El Govern asegura que defenderá “en las aulas y las calles” el modelo de escuela catalana

La consejera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, ha realizado este martes una defensa cerrada del modelo de escuela catalana, tras la sentencia de hace unos días del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que anuló parte del Decreto 91/2024, de 14 de mayo, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario. El pasado viernes, Niubó aseguraba que el Govern respondería con una “acción decidida” en la defensa “firme” de la lengua. De momento, ya ha anunciado que presentarán un recurso de casación. Pero a las puertas de la negociación de los nuevos presupuestos y ante la presión de Junts para que el Govern se muestre firme en la defensa del catalán en las aulas, la consejera ha lanzado un mensaje claro: “el Govern defiende y defenderá el catalán en las aulas y las calles como lengua inclusiva y transversal”.

Hace una semana se hizo pública la sentencia del TSJC, que anula 11 artículos del decreto del régimen lingüístico, que, entre otras cuestiones, fijaban tanto el catalán —y el aranés en el Valle de Aran— como lengua vehicular, mientras que el castellano queda cualificado como lengua curricular. El tribunal considera que estos artículos “no establecen una presencia razonable del castellano en la enseñanza, sino que determinan una situación de desequilibrio a favor de la lengua catalana”.

El decreto fue aprobado en mayo del año pasado por el Govern de Pere Aragonès ya en funciones y suspendido de forma cautelar poco después, en julio, de modo que no pudo entrar en vigor. No obstante, su espíritu —fomentar el uso del catalán— está recogida en otras normativas superiores que sí están vigentes, como la Ley de Educación de Cataluña (LEC) o las dos normativas aprobadas de urgencia en 2022 —el decreto ley 6/2022 y la ley 8/2022— como respuesta a la entrada en vigor inminente del 25% de castellano, aunque ambas esperan sobre la mesa del Tribunal Constitucional a que este se pronuncie sobre su legalidad. “No nos preocupa especialmente porque el decreto nunca entró en vigor y porque los pilares de nuestro sistema están en la LEC y en el Estatut. La base de nuestro modelo está garantizada”, ha rematado Niubó.

Recorte en educadores sociales

Además de esta declaración en favor de la lengua, Niubó comparecía ante la comisión parlamentaria para explicar las novedades del curso escolar. La consejera ha hecho un repaso de los programas en vigor o que se estrenan para reforzar las matemáticas y la lectura, y así poder remontar los malos resultados de los alumnos. También ha incidido en que otro de los retos es mejorar la atención de los más vulnerables, en un momento en que un tercio de los alumnos requiere de algún tipo de apoyo educativo.

Pero tras un año al frente del Departamento, los partidos de la oposición no han dado margen a la consejera y han criticado su gestión. Especialmente, le han reprochado que no afronte las polémicas. “Usted tiene la técnica de tapar agujeros y poner parches, y dejar pasar el tiempo cuando hay una polémica, a ver si se anestesiará”, le ha espetado la diputada de Junts, Anna Erra.

Uno de los puntos en que han coincidido los grupos es la crítica al recorte de 130 integradores y educadores sociales este curso, en un momento de gran complejidad en las aulas y cuando el departamento ha defendido una mejora de los alumnos más vulnerables. El recorte se debe a que Educación contaba con un programa financiado con fondos europeos que llegaba a 438 profesionales, que ha finalizado. Para compensar, el Govern iniciará uno nuevo, con 300 contrataciones, que deberían incorporarse ya a las aulas. Los grupos han pedido explicaciones a Niubó por la supresión del programa europeo, cuando el propio Departamento aseguró que se iba a prorrogar. “Eliminar el programa es dejar sin efecto cinco años de trabajo y romper los vínculos con los alumnos y la comunidad”, ha incidido la diputada de ERC, Irene Aragonès. Niubó ha defendido que el programa europeo finalizaba y por temas económicos no se podía mantener y ha admitido que los centros que han perdido un educador social son aquellos que ya tenían en plantilla y técnico de educación social.

Los partidos también han afeado la gestión del nuevo Departamento por la polémica en los errores en la adjudicación de plazas docentes, que obligó a repetir el proceso y acabó con el cese fulminante de un subdirector general, una decisión criticada y cuestionada por las direcciones. ERC ha sido insistente en este punto, preguntando por el expediente informativo que el Departamento abrió en julio y que, pese a no estar finalizado, se decidió el cese del cargo. La consejera ha respondido escuetamente asegurando que el expediente informativo ha derivado en un expediente sancionador, sin dar más detalle