El plantón de ERC a los presupuestos amenaza el despliegue del plan de gobierno de Illa

El president Salvador Illa vio este sábado como ERC, su socio de investidura, anunció que no negociará los presupuestos de este 2025 al no recoger medidas e ingresos para hacer efectivo ya el modelo de financiación singular. El pacto de investidura contempla la recaudación del IRPF en 2026 con lo que la decisión de ERC insinúa su escasa voluntad de encarar las negociaciones. El Govern aprobó en su última reunión del año su plan para este mandato y la ausencia de las cuentas complica y amenaza el despliegue del mismo en temas tan dispares como la gratuidad de la etapa infantil 1, garantizar la inversión en vivienda o la reivindicación histórica de Cultura de alcanzar el 2% del presupuesto.

El plante deja en el aire proyectos e iniciativas pero el Ejecutivo se ha propuesto mantener su hoja de ruta al tiempo que se resiste a dar por perdido el proyecto. Lluïsa Moret, portavoz del PSC, insistió este lunes que su objetivo es cumplir los pactos de investidura, asumiendo la “responsabilidad” y con la intención de mantener la estabilidad institucional. “No vamos a avanzar pantallas ni a entrar en escenarios futuribles”, deslizó la portavoz. Illa dijo este domingo en una entrevista en este diario que se puede gobernar sin presupuestos. ERC no se conforma solo con la quita del FLA, firmada en 2023 o el traspaso de Rodalies, y exige avances en financiación la situación del catalán o el conflicto político.

La situación evoca a la de hace un año cuando el Govern de ERC, en minoría, no pudo aprobar las cuentas pero con una diferencia sustancial: Illa no tiene la menor de anticipar (tampoco podría ahora porque no lleva un año en el cargo) las elecciones. Miembros socialistas atribuyen el plantón de ERC a su renovación interna pendiente aun de citas congresuales. Sin la menor intención de irritar a su socio, el Govern acepta que deberá hacer ampliaciones de modificaciones de crédito o promover decretos en el Parlament que necesitarán ser convalidados. De entrada, la prórroga supone disponer de 5.000 millones de euros menos.

Vivienda. La vivienda es la apuesta estrella del Govern con el compromiso de construir 50.000 pisos en 2030 y un horizonte de invertir 4.400 millones al año. De los 1.100 millones que el Ejecutivo planea invertir este año, el Govern tiene garantizados 250 (prorrogados); 500 millones del Institut Català de Finances y 100 para fondo del alquiler. Queda una partida de 250 que está en el aire. Otra de las medidas es la variante entre Les Preses y Olot, debatida la semana pasada en el Parlament, y que quedará en suspenso. Además, la ley de barrios, otro de los proyectos capitales, queda en el aire. Queda la duda de que sucedería con la tasa turística que los comunes querían incluir en la ley de Acompañamiento. El Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC), que pasa en este mandato de 250 a 500 millones, no se verá afectado asi como tampoco el plan Endreá de RENFE.

Educación. En el ámbito educativo, la falta de presupuestos impedirá llevar a cabo una de las medidas estrella incluidas en el Pla de Govern presentado antes de Navidad: la gratuidad de la etapa de Infantil1, como continuidad del camino iniciado hace un par de años por Pere Aragonès para que toda la etapa de infantil sea gratuita. Sin cuentas y con la limitación del gasto, también peligran otras iniciativas como el financiar las escuelas según su complejidad (que supondría inyectar más fondos a los centros con más alumnos vulnerables) o crear unas becas de transporte para los alumnos de FP, al mismo tiempo que restringe la contratación de nuevo personal educativo o de los recursos para aplicar nuevas medidas que mejoren los resultados de los alumnos. En 2025, se reservaron 50 millones para dar forma a las propuestas del grupo de expertos creado para mejorar el sistema educativo, pero la partida se diluyó al naufragar el proyecto. Lo que no peligra, asegura el Departamento de Educación, es el acuerdo con la OCDE para que esta institución haga una diagnosis y proponga soluciones a los problemas educativos catalanes.

En el ámbito universitario también tendrá consecuencias y, con toda probabilidad, se frenará la reducción de precios universitarios previstas ya hace un año, cuando se anunció que se equiparaban a la baja las matrículas de las carreras científicas y las humanísticas, lo que se traducía en una rebaja del importe del 4%. La medida ya quedó frenada hace un año, cuando no se aprobaron las cuentas como tampoco vio luz el aumento de financiación de las universidades. Este año, los rectores tampoco verán hacerse realidad la promesa de aumentar la dotación basal o de doblar de 50 a 100 millones el Plan de Inversiones Universitarias (PIU), destinada al mantenimiento de edificios, muy deteriorados por la falta de rehabilitación desde la crisis de hace 15 años. Con todo, se aleja así el compromiso de Illa de llegar al 1% del PIB de inversión en universidades (ahora roza el 0,6%) en 2030.

