Amnistiados los primeros cuatro ‘mossos’ acusados de agredir a manifestantes

La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a cuatro Mossos d’Esquadra que esperaban el juicio por agredir a dos manifestantes en octubre de 2019, en las protestas contra la sentencia del procés, con lo que se convierten en los primeros agentes de la policía catalana en beneficiarse de la ley. En el auto, la sección décima de la Audiencia acuerda aplicar la amnistía a los cuatro agentes, que afrontaban una condena de cuatro años y medio de prisión por los delitos de lesiones y contra la integridad moral. También a los dos manifestantes que los denunciaron, quienes estaban a la espera de ser juzgados por delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, entre otros.

Los cuatro mossos se unen a los 46 agentes de la Policía Nacional, que fueron amnistiados este martes por las cargas desproporcionadas durante la celebración del referéndum independentista del 1-O en 2017. El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona concedió la medida de gracia a los agentes en aplicación de la ley de amnistía tras considerar que su actuación fue “de escasa duración” y que se enmarcó en “un objetivo policial definido”: evitar que se celebrara la votación. Los supuestos abusos, insiste el auto, no se prolongaron “más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida” de los colegios donde se producían las votaciones. Ningún hecho “superó el umbral de gravedad” que marca la ley para dejarlo fuera de la amnistía, según el juez. Los antidisturbios del CNP estaban acusados de delitos de lesiones y contra la integridad moral; este último, excluido de la amnistía, pero solo en supuestos muy concretos y de extrema gravedad.

La Fiscalía de Cataluña también ha aplicado la medida de gracia a Miquel Buch, exconsejero de Interior de la Generalitat de Cataluña y condenado a cuatro años y medio de prisión por contratar a un mosso para que ejerciera de escolta en Bélgica al expresident Carles Puigdemont. La Fiscalía General del Estado ha pedido explicaciones a la Fiscalía de Cataluña por anunciarlo, en contra del criterio de la cúpula del ministerio público y de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de aplicar la medida de gracia al político independentista.

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