Los directores salen en defensa del subdirector cesado: “Es un cabeza de turco, es el que más sabe de plantillas y normas en el Departamento”

Tras el revuelo por el caos y la supuesta manipulación en las adjudicaciones de verano del profesorado, que ha acabado con el cese del subdirector de Plantillas, Enric Trens, un grupo de directores ha salido en defensa del técnico para defender su profesionalidad y cuestionan su despido, que precisamente publicó este miércoles el Diario Oficial de la Generalitat. Las direcciones apuntan a otra posible causa del cese, muy diferente a la versión oficial del Departamento de Educación: la negativa a aplicar una normativa que se contradecía con un decreto, de rango superior. De hecho, la conselleria no ha explicado las motivaciones de la acción “deliberada” y “unilateral” del subdirector para alterar el proceso.

En síntesis, el caso surgió hace una semana cuando se publicó la lista de adjudicaciones de plazas de profesorado y algunos docentes advirtieron que ciertas plazas se habían dado a interinos, antes que a funcionarios. Ello afecta a 878 plazas perfiladas, es decir, las reservadas para que las direcciones puedan asignarlas al docente que consideraran que más se ajusta a su proyecto educativo. Este tipo de plazas fueron creadas a partir del llamado decreto de plantillas de 2014, que los sindicatos rechazan frontalmente porque consideran que promueve el amiguismo. Hasta este curso pasado, si una de estas plazas no la cubría un funcionario, se ofrecía a un interino, pero siempre que se adecuara al perfil. Pero en abril se publicó una resolución que cambiaba las reglas, de modo que, si el funcionario no la ocupa, la plaza se convierte en ordinaria —sin perfil asociado— y se ofrece, de forma prioritaria a funcionarios y, si queda vacante, a interinos. “Es un procedimiento diferente que se pactó con los sindicatos. Y puede gustar más o menos, pero en ningún caso se puede contradecir”, apuntó el martes la consejera Esther Niubó en una comparecencia de urgencia en el Parlament para explicar lo sucedido.

Pero los directores alertan de las contradicciones entre normativas. “El problema es que el decreto dice una cosa y la resolución otra, y si hay discrepancias el que prevalece es el decreto. Alguien debería explicar quién permitió una resolución en contra del decreto y por qué culpan a la persona que decidió seguir la normativa”, cuestiona un director, miembro de la junta central. Este docente detalla que para pasar a ordinaria una plaza perfilada, lo debe solicitar la dirección y debe aprobarse por consejo escolar, algo que la resolución elimina y la conversión es automática.

A raíz de las quejas de los docentes que participaban en las adjudicaciones, el Departamento comprobó que las plazas no se habían adjudicado siguiendo las instrucciones de la nueva resolución de abril, sino basándose en el decreto de plantillas de rango superior. Educación, entonces, decidió anular el proceso para repetirlo de nuevo —lo que ha afectado a 2.900 docentes— y cesar al subdirector de Plantillas, Enric Trens, al que responsabilizan de no aplicar las directrices de la última resolución.

Pero, ¿puede una sola persona controlar todo el proceso y manipularlo, si fuera el caso? Es una pregunta que el martes plantearon varios partidos de la oposición. Desde las filas de ERC creen que no, defienden que el subdirector es un “cabeza de turco” y recuerdan que todos estos procesos tienen un “complejo engranaje y controles”, apunta la diputada Irene Aragonès. La republicana afea al Departamento que haya cesado al subdirector cuando el expediente informativo todavía está abierto y avanza que, dependiendo de las conclusiones de dicho expediente, estudiarán si emprenden acciones legales. Este miércoles Junts se ha sumado a las dudas de ERC y ha pedido la comparecencia del subdirector para que se pueda explicar. De hecho, Trens fue nombrado durante la etapa de ERC en el Govern y Niubó admitió el martes que se trataba de un “cese político”

