La reforma de la administración del Govern: eliminará la cita previa obligatoria y sacará a concurso puestos de dirección pública

El Govern quiere llevar a cabo una gran transformación en la administración pública para agilizar los trámites, garantizar el acceso a los servicios públicos y hacerla más permeable a profesionales externos. “Liberar a la ciudadanía del corsé normativo y profesionalizar la administración”, ha resumido el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, quien ha presentado este lunes el plan, una estrategia que será aprobada mañana en el Consell Executiu y que consta de una hoja de ruta a largo plazo y un plan de choque inmediato. Entre las medidas más destacadas está la tramitación de una ley para garantizar la atención presencial, sin necesidad de cita previa obligatoria, en todos los servicios públicos de la Generalitat, Ayuntamientos y Diputaciones —quedan fuera los servicios estatales, sobre los que el Govern no puede decidir—. Además, el plan prevé crear 2.000 plazas remuneradas para estudiantes en prácticas, con el objetivo de “generar vocaciones de servicio público”. El Govern de Salvador Illa también tiene la ambición de profesionalizar la gestión e incorporar a la administración perfiles externos, desde el tercer sector al ámbito empresarial. Para ello prevé establecer criterios mínimos para nombrar directores públicos y hasta sacar a concurso algunos puestos.

El plan del Govern tiene dos velocidades, una estratégica y otra “casi de emergencia”, ha dicho Dalmau. “Cataluña tiene un muy buen servicio público, con más de 258.000 trabajadores, 368.000 si se amplía a todas las entidades públicas. Pero tenemos que superar estructuras obsoletas y procesos de los años noventa, y sentar las bases de una administración de calidad, moderna y ágil para proteger y preservar los servicios públicos”, ha expresado, apuntando que es “un proceso gradual”. Por un lado, establecerá una comisión de expertos liderada por el catedrático Carles Ramió que elaborará propuestas en 12 ámbitos, desde la digitalización a la simplificación normativa y la trazabilidad de los trámites, y presentará un informe dentro de 10 meses que luego los departamentos aterrizarán en cada uno de sus ámbitos. Por otro, el Govern aplicará en los próximos meses 17 medidas urgentes.

Una medida destacada es la eliminación de la cita previa obligatoria. Se trata de una propuesta que ya abordó el anterior Govern, pero que el actual Ejecutivo de Salvador Illa quiere formalizar dándole rango de ley, y extendiéndolo a todos los servicios de la Generalitat, Ayuntamientos y Diputaciones. El Gobierno estatal también ha iniciado este cambio. “La pandemia puso la cita previa en el mapa, pero tenemos que acabar con su obligatoriedad, que ha generado desafección entre la ciudadanía”, ha dicho el titular de Presidencia. Dalmau ha reconocido que en los servicios estatales no podrán entrar —por ejemplo, en el Servicio Público de Empleo Estatal, donde la cita previa está muy extendida— pero sí en los demás, y ha apuntado que el final de la cita previa obligatoria será efectivo en los próximos nueve meses.

Sin embargo, no prevé, en general, incrementar las plantillas de los servicios para hacer frente a la demanda sin cita previa. “Si era posible antes de la pandemia tiene que serlo ahora con el mismo número de gente. Pero no cerramos la puerta [a ampliar plantillas] en los servicios que estén más tensionados”, ha dicho Dalmau, quien ha insistido en que la cita previa no se eliminará, sino que dejará de ser obligatoria. Esto se notará, ha explicado sin concretar, en ámbitos como en los Mossos d’Esquadra y en algunos consorcios públicos o entidades. Preguntado sobre si esto afectará al sistema de teletrabajo en la administración, que se acordó en 2020, Dalmau ha expresado que “no está sobre la mesa revisarlo”, y que si se aborda, será con los representantes de los trabajadores. “Pero hay que mirar y comparar con cómo se hace en otros lados”, ha apuntado.

