Illa pide alejar a los Mossos de la “confrontación política” tras el fiasco en la detención de Puigdemont

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado este miércoles su apoyo incondicional a los Mossos d’Esquadra tras el fiasco por la detención fallida del expresident Carles Puigdemont y se ha comprometido a alejar a la policía autonómica de “la confrontación política”. En su primer acto en el cargo, Illa ha visitado Egara, el complejo central de los Mossos en Sabadell (Barcelona), donde ha confirmado el anuncio de que la plantilla (actualmente formada por más de 18.000 agentes) se ampliará hasta los 22.000 para 2030.

En un mensaje institucional de apenas tres minutos en el que no ha habido la posibilidad de formular preguntas, Illa ha presentado a los Mossos como síntesis de las prioridades de su recién estrenado Govern: la mejora de los servicios públicos y, en especial, de la seguridad ciudadana. “Para nosotros, la seguridad es una política progresista y hay que garantizarla en todos los rincones del territorio”, ha dicho el president, que ha escogido para su estreno unas dependencias policiales; en contraste, su antecesor Pere Aragonès acudió en la primera visita a un hospital para anunciar un programa sobre salud mental.

La visita a Egara no solo se explica por el hecho de que la seguridad sea una de las obsesiones del nuevo Govern, sino también por la situación crítica en que han quedado los Mossos desde el pasado 8 de agosto. Después de siete años huido, Carles Puigdemont regresó a Cataluña consciente de que sobre él pesaba una orden de detención nacional emitida por el juez Pablo Llarena, que lo mantiene procesado por malversación en el procés. La policía catalana diseñó un operativo con más de 600 agentes en torno al Parlament para garantizar la sesión de investidura —que se celebró sin incidentes y convirtió a Illa en president— y, al mismo tiempo, la detención de Puigdemont. Esta no fue posible porque, tras hablar ante miles de personas en un escenario en el Arc de Triomf, en pleno centro de Barcelona, el líder de Junts se dio a la fuga en un coche con el asesoramiento previo, supuestamente, de tres agentes de la policía catalana.

La fallida detención de Puigdemont dejó en una situación de descrédito total al cuerpo. No ayudaron a levantarlo de la lona las palabras del jefe de Mossos, Eduard Sallent, y del consejero saliente, Joan Ignasi Elena (ERC), que culparon a Puigdemont de no haber cumplido su promesa de acudir al Parlament para la investidura. Illa ha evitado cualquier comentario sobre el operativo o sobre la reacción política posterior, y ha tratado de insuflar moral al cuerpo deshaciéndose en elogios. “Ser mosso es una manera de vivir, detrás de un escudo hay personas ayudando a personas. Los catalanes nos sentimos orgullosos de nuestra policía”.

Illa ha hecho explícito el apoyo del Govern al cuerpo. “Tenemos una buena policía, pero quiero ser claro: siempre se pueden hacer las cosas mejor”, ha dicho sin aludir explícitamente al fiasco para detener a Puigdemont. El president considera que el ruido político que ha acompañado en la última década a los Mossos, incapaces de sustraerse a los vaivenes del procés, no les ha ayudado. Y se ha comprometido a “garantizar las condiciones” para que los agentes lleven a cabo sus funciones con independencia. “Es necesario que puedan desarrollar su tarea alejados de la confrontación política”, ha dicho. Illa ha pedido “generar confianza recíproca” entre el Govern y los Mossos.

Lo que el president no ha aclarado es quién estará al frente de la nueva etapa más allá de la consejera de Interior, Núria Parlon. En campaña electoral, Illa anunció que designaría al major Josep Lluís Trapero como director general de la policía. Trapero ya ha sido en dos ocasiones jefe (policial, no político como previsiblemente lo será en esta ocasión) del cuerpo: fue destituido tras el referéndum del 1-O en aplicación del artículo 155 de la Constitución y, apenas un año después de su restitución, defenestrado de nuevo, esta vez a manos de Esquerra Republicana. El Govern no ha anunciado todavía su nombramiento ni tampoco cómo quedará la estructura de un cuerpo cuya confianza está tocada, tras años sumido en la inestabilidad por los constantes cambios en la jefatura.

Silencio sobre los informes al juez

A su llegada a Egara, en torno a las once de la mañana, Illa ha saludado a la actual cúpula del cuerpo y ha departido, entre otros, con su máximo responsable, Eduard Sallent, que en caso de que Trapero llegue a director general tiene sus días contados por las notables diferencias entre ambos. Sallent tiene la papeleta, además, de contestar al juez Llarena, que ha pedido tanto al Ministerio del Interior como al Departamento de Interior explicaciones sobre quiénes fueron los responsables del operativo que fracasó a la hora de detener a Puigdemont. El Gobierno ya ha respondido y ha afirmado, en su informe, que ofreció ayuda a los Mossos, pero que estos la rechazaron. Este miércoles, en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha insistido en echar balones fuera y en culpar al Govern. “Puigdemont apareció en Barcelona y estuvo rodeado de mossos y no se procedió a su detención (...) El Gobierno no tiene ninguna responsabilidad en esa fuga, es responsabilidad directa de la Generalitat de Cataluña”.

En una intervención estrictamente institucional, Illa ha eludido valorar esas cuestiones y ha ratificado, como había hecho en su discurso de investidura, que la plantilla se ampliará hasta los 22.000 agentes para 2030. Tras la “visita privada” con la jefatura, Illa también se ha reunido con los sindicatos policiales. El president ha remarcado su importancia en la nueva etapa y los ha invitado a trasladar sus impresiones sobre el rumbo del cuerpo en un encuentro breve, de apenas unos minutos.

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