Los taxis adaptados colapsan ante la gran cantidad de usuarios

“Cuándo nos ofrecieron el servicio pensé que nos había tocado la lotería” empieza explicando Núria. Su madre, de 91 años y un grado de dependencia severa, recibió la tarjeta blanca hace 14 meses y solo ha conseguido hacer una vez el trayecto pagando 2,55 euros, el precio de un billete sencillo de autobús. Ese día les dijeron que no había disponibilidad para llevarla al hospital del Mar, pero cuando ya estaban allí le ofrecieron devolverla a casa.

Para solicitar un taxi del servicio puerta a puerta para su madre, Núria debe plantarse delante del ordenador 48 horas antes del trayecto, sin contar fines de semana. La usuaria protesta contra el horario tan estricto que debe seguir para rellenar un formulario online: “Si quiero un taxi el lunes mi único momento para pedirlo es jueves a las ocho de la mañana, cuando abren el servicio, y es bastante engorroso. Si tuviera que hacerlo una persona mayor sería dificilísimo”. Tras rellenar la solicitud con los puntos de partida y el destino, le llega un correo diciendo que no hay taxis. Otra opción es hacer la petición por llamada, pero para Núria solo ha supuesto largas colas de espera en el teléfono sin éxito. “Nos toman el pelo” lamenta la usuaria, y asegura que cuando se quejó a TMB su respuesta fue que es un servicio que funciona cuando tienen taxis disponibles.

El Servicio de Transporte Especial va dirigido a las personas que cumplen los requisitos para tener la tarjeta blanca, es decir, las personas empadronadas en la ciudad de Barcelona, con discapacidad y que superan el baremo de movilidad reducida. La normativa se aprobó en 2009, cuando había 24.600 personas que cumplían con los requisitos para ser consideradas usuarias potenciales del servicio, cifra que ha aumentado un 87% hasta llegar a 46.000 titulares de la tarjeta en 2023. No obstante, el número de personas que han llegado a acceder al servicio es una cifra mucha más reducida en ambos años, 3.115 personas en 2009 y 5.147 el año pasado.

El envejecimiento de la población es la causa del aumento de personas con discapacidad, según un informe del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) sobre el Servicio de Transporte Especial. El reto de la prestación reside en diseñar “un proceso de asignación que garantice la equidad” donde la oferta es “claramente insuficiente”, señala el informe del IMPD, y propone cuatro soluciones. La primera consiste en limitar el número de viajes por persona, después de observar que el 40% de los servicios esporádicos lo concentran un 3,5% de los usuarios. La segunda se basa en asignar las plazas de los centros de servicios sociales para personas con discapacidad según la proximidad del domicilio para acortar los viajes, como ya se hace en los centros de salud o en el sistema escolar. La tercera solución pasa por ampliar la disponibilidad de los vehículos. Finalmente, proponen analizar cuántos de los usuarios que piden los taxis para recibir atención sanitaria podrían recurrir al Transporte Sanitario No Urgente, las ambulancias que ofrecen los hospitales para visitas médicas.

Anna es una de las usuarias que ha recurrido al Transporte Sanitario No Urgente para su padre, de 83 años y con un grado de dependencia moderada. Su médico les autoriza una ambulancia para llevarlos al hospital, pero Anna advierte que a la vuelta siempre tienen mucha demanda y se han llegado a esperar hasta 4 horas para poder volver a casa. El padre de Anna todavía no tiene la tarjeta blanca, que solicitó el 22 de agosto, así que para evitar las largas horas de espera, recurren a la empresa de servicios adaptados Taxi Amic. La compañía les permite reservar hora de ida y vuelta con una antelación de 24 horas y solo requiere un mensaje de WhatsApp, sin formularios ni colas en el teléfono, pero el precio también cambia: cualquier trayecto dentro de la ciudad les cuestan 19 euros la ida y 19 la vuelta, 21 si es fin de semana o por la noche. “En Taxi Amic nos han dicho que hay mucha demanda para el servicio con tarjeta blanca y que solicitarlo es un lío. En cambio, cuando llamo y digo que pagaré no tengo ningún problema” concluye la clienta.

Por ley, el 5% de los taxis en Barcelona deberían ser adaptados, pero actualmente la oferta se sitúa en el 3,6% de la flota. Jaime es el conductor de uno de estos 374 vehículos para movilidad reducida que circulan por toda el Área Metropolitana de Barcelona, incluyendo Badalona, Esplugues, Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet y Sant Adrià del Besós. “La ciudad no está pensada para las personas con movilidad reducida”, critica el taxista mientras baja a un hombre en silla de ruedas de su vehículo y lo acompaña a un centro de día. A Jaime le preocupa lo difícil que es para sus clientes conseguir un taxi subvencionado, y añade que los respaldos les dañan la espalda al ir en silla de ruedas dentro del coche, que deben realizar trayectos muy largos y que las calles de Barcelona son muy caóticas para poder descargar los usuarios de forma segura.

A pesar de que la flota barcelonesa se encuentra por debajo del umbral mínimo, se ha multiplicado casi por 4 desde 2018, cuando solo había 97 licencias para movilidad reducida. Ese año el Instituto Metropolitano del Taxi modificó el reglamento para incentivar la compra de vehículos adaptados, permitiendo una mayor antigüedad de los vehículos para movilidad reducida, ampliando el número de licencias que pueden estar en manos de un titular o autorizando que las licencias de taxis adaptados puedan trabajar todos los días de la semana.