Illa paga el peaje de la debilidad parlamentaria

“Mire a su alrededor y cuente escaños (42). No tiene la mayoria para imponer y aplicar su programa. Rectifique el rumbo”. La frase la espetó este miércoles el diputado Josep Maria Jové, líder del grupo de ERC, al president Salvador llla en la sesión de control en el Parlament en alusión a que está muy lejos de la mayoría absoluta (68). La foto ha cambiado de bando porque ese mismo comentario lo podría haber dicho hace un año cualquier diputado del PSC -“Tenéis 33″- al president Pere Aragonès. Condicionado por la débil mayoría en que descansa su Govern, Illa ha sufrido la peor semana de su mandato en la que ha tenido que rectificar su plan inicial de suprimir como optativa la literatura del Bachillerato y en el que ha anunciado una repentina junta de seguridad para para, ahora si, dar luz verde a que los Mossos d’Esquadra asuman la vigilancia de puertos y aeropuertos.

El Govern de Illa tomó posesión en agosto consciente de que no podría dar grandes zancadas al estar a expensas de que ERC, socio parlamentario, (20 diputados) renovara su ejecutiva en noviembre o diciembre. Tras una larga espera, los republicanos decidieron el pasado sábado que Oriol Junqueras revalide la presidencia. El Ejecutivo planeaba acelerar las negociaciones presupuestarias esta semana pero los republicanos no tienen la menor prisa y cada día que pasa aumentan el precio del pacto. La nueva ejecutiva quiere avances claros en el sistema de financiación, cerrar el traspaso de Rodalies y la condonación del 20% de la deuda del FLA y el pago de los intereses (unos 300 millones de euros).

Por el momento, el Govern se ha visto obligado a prorrogar los presupuestos. Las conversaciones van para largo y algunos sitúan el acuerdo en abril. El frenazo ha generado que no avance, por ejemplo, el plan de barrios o parte de la inversión del plan estrella de la legislatura de construir 50.000 pisos. “La gente no puede esperar”, dijo Jéssica Albiach, líder de los comunes, el socio pequeño, que ha arrancado de Illa el compromiso de aprobar ya un decreto para imponer sanciones a quienes no respeten los precios del alquiler. Los comunes quieren que este en vigor en enero e Illa ha dicho que será cuanto antes aunque sin esperar a los presupuestos. No es la primera vez que accede a una reivindicación de los socios en la sesión de control. Ya hizo lo cuando ERC le pidió acelerar la modificación de la ley para aumentar la fiscalidad del Hard Rock y hacer así, según afirman, inviable el proyecto.

Y en medio de este paisaje, el Govern tuvo el martes que rectificar su idea inicial de seguir la instrucción del Ministerio y de defender que las literaturas, tanto la catalana como la castellana, seguirán siendo asignaturas optativas en el Bachillerato. Forzado por sus socios y Junts y la CUP, Illa compareció este miércoles para dar explicaciones sobre la polémica por la crisis del 112 al incorporar a la Policía y la Guardia Civil en el sistema de emergencias. Su estrategia ha sido minimizar esa decisión, larvada por sus antecesores, y eclipsar la polémica con el anuncio repentino de que los Mossos vigilarán desde enero puertos y aeropuertos. Esa medida se esperaba en la última junta de seguridad pero no llegó.

Illa cree que no ha habido rectificación en el tema de la lengua y el PSC que la crisis del 112 ha sido una tormenta en un vaso de agua. ERC no lo ve así y acusa al president de que Cataluña pierde competencias cada vez que se reúne con un ministro, recordando episodios como el de su presencia en el acto de promoción del aceite de Jaen, tan criticado por la oposición y los productores, la rectificación en el tema de la literatura o el del 112. Con un rumbo fijo, Illa presentará este viernes a los altos cargos del Ejecutivo el plan de govern que el Consell Executiu el lunes en su última reunión del año. El arranque de la negociación de presupuestos, pendiente también de que ERC nombre a sus caras visibles en la cámara, deberá esperar a después de Navidad.

La debilidad no solo se limita al Palau. En el otro lado de la plaza de Sant Jaume, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, está a la espera de saber si los comunes le aprueban o no las ordenanzas fiscales. BComú y ERC optaron este miércoles por reservar su voto en la Comisión extraordinaria de Economía y Hacienda del Ayuntamiento y continuar la negociación hasta el pleno de este viernes. El PSC votó a favor, y Junts, PP y Vox, en contra.