El Gobierno propone condonar 83.000 millones a las comunidades tras el acuerdo con ERC

El presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, ha adelantado este lunes el acuerdo con el Gobierno central para condonar 17.104 millones de euros a la Generalitat, equivalentes al 22% de la deuda adquirida mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El Gobierno ha dejado que fuera el líder republicano el que anunciara el impacto de la medida en Cataluña, para así escenificar el cumplimiento del pacto de investidura con ERC, pero poco después, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido para dar detalles referentes al conjunto de las comunidades autónomas, un perdón que alcanzará los 83.252 millones. Hacienda ya ha trasladado a los Gobiernos regionales la metodología de cálculo y la propuesta para cada una. Según esos datos, Andalucía es la autonomía a la que se le ofrece más margen de condonación de deuda en términos absolutos. La propuesta se presentará este miércoles a las comunidades en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que celebrarán con el departamento dirigido por Montero.

En noviembre de 2023, el PSOE y ERC —que entonces ostentaba la presidencia de la Generalitat— habían pactado la quita de deuda del FLA, es decir el pasivo autonómico en manos del Estado, en el marco de la investidura de Pedro Sánchez. La fórmula, sin embargo, siempre ha sido extensible también al resto de comunidades autónomas de régimen común —que no incluye a Navarra y País Vasco—, incluso aquellas que solo tienen deudas con los mercados y la cuenta a cero con el FLA. Si bien Cataluña es la que tiene la mayor obligación derivada de ese fondo (unos 77.000 millones de euros), la Comunitat Valenciana o Murcia tienen la mayor ratio sobre el PIB.

El texto del acuerdo entre ambos partidos hablaba de una quita de “unos 15.000 millones de euros” para Cataluña, ubicando el porcentaje de condonación en un 20%. Junqueras ha anunciado cifras diferentes, que se explican porque ahora el cálculo es más exacto y mira la deuda de manera específica. Finalmente, el acuerdo será por 17.104 millones de euros. Si se mira solo la deuda pendiente del FLA, equivale al 22%. El 20% inicial haría referencia al conjunto de todas las obligaciones de la Generalitat.

En términos absolutos, Andalucía será la mayor beneficiaria de la propuesta de condonación presentada este lunes por Hacienda. La quita planteada, en su caso, alcanza los 18.791 millones de euros. Le siguen Cataluña, Comunidad Valenciana (11.210 millones) y Madrid (8.644 millones). Montero ha explicado que el cálculo se ha realizado a partir del “sobreendeudamiento” que han tenido que asumir las comunidades entre 2009 y 2013, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy y “tuvieron que recortar el gasto por las menores entregas a cuenta”. Comparando esa cifra con la deuda acumulada entre 2019 y 2023, sale un importe de unos 80.000 millones, pues el pasivo regional creció en el primer periodo analizado 109.582 millones, y 29.272 millones en el segundo.

Sobre el 75% de ese total, unos 60.000 millones, se ha calculado la condonación que le toca a cada territorio en función del criterio de población ajustada entre 2010 y 2022, una variable que se refiere a la cantidad de habitantes corregida por factores geográficos y demográficos, como el envejecimiento. El resultado es una quita media del 19% para el conjunto de los territorios. A partir de ahí, los técnicos de Hacienda han aplicado algunos ajustes. En primer lugar, se ha elevado la condonación de aquellos territorios que se quedarían por debajo ese porcentaje medio del 19%, lo que implica 11.514 millones adicionales.

En segundo lugar, se han aplicado dos ulteriores correcciones. La primera, en función de la infrafinanciación que sufren algunos territorios, considerando el periodo entre 2010 y 2022, principalmente la Comunidad Valenciana o Murcia, pero también Andalucía y Castilla-La Mancha —reciben del sistema de financiación recursos por debajo de la media, una situación que explica parte del endeudamiento—. En segundo lugar, se ha premiado el ejercicio de competencias normativas al alza entre 2010 y 2022, básicamente en el IRPF, un impuesto que el Estado comparte con las comunidades. En función de estos dos supuestos se han añadido 10.579 y 917 millones de euros al total, respectivamente.