El plan de choque también incluye medidas para mejorar las comunicaciones de la administración, simplificando las páginas web, las aplicaciones de móvil o los trámites. “Se hará una auditoría para analizar todos los trámites. La ciudadanía tiene que poder entenderlo todo, y si no lo entiende no es culpa suya sino de la administración, que a veces usa un lenguaje ilegible y poco comprensible”, ha dicho el conseller. Dalmau también se ha referido al reto demográfico de la administración: actualmente 77.000 trabajadores de la Generalitat (el 39%) tiene más de 50 años, y de aquí a 2030 unos 27.000 se jubilarán. Dalmau ha expresado que hay que “generar nuevas vocaciones e invitar a los mejores estudiantes a que se impliquen en nuestra sociedad”. En este sentido, destinará 40 millones de euros —es la única cifra de inversión que ha compartido de todo el plan, ya que todavía está por elaborarse— a crear 2.000 plazas de prácticas remuneradas para estudiantes. Pero no ha concretado en qué departamentos o entidades públicas se abrirán estas plazas. También se ha comprometido a abordar los temarios de las oposiciones, para hacerlos menos memorísticos, y el plan prevé una serie de ayudas a los opositores.

Dalmau ha explicado que uno de los encargos que recibió de Illa era simplificar y agilizar la administración, y “definir la gestión de los recursos humanos”. “Es el momento de pasar del diagnóstico a la acción”, ha dicho. Por ello, se revisarán reglamentos “obsoletos, algunos de ellos de los años 90″, y se priorizará la digitalización de todos los trámites y la transparencia y la trazabilidad de los mismos. “Es muy transformador para la economía poderle decir a un empresario cuánto tardará la administración en hacer un trámite, y cumplirlo”, ha recalcado.

Incorporación de perfiles profesionales

El encargo de Illa también pasa por “profesionalizar” la administración. Dalmau ha explicado que algunas de las medidas del plan de choque tendrán que ver con incorporar a miembros independientes en los órganos colegiados de las entidades públicas, y a la vez suprimir y reducir los órganos que estén obsoletos o integrarlos en otros.

Pero el plato fuerte en este ámbito es empezar a debatir cómo y por qué se eligen a los altos cargos en la administración. El plan del Govern prevé “desarrollar la normativa para impulsar la dirección pública profesional”. Es decir, establecer los criterios mínimos —requisitos de formación, experiencia y aptitudes— para elegir a un director general de un departamento o de una entidad pública, como podría ser el Puerto de Barcelona o la Dirección General de Minas, por poner dos ejemplos. “Esto no está regulado, y es una demanda de la ciudadanía. Hay que enviar un mensaje de profesionalización, establecer cómo se seleccionan las personas y que en algunos casos se pueda hacer por concurso”, ha apuntado. En este sentido, el Govern plantea que algunos puestos se saquen a concurso, sin detallar cuáles, y sin que ello impida que, si entra un nuevo Ejecutivo, pueda cesar a estos profesionales.

“Así conseguiremos que cuando cambien los gobiernos pueda haber gente que siga trabajando. Esto no va en contra de todos los que sirven y han servido públicamente. Pero hay que conformar los equipos técnicos con los mejores. Nadie duda de que para ser médico se piden una serie de atributos. Tenemos que poner un listón de excelencia”, ha dicho. Estos concursos abrirían la puerta a incorporar en la administración a profesionales más allá del partido gobernante o de la designación a dedo, y nutrirse de personas que vienen del tercer sector o del mundo de la empresa. “En ninguna empresa cuando cambia el consejero delegado se van de golpe 500 personas”, ha dicho Dalmau. “De todas maneras el Govern siempre podrá cesar y cambiar, pero tendrá que buscar a la nueva persona de acuerdo con una serie de criterios”. Estos procedimientos, además de establecer unos mínimos, también permitirán que salgan a la luz candidaturas que no se habrían tenido en cuenta.