particular, pero si la línea pública de habilitar recursos se amplía, las cooperativas podríamos dar soluciones a edificios en lucha”, reivindica: “Cuando hay instrumentos públicos, las cooperativas podemos aportar la gestión, el Sindicato la lucha y la experiencia negociadora, en edificios concretos o en zonas donde hay mucho conflicto”. La cooperativa es propietaria de las viviendas que compra o promueve, de manera que los socios viven en ellas de forma estable y a un precio asequible.

Juanjo relata la épica de los dos intentos de desahucio de la pasada primavera. La primera, la comitiva judicial se marchó (a otro lanzamiento previsto en el mismo barrio) “por falta de efectivos policiales” para poder materializarlo. El segundo casi se ejecuta, pese a haber firmado un contrato de arras. Imagínate lo surrealista si me hubiera quedado en la calle con Divarian queriendo vender y yo queriendo comprar”. “Pero vivo al día, no tengo ahorros, siempre a remolque”, asegura. Confía en que la reforma le permite acondicionar un espacio para jugar con su nieta y pide: “Pon, por favor, que las instituciones tendrían que dar más cobertura a las cooperativas”.

El barrio de Ciutat Meridiana está a la cola en renta familiar media de la ciudad, suma oleadas migratorias y simbolizó el tsunami de desahucios cuando reventó la burbuja inmobiliaria. Aquí,las ejecuciones no cesaron ni durante la moratoria pandémica. Nadie tiene el recuento de los lanzamientos que ha habido en la zona, donde muchos de los pisos que se vaciaron fueron ocupados, con lo que la rueda de las ejecuciones no acaba nunca.