Dato y relato

Pasadas ya las polémicas más encendidas sobre el acuerdo de delegación de competencias en materia de migración entre el PSOE y el grupo parlamentario de Junts en el Congreso, quizás valga la pena hacer alguna reflexión más sosegada.

Cualquiera que haya leído la letra del acuerdo -en el contexto de estas líneas, el “dato”-, puede comprobar que en el caso en que se apruebe la Ley Orgánica que lo materialice, posibilitaría que la Generalitat gestione a nivel administrativo los permisos de residencia o las devoluciones de las personas migradas, pero que siempre -como no puede ser de otra manera-, tendrá que cumplir con la normativa estatal. La lógica es clara: la administración catalana no podrá imponer sus propios requisitos para la concesión de autorizaciones o decisiones de retorno, porque supondría una variación de las condiciones exigidas a las personas migradas en otros territorios del estado. El pacto establece también que los Mossos actuarán en fronteras, puertos y aeropuertos en los temas relacionados con las personas migradas, pero siempre en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De la misma manera, la Generalitat podría gestionar el CIE de Barcelona y tener un cierto margen en su organización interna, pero no podrá intervenir en determinar los requisitos a partir de los cuales las personas ingresen en estos establecimientos de dudosa solvencia en términos de derechos humanos.

Si se atiende a lo efectivamente pactado, pues, se trata de la posibilidad de deslocalizar la tramitación de expedientes administrativos y, a la vez de la responsabilización de la Generalitat y de los Mossos en la gestión de unas políticas migratorias que seguirán siendo de competencia estatal.

En realidad, la noticia más preocupante parece ser el “relato” construido por Junts en torno al acuerdo. En manifestaciones a la prensa y en redes sociales sus representantes han optado por codificar una explicación que a la vez que deslizaba la posibilidad para la Generalitat de fijar requisitos para obtener el permiso de residencia -un extremo que no aparece en el documento firmado-, subrayaba cómo sería la Generalitat quién –“finalmente”, se decía-, decidiría en torno a las expulsiones. Todo ello para visualizar delante de la opinión pública la delegación de competencias como una forma de gestionar de manera más expeditiva -y más restrictiva- la situación de las personas migradas, entendida como un problema, en definitiva. Un planteamiento que volvió a hacerse evidente con el acuerdo sobre reparto de personas menores no acompañadas pocos días después: delante de la actual distribución, objetivamente desigual entre territorios, Junts no optó por pedir más recursos para atender personas, sino por reclamar dejar de acoger más.

Hay que ir con cuidado con los relatos. La coyuntura que nos ha tocado vivir indica que a veces son el vector más poderoso para propiciar datos que acabarán deteriorando irremediablemente la calidad democrática de nuestras sociedades.