Los directores también han salido en defensa del cargo cesado y un grupo de direcciones del Vallès -territorio en el que ha desarrollado su carrera- ha promovido una carta en la que expresan su “apoyo explícito” al subdirector, del que dicen tiene “una dilatada trayectoria institucional que ha desarrollada con discreción y rigor técnico”, con un “conocimiento profundo del sistema y respeto por el marco legal”. En la misiva, las direcciones consideran que el subdirector ha sido cuestionado “de manera injusta y desproporcionada”, ya que lo único que hizo fue cumplir la normativa, fijada en el decreto de plantillas, la autonomía de centros o la misma LEC. “Consideramos que hacer recaer sobre este profesional el peso de un error organizativo más amplio es injusto, desproporcionado y contraproducente para el conjunto del sistema”.

La carta ha llegado al resto de los centros para que las direcciones la firmen y la hagan llegar al Departamento. “Yo he firmado la carta porque lo conozco desde hace más de 20 años. Es una persona muy efectiva, resolutiva, muy entregado, que te contestaba los correos a la una de la madrugada; es alguien muy profesional y currante y no me creo las acusaciones. Es un cabeza de turco, es el que más sabe de plantillas y normas en el Departamento”, defiende un director, miembro de la junta de directores.

Otro director, también miembro de la junta, coincide en que el subdirector “tenía mucho dominio de la normativa”. “Era el único que parecía que sabía cómo iban las cosas en el Departamento, más incluso que el director general, y eso es una opinión unánime entre los directores, por eso nos extrañó que lo cesaran”, añade. Un tercer director, también de la junta central, reclama un “análisis riguroso de lo que ha pasado y de la normativa”.

Las diferentes voces consultadas apuntan a que el centro del problema es ese decreto de plantillas. “Es una patata caliente para cualquier consejero”, afirman las direcciones. “La cuestión es que se está negociando un nuevo decreto de plantillas y ello se está usando políticamente a cambio de la paz social”, añade Irene Aragonès. La diputada republicana asegura que “desde abril el Departamento está dinamitando la normativa y las direcciones están recibiendo resoluciones que contradicen el decreto, y algunas ya se han quejado al Departamento”.

Los sindicatos rechazan el decreto

Desde Ustec admiten que con la resolución se cambió la normativa, pero cree que esta modificación es positiva. “El decreto de plantillas altera el orden y vulnera los derechos de los funcionarios a tener plazas, así que si hay una normativa que limita parte de su aplicación, es una medida excepcional y permisible”, defiende la portavoz, Iolanda Segura. Desde la UGT apuntan que “costó mucho” cerrar el pacto recogido en la resolución de abril para pasar plazas perfiladas a ordinarias, algo que consideran necesario para evitar los problemas del año pasado. “Entonces había plazas bloqueadas por interinos, mientras que funcionarios eran obligados a cambiar de comarca o desplazarse a decenas de kilómetros”, apunta Lorena Martínez, una portavoz del sindicato.

Mientras, los socios del president Salvador Illa pero también Junts han arremetido esta mañana en el Parlament, en la sesión de control, contra la gestión de las plazas de docentes. ERC lo ha considerado un “espectáculo indigno”, los Comunes un “despropósito” y Junts un “desastre y un desgobierno”. El president ha defendido la actuación de la consejera y del Govern y ha asegurado que actuaron “con transparencia, detectado el error y dando la cara”. “Se ha actuado con firmeza y rapidez”, ha replicado el president. Esquerra y Junts han reclamado a Illa que tome las medidas oportunas asumiendo las responsabilidades políticas del desaguisado y que, si tiene que destituir, que lo haga. El president ha rechazado esa posibilidad y ha invitado al resto de grupos a que explicaran qué habrían hecho ellos. “Se ha reaccionado con rapidez. ¿Qué habrían hecho? ¿Hay otra forma de actuar? El inicio del curso está garantizado”. Pese al varapalo, el Govern ha logrado esta mañana que el Parlament convalidara el decreto que supone aumentar la subvención por cada plaza en I2, el último curso de educación infantil, de 1.600 a 1.800 euros por plaza y año.