Sequía: se paraliza la subida del canon del agua

La prórroga implica que decaerá la subida de un 6% prevista en el canon del agua (un impuesto que se abona a través de la tarifa doméstica de agua y cuyos ingresos sirven para financiar el grueso de las obras y actuaciones de la Agencia Catalana del agua, ACA). La misma subida tarifaria estaba prevista en las cuentas de 2024. El Govern justificó entonces y ahora la subida de este impuesto (que no se actualiza desde 2017) para aumentar las inversiones con los que paliar la grave sequía. Al tratarse de un impuesto, su modificación estaba condicionada a la aprobación de unos nuevos Presupuestos. El Govern calcula que si no se aprueba, la ACA dejará de ingresar 27,3 millones de euros anuales.

Las grandes obras hidráulicas para combatir la sequía, como las desaladoras de la Tordera y del Foix, con una inversión de 700 millones previstas para 2027, continuarán sin trabas. La licitación corre a cargo de Acuamed, sociedad dependiente del Estado, para ceder después su titularidad a la Generalitat. Tampoco deberían decaer las obras anunciadas de “corto y medio plazo” de 99 millones en este 2025 para activar nuevos pozos y ampliar potabilizadoras en el sistema hidrológico Ter-Llobregat, el que abastece Barcelona. Fuentes de la ACA explican asimismo que “el Govern priorizará en función del presupuesto disponible (prorrogado o no) las inversiones previstas en la planificación para asegurar el abastecimiento de agua y también trabajará para conseguir recursos adicionales a través de fondos europeos Feder”.

Salud. “Estaremos peor”, sentencia el doctor Xavier Lleonart, secretario general de Médicos de Cataluña. Con unos presupuestos prorrogados que designa como “claramente insuficientes”, Lleonart recuerda que las necesidades de la población van creciendo con el envejecimiento. Sin un aumento de financiación, el médico señala que cualquier inversión que esté planificada se paralizará, y la negociación con la sanidad concertada también quedaría en el aire. Según el doctor, el coste de cualquier tratamiento nuevo que se ponga en marcha este 2025 no se podrá asumir, o se deberá recortar de otro lado, empeorando la calidad asistencial. El Sindicato de Enfermeras de Cataluña denuncia que las desavenencias políticas están poniendo en juego la salud mental de los profesionales y la calidad asistencial de la población. “En el sector sanitario volveremos a ver contratos precarios o inexistentes, veremos cómo se vuelven a cerrar las hospitalarias, como una enfermera debe absorber el trabajo que deberían hacer dos profesionales y como la sanidad pública se vuelve más concertada”, pronostica la secretaria de comunicación del sindicato, Elisabet Parés.

Servicios Sociales. Para el departamento de Derechos Sociales e Inclusión, la falta de acuerdo para unos presupuestos implica reencontrarse con un viejo fantasma: el de no aprovechar la oportunidad para mejorar la financiación de la pata más corta del Estado del Bienestar. Hace un año, cuando el Govern de Pere Aragonès presentó el pacto con el PSC para su proyecto de presupuestos -cuyo rechazo propició las elecciones anticipadas-, la previsión era dotar al departamento de Derechos Sociales de 3.612 millones, un 8,7% más que el año anterior. Esta cifra implicaba un crecimiento del 35% desde 2020, un porcentaje muy elevado pero porque se partía de muy abajo, y en cualquier caso la mejora quedó frustrada con la convocatoria electoral. Está por ver ahora cuánto mejorará la cifra este 2025, pero los representantes del sector alertan de que hay grandes retos que necesitan más financiación: la inversión en vivienda asequible, la transformación del sistema de dependencia, la actualización de la cartera de servicios sociales y la integración de la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital son algunos ejemplos. También, el aumento de la financiación a las entidades, que repercuta en una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. En una entrevista reciente, Enric Morist, presidente de la Taula del Tercer Sector, afirmó que los presupuestos son una herramienta para ayudar a las personas más vulnerables, y reclamó un pacto para sacarlos adelante.

Con información de Ivanna Vallespín, Josep Catà, Laura Claver, Carlos Garfella y Marc Rovira.