Los sindicatos educativos lamentan el bloqueo de las mejoras del personal laboral por el relevo constante de cargos en el Departamento

Los sindicatos educativos mantienen, desde inicio de curso, una reivindicación y protesta constante por la mejora del personal laboral, pero lamentan la “falta de avances” y el “bloqueo de las negociaciones”, principalmente, por el constante relevo de los responsables políticos en el Departamento de Educación encargados de la negociación, en este caso, el director de Servicios. “Las mesas de negociación no existen, solo hay un traspaso de información; asisten directores de servicios y subdirectores, pero no quien debe tomar las decisiones, que son los cargos políticos”, lamenta Conxita Mañé, de CC OO.

Los sindicatos aseguran que esta problemática se arrastra de gobiernos anteriores, pero la última muestra se ha producido este miércoles, con el nombramiento de un nuevo director de Servicios, Ignasi Simón, que sustituye al designado en agosto, Jordi Vendrell, pero que nunca tomó posesión del cargo, según Educación, “por motivos personales”. A su vez, Vendrell sustituía Emília Andreu, que asumió el puesto en agosto de 2024, con el inicio de la etapa de Salvador Illa, pero que dimitió el pasado junio, también por “motivos personales”.

Así, en unos 14 meses de legislatura ha habido tres directores de Servicios, un cargo responsable de gestionar, entre otros aspectos, el personal de administración y servicios de los institutos o el personal laboral de todo el sistema educativo. “Con la última responsable parecía que la cosa iba bien y que nos escuchaban, pero se marchó. Y al siguiente ni lo conocimos. Al Departamento ya le va bien, es una estrategia para que no se produzca ningún cambio ni ninguna mejora”, lamenta Raquel Garcia, de Ustec.

El personal laboral tiene sus propias reivindicaciones. El colectivo está formado por unas 5.000 personas, según cifras sindicales, e incluye perfiles tan variados como las educadoras de las 42 guarderías de la Generalitat, el personal de atención educativa (técnicas de infantil, integradoras sociales, fisioterapeutas, maestras de educación especial…) y docentes laborales (profesores de religión y parte de profesores de FP).

El colectivo se ve menospreciado en las negociaciones con el Departamento y que no ha logrado las mejoras que sí han conseguido los docentes. “Somos un colectivo muy precario y muy feminizado. Cobramos 100 euros por encima del salario mínimo, pero tenemos más carga física y mental porque trabajamos más horas presenciales que los maestros y trabajamos con alumnos con necesidades especiales. Por estos sueldos, la gente no quiere trabajar y tenemos las bolsas vacías”, lamenta la representante de Ustec.

Ante esta situación los diferentes sindicatos se unieron para coger más fuerza ante el Departamento y poner sobre la mesa una serie de reivindicaciones comunes, entre ellas, la reducción de jornada para los mayores de 55 años (algo que ya han logrado los docentes), un incremento de plantillas y una equiparación de la nómina con su categoría profesional, que se plasmaría en la creación de un complemento que implicaría un aumento del 25% del sueldo. “No puede ser que haya trabajadores, algunas madres solteras con hijos y que no lleguen a fin de mes y que tengan que pedir ayuda a Cáritas”, lamenta Garcia.

Este malestar llevó al personal laboral a iniciar el curso, el 8 de septiembre, con una jornada de huelga, y durante ese mes protagonizaron varias protestas ante la sede del Departamento de Educación. El colectivo llevará de nuevo sus reivindicaciones a la manifestación unitaria convocada para el 15 de noviembre en Barcelona en el que piden un aumento de sueldo del 25%, reducir las ratios en las aulas, derogar el decreto de plantillas, más inversión para la escuela inclusiva o la reducción de la burocracia.

Pero las reivindicaciones llegarán antes, concretamente este jueves, al Parlament en forma de moción presentada por ERC en el que se pide a Educación un reconocimiento de este colectivo, que se plasme en un aumento salarial, en la creación de un cuerpo de profesionales de atención educativa con plazas estructurales para evitar que dependan de programas temporales con fondos externos (lo que ha sucedido con los educadores y trabajadores sociales, que se ha recortado la plantilla tras finalizar uno de estos planes); o incorporar técnicos administrativos para descargar de burocracia a los centros.