Empadronar al pobre

Cuando la extrema derecha de Plataforma per Catalunya comenzaba a asomar la patita en Vic, allá por el 2010, algunas fuerzas políticas de trayectoria democrática, encabezadas por CiU, se mostraron dispuestas a prestar oídos al denominado “problema de la inmigración”. Y su peculiar forma de entenderlo fue vulnerando la legalidad con la finalidad de impedir el padrón a los recién llegados. Así se les cerraba el paso a la sanidad y la educación. Con los años, la doctrina ha creado escuela y no solo en el xenófobo gobierno municipal de Ripoll, pues, aunque la ley obliga a empadronar a todo aquel ciudadano que viva en el municipio, los ayuntamientos hacen de su capa un sayo y cada uno aplica la legislación a su manera. Ahí está el consistorio de Martorell ahora en los tribunales por negarse a empadronar no solo a residentes en casas ocupadas de grandes tenedores, sino también a personas sin techo o que viven realquilados.

Frente a estas restricciones de derechos, Barcelona ha sido desde 2015 un referente. Los 4.000 ciudadanos sin domicilio fijo existentes en aquel año han pasado a ser unos 47.000 en la actualidad. Ahora empiezan a percibirse cambios. El objetivo confeso del Ayuntamiento de la capital catalana es racionalizar la situación (con más medidas de control) para hacer más eficaces los servicios sociales. Pero entidades y asociaciones vecinales recelan y creen, por el contrario, que se trata de restringir el empadronamiento y que ello perjudicará a los sectores más vulnerables.

Ya hubo hace un año un conato de cambio, tratando de imponer de un plumazo el fin del empadronamiento sin pernocta en ONGs —como la parroquia de Santa Anna— a personas sin domicilio fijo. La intervención del Síndic de Greuges de Barcelona sentó a negociar al Ayuntamiento con las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS). Ahora el objetivo que se ha marcado el gobierno municipal es entrar a verificar si residen en Barcelona esos 47.000 ciudadanos sin domicilio fijo, que viven bien en locales insalubres o como realquilados o sencillamente forman parte de esa forma extrema de pobreza que es el sinhogarismo.

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, Miquel Borràs entiende perfectamente que el Ayuntamiento quiera poner orden, pero ello provoca más temor y dificultades a las personas vulnerables para acceder al padrón y a las ayudas sociales. Filiberto Bravo, histórico líder vecinal de Ciutat Meridiana, cree que si en 2015 era posible el empadronamiento presentando una prueba de que se vivía en Barcelona, ahora todo se ha complicado. El Ayuntamiento asegura haberse propuesto que las personas que duermen en la calle, en habitaciones realquiladas o en chabolas puedan empadronarse. Los servicios municipales lo centralizarán todo. Entidades sociales y vecinales tienen la mosca detrás de la oreja, pues temen que ello se convierta en la práctica en una medida restrictiva. Es pronto para saber si estamos ante un cambio de paradigma.

El caso es que el gobierno municipal tiene enfrente una tarea titánica: por un lado, ordenar las prestaciones sociales propias, controlando con inspectores a las personas sin domicilio fijo, y, por otro, buscar la homogenización de criterios con otros municipios y con la Generalitat. Mientras todo esto no llega hay personas que siguen existiendo, pese a ayuntamientos como el de Ripoll (Aliança Catalana) o Martorell (Junts per Catalunya). El panorama se antoja incierto pensando en una futura Generalitat de Junts o en un gobierno central del PP con Vox a bordo. Por el momento, es una tarea de primer orden que las fuerzas políticas democráticas no se contagien de ese virus que se extiende por la sociedad catalana y también por la española: el miedo electoralmente rentable al inmigrante pobre.