La Generalitat se da dos años para ordenar los planes de emergencias de toda Cataluña

Tras superar la dana sin apenas daños personales y materiales, Cataluña busca prepararse para afrontar unos fenómenos meteorológicos que se esperan cada vez más extremos y frecuentes a causa del cambio climático. La Generalitat quiere actualizar los planes de emergencia de los municipios catalanes y ha impuesto un plazo de dos años para que los ayuntamientos pongan al día sus planes de protección civil. La intención del Ejecutivo catalán es construir en los próximos meses un mapa para detectar los territorios con un mayor riesgo para la seguridad ciudadana y contempla la posibilidad de reubicar aquellas actividades que se encuentren en zonas peligrosas.

La normativa establece que los municipios tienen la obligación de elaborar un documento de protección civil municipal (Duprocim) adaptado a los riesgos del territorio. Según los datos públicos de Protección Civil, unos 600 municipios de los cerca de 950 de toda Cataluña no están al día en sus planes de emergencia y deben actualizarlos o directamente configurarlos. “Cataluña se debe preparar más y mejor para reducir al máximo las vulnerabilidades y los riesgos”, remarcó este martes la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, después de la reunión del Ejecutivo.

Algunos municipios están pendientes de la aprobación de Protección Civil. Es el caso de Vilassar de Mar (Maresme), ubicado en una zona con tendencia a las inundaciones cuando llueve mucho. “Enviamos el Duprocim el 23 de octubre. Cuando Protección Civil nos lo retorne, se aprobará definitivamente en el pleno”, explican fuentes del Consistorio.

En Tivissa (Ribera d’Ebre), identificado como de riesgo de inundación alto, ocurre algo similar. El Ayuntamiento señala que el plan está pendiente del trámite de aprobación y apunta que la calificación del riesgo responde a la especial configuración del término municipal, de los de mayor extensión de la provincia de Tarragona, y que linda con el cauce del río Ebro en algunas zonas. “Los núcleos habitados y las edificaciones quedan por encima del nivel del río”, puntualizan desde alcaldía. El Ayuntamiento tiene un presupuesto que ronda los cuatro millones de euros y para actualizar el Duprocim se ha acogido a una subvención del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que ha permitido contratar, durante un año, a un geógrafo encargado de actualizar el plan.

Lo habitual es que los ayuntamientos confíen en una empresa especializada para redactar los planes de emergencia, que cuestan mayoritariamente entre 3.000 y 15.000 euros, según los tipos de riesgos y la amplitud del análisis. “Lo importante es contar con el documento y, además, hacer formaciones a los técnicos para que sepan cómo implementarlo cuando sea necesario”, plantea Pol Chumillas, director técnico de EcoStudio, empresa con experiencia con varios municipios. “Elaborar el documento y no realizar simulacros o conocer su contenido no tiene sentido”, insiste.

Para garantizar que los ayuntamientos hagan los deberes, el Consell Executiu aprobó este martes un paquete de 20 millones para ayudar a las administraciones locales, especialmente aquellas más pequeñas. La Generalitat considera que el plazo de dos años es suficiente para que todos los municipios hagan sus deberes. Según Chumillas, en unos tres o cuatro meses se puede tener el trabajo realizado, aunque el técnico admite que la demanda ha aumentado recientemente y que los tiempos de entrega necesitan a veces alargarse.

Cada municipio necesita un plan de emergencias adaptado. No tendrá el mismo plan de acción un municipio de montaña, vinculado a emergencias por nevadas, aludes, temporales o incendios; que uno urbano, más próximo a los riesgos químicos o radiológicos. Aunque lo habitual es que un mismo municipio tenga que responder a varios riesgos a la vez. En Barcelona, por ejemplo, se requieren planes para una decena de tipologías diferentes: transporte de mercancías peligrosas, incendios forestales, accidentes aeronáuticos, seísmos, riesgos radiológicos y químicos, contaminación marina, inundaciones, nevadas, transportes por ferrocarril y pandemias.

Con los riesgos de cada territorio detectados a partir del primer semestre de 2025, según los planes del Govern, la intención es intervenir para minimizarlos. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ya anticipó el lunes que la revisión de las actividades en zonas de riesgo supondría tomar decisiones que no serían “de buen grado”, y Paneque aseguró un día después que en caso de no garantizar la seguridad ciudadana, “sólo en los casos donde ni la autoprotección ni las medidas para disminuir riesgos puedan tener efectos, será cuando tendremos que pensar en medidas de ámbito urbanístico de traslado, eliminación o reducción de la actividad”.