De acuerdo con Hacienda, este planteamiento podrá suponer un ahorro en intereses para las comunidades de hasta 7.000 millones de euros y ayudaría a las regiones a volver a financiarse en los mercados. La meta última es que se vayan desenchufando poco a poco de los mecanismos extraordinarios de liquidez, cuyo emblema es FLA, y al cual la mayoría de los territorios siguen acogidos.

“La metodología es objetiva, transparente, de carácter técnico y para todos. Lo que se aplique para un territorio también se aplicara al resto”, ha insistido Montero. La propuesta, sin embargo, ya ha levantado ampollas a nivel autonómico. “Es un insulto que el Gobierno nos imponga algo que en teoría tenemos que acordar dentro de dos días en el CPFF”, ha trasladado la consejería de Hacienda de la Comunidad Valenciana. “No entendemos que, según la información que ha difundido el ministerio, la Comunidad Valenciana sea la única cuya infrafinanciación no sería compensada (...). En el caso de la Comunidad Valenciana, la infrafinanciación total acumulada alcanza los 44.058 millones, equivalente al 80,1% de toda su deuda”.

Si la quita se calcula en porcentaje sobre la deuda total, la mayor tasa de condonación se le reconoce a Canarias: vería perdonada cerca de la mitad de su deuda. A Andalucía se le condonaría un 47% de su pasivo total, un 36% a Asturias, un 32% a Galicia y un 31% a Extremadura. Las menores ratios son las de las comunidades con las deudas más elevadas en cifras absolutas, Comunidad Valenciana y Cataluña, con entre un 19% y un 20%.

Votación en el Congreso

La medida, después de debatirse en el CPPF, donde se augura enfrentamiento, pues 11 de las 15 comunidades de régimen común están bajo el mando del PP, necesitará para prosperar de una ley orgánica que se tendrá que votar en las Cortes y una batería de reuniones bilaterales con cada territorio. La nueva norma, además, supondrá una modificación en la Ley de Estabilidad, que requiere de mayoría cualificada. La previsión del Gobierno, si no hay imprevistos en la tramitación, es que la normativa pueda estar lista para fin de año. Montero ha aclarado que la quita no implica condicionalidad y ha invitado a la oposición y los barones regionales a apoyarla, recordando sin embargo que es “voluntaria”. Territorios como Madrid, por ejemplo, que no tiene deuda con el Estado, rechazaron desde el principio la propuesta.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha salido a atacar el acuerdo presentado por el Gobierno y ha adelantado que los presidentes autonómicos de su partido votarán en contra del acuerdo. “Votarán que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la Presidencia del Gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los partidos”, ha declarado el líder popular en una rueda de prensa en la sede del partido. Pese a que comunidades con gobiernos del PP como Andalucía o Valencia se verán ampliamente beneficiadas con la quita de deuda, Feijóo ha querido presentar el plan como una prebenda al secesionismo catalán. “Los independentistas piden y los españoles pagamos”, ha apostillado.

El Gobierno ha dejado que Junqueras adelantara los detalles sobre la condonación de la deuda de la Generalitat para permitirle sacar réditos del cumplimento de los acuerdos de investidura de Sánchez. El republicano ha aprovechado la vitrina: ha detallado que el importe de la condonación equivale a 2.300 euros por cada catalán. Ese es el baremo sobre el que él considera que se tiene que valorar el resto de fórmulas que el Gobierno exponga para el resto de comunidades. Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha se beneficiarían de importes parecidos. El total de la deuda condonada para Cataluña, ha ejemplificado Junqueras, equivale todo lo que dedica la Generalitat anualmente a inversiones en Salud, Educación, Universidades.

El presidente de ERC también defendido el acuerdo sobre el FLA con el argumento de que esta deuda “nunca debería haber existido” porque entiende que es producto de la infrafinanciación de la Generalitat. “El FLA es profundamente injusto; no tenía que haber existido. Lo que era de la sociedad catalana no tenía que aceptar, eso que correspondía a Cataluña fuera entregado al Govern como un crédito”, ha defendido.