240.000 inmuebles tendrán que pagar 17 euros del tributo metropolitano de Barcelona a partir de 2026

El Gobierno multicolor del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha dejado solo al PSC en la votación de este martes sobre la modificación de la ordenanza fiscal del tributo metropolitano, el único impuesto propio de la institución supramunicipal, en una situación desconocida hasta ahora en lo que va de mandato. Las abstenciones del conjunto de fuerzas (solo el PP y Vox han votado en contra) han querido denunciar así no el fondo de la cuestión, pero sí la forma nada compartida por el Gobierno de la AMB de cambiar una normativa a la que se veía abocada por diversas sentencias judiciales desde 2022. Como consecuencia del cambio normativo, a partir del próximo año los propietarios de 240.000 pisos, aparcamientos y fincas rústicas con un valor catastral inferior a los 49.200 euros tendrán que pagar 17,5 euros de promedio en concepto del tributo metropolitano.

Los municipios más afectados por la medida son Barcelona, con 56.797 afectados, y L’Hospitalet, con 56.634. En el caso de la capital catalana, el recargo será, de promedio, de 17,68 euros, si bien los propietarios notarán poco la subida porque irá integrada en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), como sucede también en L’Hospitalet o Santa Coloma de Gramenet (26.694 nuevos contribuyentes del tributo). Badalona (38.361), El Prat de Llobregat (10.700) y Cornellà (6.500) son los otros municipios que aportarán nuevos ingresos. Pero uno de los casos donde se producirá mayor impacto más impacto será Badià del Vallès, uno de los municipios con menor renta per cápita de Cataluña. Allí, 4.518 inmuebles pasarán a pagar el tributo, 13,75 euros de promedio. La medida afectará a tres de cada cuatro domicilios.

La votación celebrada en el pleno metropolitano se centraba en la modificación del reglamento del tributo, que supone modificar el gravamen y poner fin a las bonificaciones que beneficiaban a los propietarios de esos inmuebles de menor valor. El vicepresidente de la entidad, Antoni Balmon, había explicado a Junts, ERC y Comunes (que integran el gobierno) que estaba intentando que el Congreso modificara la Ley de Haciendas Locales para dar más margen al Área Metropolitana de Barcelona, a la que los tribunales quitaron la potestad de tratar con diferentes tasas a los propietarios particulares y a las empresas. Pero el asunto no acabó pasando por el Congreso y al AMB se le acababa el plazo para modificar el reglamento y poner las bases de los cobros del próximo año. Sin apenas negociarlo lo ha llevado al plenario y allí, además de abstenciones, ha recibido un silencio crítico. No ha habido más intervenciones que las de los primeros ediles de Tiana y Torrelles de Llobregat, según fuentes de la AMB.

En todo caso, la propuesta del PSC sale adelante y fija un gravamen del 0,045% del tributo metropolitano. Fuentes del AMB señalan que, entre quienes ya los pagaban, algunos pagarán un 5% más y otros un 5% menos. Pero el tipo que se aplicará en 2026 dista de los que llegaron a los tribunales. Los llamados bienes inmuebles de características especiales (BICE), que son espacios como el puerto o el aeropuerto o recintos de generación y distribución eléctrica, pagaban el 0,2% sobre el IBI, mientras que el resto de contribuyentes asumían una tarifa del 0,173%, que una vez aplicadas las bonificaciones podían caer al 0,035%. El tipo aplicado el próximo ejercicio es ligeramente más alto que el que pagaban actualmente unos 2,2 millones de hogares.

Pese a los intentos de reducir el golpe sobre las arcas del AMB, el sudoku dejará secuelas. Según un documento al que ha accedido EL PAÍS, la administración metropolitana prevé dejarse 39,9 millones de euros con el cambio, sobre todo por lo que dejará de percibir por los denominados BICE, que apenas pagarán dos millones de euros, frente a los 11 millones que tenían que liquidar en 2021 (entonces no todos los municipios del AMB liquidaban el impuesto). Las fincas de uso residencial aportarán 60,5 millones y las no residenciales, otros 31,1 millones.

El origen del cambio normativo se encuentra en las demandas que presentaron sobre todo empresas energéticas, que denunciaban la injusticia de que el tributo, complementario al impuesto de bienes inmuebles (IBI) impactara de distinta forma entre los diferentes titulares de edificios. Por ejemplo, las empresas debían asumir un gravamen superior, mientras que miles de pequeños propietarios no tenían que sufragar ningún coste al ser beneficiarios de una deducción total. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón a las empresas y la oposición de la AMB a esa equidad fiscal se vio abocada también al fracaso una vez llegó al Tribunal Supremo.

Todos, venía a señalar el fallo, debían pagar lo mismo. La importancia de grandes infraestructuras queda clara en los cálculos que el Área Metropolitana ha realizado para este año. En El Prat de Llobregat, por ejemplo, que cuenta con el aeropuerto, una de las principales áreas económicas de Barcelona, se prevé ingresar gracias al impuesto metropolitano un total de 1,29 millones de euros. En Barcelona, donde está el puerto, otro gran consumidor de suelo, 598.000 euros. Y Sant Adrià, que tiene una central de ciclo combinado para producir energía, dejará 138.000 euros.

La aportación de El Prat se ha quedado en una cuarta parte respecto a los datos de 2021 (últimos a los que ha podido acceder este diario), una muestra de las dificultades que entrañaba la búsqueda de equilibrios que buscaba la dirección del AMB. Asumir la sentencia judicial supone perder 40 millones de euros en caja y, previsiblemente, un ajuste presupuestario de cara al próximo año.