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Patronal y sindicatos exigen a Trabajo un protocolo oficial sobre las jornadas laborales tras las dudas generadas durante la dana

Las organizaciones catalanas reciben un alud de consultas tras el episodio de fuertes lluvias en Tarragona

Josep Catà Figuls
Los Mossos d'Esquadra hacen controles de movilidad en la provincia de Tarragona para hacer cumplir las restricciones, este miércoles.
Los Mossos d'Esquadra hacen controles de movilidad en la provincia de Tarragona para hacer cumplir las restricciones, este miércoles.Àlex López (EFE)

Este miércoles, a los trabajadores de cinco comarcas de la provincia de Tarragona les surgieron muchas preguntas y pocas certezas. El Departamento de Interior de la Generalitat había decretado restricciones en la movilidad en esta zona y cortó las principales carreteras para, ante la previsión de fuertes lluvias, evitar una nueva tragedia como la de la dana de Valencia. Al mismo tiempo, recomendó el teletrabajo, y apuntó que solo los trabajadores esenciales podrían acudir a sus centros. Pero, ¿quiénes son los trabajadores esenciales en una dana? ¿Si un trabajador no puede hacer teletrabajo, quién se hace cargo de esa ausencia? ¿Tendrá que devolver el día? Estas preguntas ya se respondieron para el caso de los afectados por el temporal de Valencia, con el llamado “escudo laboral” que impulsó el Gobierno mediante un decreto ley: las empresas deberán dar permisos retribuidos no recuperables, y no se descontará el salario. ¿Pero qué pasa más allá de Valencia? En principio, todos los trabajadores están protegidos por el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ante situaciones de este tipo. Pero las patronales y los sindicatos catalanes piden que haya protocolos claros ante situaciones de emergencia que pueden ser cada vez más frecuentes.

Solo pasaron unos pocos días entre la primera dana, que azotó especialmente Valencia y dejó más de 200 muertos, y la segunda, que ha afectado al este peninsular esta semana. La previsión de que cada vez haya más alertas de emergencia y restricciones de movilidad para proteger la seguridad de la población causa incertidumbre en trabajadores y empresas. La patronal de pequeñas y medianas empresas de Cataluña, Pimec, expone en un comunicado que se necesitan “protocolos claros y un marco de seguridad jurídica para las empresas y para las personas trabajadoras”. “Estas medidas son esenciales para garantizar que se tomen decisiones de forma ordenada y con previsibilidad, reduciendo la incerteza a las empresas que, pese a las circunstancias adversas, tienen que seguir operando en la medida de lo posible”, añade la patronal.

Pimec sitúa como prioridad la seguridad de los trabajadores, pero también pide “que se implementen medidas de apoyo para que el coste de estos imprevistos no recaiga exclusivamente sobre las empresas, ya que asumen un esfuerzo adicional para adaptarse a las condiciones cambiantes”. Por su parte, la patronal de las grandes empresas, Foment del Treball, ya situó en los primeros días de la dana de Valencia la necesidad de recuperar mecanismos como los que se implementaron durante la emergencia sanitaria por la covid.

Entre los trabajadores también hay dudas. “Hemos recibido muchísimas consultas, desde el momento en que se planteó que la alarma podía ser roja”, explica Mercè Puig, secretaria general de CC OO en Tarragona, acerca del episodio de lluvias intensas que tuvo en vilo a la provincia a principios de esta semana. Este aluvión de consultas indica que pese a la dana de Valencia y al decreto del Gobierno, persisten las dudas sobre si hay que ir a trabajar o no, y sobre qué le ocurrirá al trabajador si no va.

Puig explica que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sitúa la protección del trabajador por encima de todo, y que esta debe ir a cargo de las empresas. “La gran mayoría de las empresas no obligaron a nadie a ir a trabajar, ni pedirán a los empleados que compensen el día, porque sería ir contra la ley. Pero hay de todo”, admite Puig, quien recuerda que, más allá de esta ley, también existe la previsión en el Estatuto de los Trabajadores de disponer de cuatro días por causa de fuerza mayor. “Y entendemos que estos episodios son causa de fuerza mayor, porque ha habido restricciones de movilidad y cierre de escuelas e institutos”, apunta. En el caso de que una empresa pida compensar el día o retire parte del salario por esta ausencia, Puig advierte que el trabajador tiene que notificarlo al sindicato, “que presentará batalla”.

La sindicalista cree que hacen falta “protocolos más específicos” y definir qué es un trabajador sanitario en un contexto de temporal, que no es el mismo contexto que el de la pandemia. El marco para definir todo ello, en Cataluña, debería ser el Consejo de Relaciones Laborales de la Generalitat. Òscar Riu, de la UGT de Cataluña, también cree que hace falta clarificar la situación. “La orden del departamento de Interior para el último temporal no dejó suficientemente claro el ámbito laboral, y esto lo veremos cada vez más. Los agentes sociales tenemos que sentarnos y acordar unos parámetros, tal como hicimos en la pandemia”, dice Riu, que entiende que el decreto estatal sobre los permisos retribuidos por la dana “también aplica en casos similares fuera de Valencia”.

Catálogo urgente

Desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que en la mesa de diálogo social que aborda la prevención de riesgos laborales, y donde se trabaja en la actualización de la normativa preventiva en el marco de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, celebrada esta semana, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha propuesto el desarrollo “de manera urgente”, de “un catálogo de medidas para proteger la salud laboral frente a fenómenos climáticos como la dana”.

Fuentes ministeriales recalcan que estas medidas “permitirán avanzar en las medidas adoptadas, por ejemplo, ante fenómenos como las olas de calor o los fenómenos meteorológicos extremos”. Y que su objetivo es que “no se vuelvan a repetir las situaciones dramáticas que acabamos de vivir en el ámbito laboral, en el lugar de trabajo o durante los desplazamientos a las empresas en las que prestan servicio”, informa Gorka R. Pérez.

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Sobre la firma

Josep Catà Figuls
Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.
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