Illa y ERC examinan su confianza mutua en el debate de política general en el Parlament

El president Salvador Illa se someterá este martes a su segundo debate de política general en el Parlament desde que asumió el cargo. Su propósito es exhibir su obra de gobierno y la estabilidad de la Cataluña del posprocés. Con los segundos presupuestos de la legislatura en el aire y el modelo de financiación en el limbo, Illa se enfrentará a la más que probable censura de toda la oposición. Tampoco lo tendrá fácil con Esquerra y comunes, sus socios del bloque de investidura. Los dos grupos han alertado de que no negociarán las cuentas hasta que el Govern cumpla sus compromisos en financiación y en materia de vivienda, respectivamente. La sesión examinará el grado de confianza entre el Ejecutivo y ERC, su principal aliado y sobre el que descansa la legislatura.

Tras llegar de su viaje religioso a Roma, Illa se ha dedicado el fin de semana a preparar el debate con su núcleo de colaboradores. Su objetivo es realizar un discurso constructivo y propositivo, mostrando los avances de este primer año de gobierno, como las obras de reforma para acabar con la pesadilla de Rodalies, pero también ofreciendo un horizonte, por ejemplo, en el fortalecimiento de los servicios públicos. La vivienda fue el tema estrella en el debate de hace un año, cuando Illa anunció la construcción de 50.000 pisos, y posiblemente tendrá un papel importante en este en el que los ayuntamientos han cedido 700 solares para edificar 22.000 pisos. El Ejecutivo ha impulsado también los créditos de emancipación (ha concedido 450) para que jóvenes menores de 35 años puedan acceder a pagar la entrada de la vivienda a crédito cero a cambio de que pase a ser después de protección oficial de forma permanente.

Con toda probabilidad, el Govern realizará algún anuncio en el discurso. Sin noticias sobre la financiación, el interrogante es si brindará algo para contentar a Esquerra después de que se haya avanzando en el fortalecimiento de la Agencia Tributaria Catalana y haya admitido que la recaudación del IRPF se realizará a partir de 2028 y no de 2026. Los republicanos han asumido ese retraso, pero tienen otros reproches. Oriol Junqueras, líder de ERC, lamentó hace dos semanas que AENA anunciara inversiones en el El Prat, pero sin atender a la gobernanza de la instalación, tal y como figura en el pacto de la investidura.

Los republicanos llevan semanas cosechando los resultados de algunos puntos del acuerdo de investidura. El propio Junqueras, por ejemplo, rindió cuenta él mismo, la semana pasada, sobre el pacto para invertir 260 millones de euros en investigación. Hace un par de semanas, también ambas partes mostraron adelantos en la política de acción exterior, con la apertura de nuevas delegaciones del Govern. El Ejecutivo, además, ha cumplido con su palabra de promover leyes que habían quedado en la cuneta por el adelanto electoral, como la del amianto o la de Memoria Democrática. ERC se debatirá entonces entre el palo y la zanahoria: aceptar que hay avances pero sin bajarse del maximalismo de que quiere ya la financiación singular. “No hay negociación presupuestaria ni en el caso de Cataluña ni en el caso del Estado español. Al menos hasta que el Partido Socialista cumpla sus compromisos en materia de modelo de financiación”, concluyó Junqueras.

La relación con los comunes tampoco es un camino de rosas. Illa sorteó la falta de presupuestos en el primer año con suplementos de crédito por valor de 4.000 millones pactados con ERC y Comuns. Jéssica Albiach, líder de esta última formación, se reunió hace una semana con la consejera de Economía, Alícia Romero, apuntando que no se dan por ahora las condiciones para negociar. David Cid, portavoz del espacio, apuntó en el debate a ocho que se celebró en RTVE que, con esa suma, el Govern dispone de recursos para cumplir. “Al Govern le ha faltado ambición. No puede ser que quien se salte la ley del alquiler tenga cero sanciones”, dijo. La lista de quejas de los comunes es larga: no se ha realizado el registro de grandes tenedores, ni la unidad antidesahucios, las listas de espera en sanidad han crecido y no está garantizada la visita médica a las 48 horas. “Son 4.000 millones. Tienen la caja de herramientas”, resumió Cid.

Junts ejerce el difícil equilibrio de actuar como principal partido de la oposición mientras pacta propuestas con el PSOE como al final la fallida delegación de competencias en inmigración. Pero con Illa será implacable y subirá el listón: hace una semana Albert Batet, líder parlamentario, le acusó de estar desnacionalizando Cataluña con la punta de lanza de la banalización de ciertos programas de TV3. Su principal queja será que el president ya no fue capaz de presentar sus primeros presupuestos, que no hay noticias de los segundos, que ha fracasado en la gestión como en Rodalies, en la asignación de plazas para Educación y que los acuerdos sobre la financiación (cada vez menos llamada singular) o Rodalies hacen aguas por todos lados.

Queda la duda de si Junts tensará al máximo su relación con el Govern, pero no así con el PP, que ya ha planteado que Illa debería dimitir si no logra aprobar las segundas cuentas. Los populares, que ya intentaron salpicar a Illa con el caso Koldo, consideran que el president “miente” por sistema y le acusan de desplegar un “catálogo de mentiras” desde la amnistía, su apoyo al Hard Rock o su compromiso con el Cuarto Cinturón. Illa sostiene que su mayoría es la que es y que ha necesitado pactar.